Política pública, datos y privacidad

James Clapper, Director de Inteligencia Nacional de EEUU, informó recientemente al Congreso que el Internet de las Cosas es una de las principales amenazas a la ciberseguridad.

Dijo que los sistemas que controlan los aparatos que se conectan entre sí para que los usemos creativamente (monitores de bebés que encienden alarmas ante ruidos inusuales o termostatos que se activan cuando salimos de la oficina previendo nuestro regreso) son tan vulnerables que los servicios de inteligencia pueden controlarlos fácilmente para vigilarnos. Paralelamente, la FTC (equivalente a nuestra SIC) pidió proteger la privacidad y solicitó a los fabricantes que en ese marco implementen mejores prácticas de seguridad y minimicen la recolección y retención de datos personales. En Colombia, mientras elogiamos vehementemente el uso de cámaras de seguridad, cientos de ellas transmiten libremente la intimidad de hogares y oficinas sin que sus dueños se percaten.

Esta semana, MinTIC informa que “Nace el primer Centro de Excelencia y Apropiación (CEA) en Internet de las Cosas” justo después de que el Departamento Nacional de Planeación dijera “Big Data: Colombia entra en la revolución de los datos” anunciando una estrategia país para grandes volúmenes de datos.

Esencialmente, ambas iniciativas recogerán, almacenarán y gestionarán grandes cantidades de datos personales. Ambos mencionan la salud como un objetivo, y es que ¿a quién se le ocurre oponerse a adelantarse a las enfermedades para contenerlas -usando los datos de las EPS-, o a acelerar la investigación del corazón -pues los marcapasos recogen datos de miles de enfermos-?. Pero, cuidado: si no se hace bien, puede servir para que empleadores o bancos decidan “eficientemente” contratar o dar créditos solo a los previsiblemente sanos. O ya no será necesaria una misión suicida para acorralar a X “terrorista”, bastará con controlar su marcapasos, y nadie tendría que enterarse.

¿Cómo se abordan estos riesgos por el gobierno? Como en su momento sucedió con carpeta ciudadana, la preocupación está ausente en la información pública, si bien aparece en alguna nota periodística seguramente se lee como alarmista. El gobierno debe plantear responsablemente sus políticas. No basta con proteger seguridad digital, ni con cumplir la ley de protección de datos. Deben pensar al menos en “privacidad por diseño” y reconocer que los juguetes nuevos también son riesgosos.