Mientras se mantenga la convicción de que las prácticas políticas pueden ser ocultas y exclusivas de unos pocos ignorándolo todo, incluso el impacto actual de redes sociales, los gobernantes se dedicarán a apagar incendios a costa de nuestros impuestos.
En 2010 el descontento de los árabes con sus gobernantes desbordó las redes sociales. Lo que se conoció como “Primavera Árabe” fue el detonante de un megáfono ciudadano que saltaría a Europa (#M15, #AcampadaSol, etc.), a Estados Unidos (#indignados, #OccupyWallstreet, etc.) y que desde hace meses crece acá sin que el Estado actúe sobre este tema.
Durante las elecciones “la ola verde” alcanzó a asustar al actual presidente obligándolo a replantear su campaña electoral. En la discusión de la #LeyLleras en 2011 el ministro Vargas se preguntaba por qué un tema sin calado social evidente hacía tanta bulla poniéndolo en aprietos. Eran pinitos del uso ciudadano de las redes sociales que tendría también su parte con la #Ley30 y que hoy pone a dar explicaciones a los tres poderes sobre la reforma judicial.
En Twitter la etiqueta #SeMueveLaContrareforma genera en promedio 650 trinos diarios, que suman más de 1 millón de vistas (lecturas de los mensajes) alcanzando unos 533.000 seguidores. Desde que apareció el viernes pasado pueden rastrearse unos 1.500 mensajes, con un promedio de impacto de 15.000 usuarios cada 50 trinos. Los números para #SeMueveElReferendo son inferiores, pero en crecimiento. Piensen que sólo Twitter y Facebook alcanzan al 38% de la población colombiana en general y al 78% de los conectados, números también en crecimiento.
Las redes sociales están usándose como termómetro de medición de la opinión pública. Superados ciertos niveles, el tema que hace ‘bulla’ pasa a los medios tradicionales convirtiéndose en noticia, lo que, a su vez, incrementa su impacto en redes y así sucesivamente. Pero este efecto inmediato, indudablemente influyente, puede estar ocultando otros más permanentes: la capacidad para hacer veeduría y el potencial para una comunicación directa con los gobernados, por ejemplo.
Sería deseable que el Estado empezara a pensar en cómo comunicarse con la sociedad. El Congreso, especialmente, debe encontrar espacios participativos para legislar, por ejemplo, en sintonía con sus electores.
Mientras se mantenga la convicción de que las prácticas políticas pueden ser ocultas y exclusivas de unos pocos ignorándolo todo, incluso el impacto actual de redes sociales, los gobernantes se dedicarán a apagar incendios a costa de nuestros impuestos.
En 2010 el descontento de los árabes con sus gobernantes desbordó las redes sociales. Lo que se conoció como “Primavera Árabe” fue el detonante de un megáfono ciudadano que saltaría a Europa (#M15, #AcampadaSol, etc.), a Estados Unidos (#indignados, #OccupyWallstreet, etc.) y que desde hace meses crece acá sin que el Estado actúe sobre este tema.
Durante las elecciones “la ola verde” alcanzó a asustar al actual presidente obligándolo a replantear su campaña electoral. En la discusión de la #LeyLleras en 2011 el ministro Vargas se preguntaba por qué un tema sin calado social evidente hacía tanta bulla poniéndolo en aprietos. Eran pinitos del uso ciudadano de las redes sociales que tendría también su parte con la #Ley30 y que hoy pone a dar explicaciones a los tres poderes sobre la reforma judicial.
En Twitter la etiqueta #SeMueveLaContrareforma genera en promedio 650 trinos diarios, que suman más de 1 millón de vistas (lecturas de los mensajes) alcanzando unos 533.000 seguidores. Desde que apareció el viernes pasado pueden rastrearse unos 1.500 mensajes, con un promedio de impacto de 15.000 usuarios cada 50 trinos. Los números para #SeMueveElReferendo son inferiores, pero en crecimiento. Piensen que sólo Twitter y Facebook alcanzan al 38% de la población colombiana en general y al 78% de los conectados, números también en crecimiento.
Las redes sociales están usándose como termómetro de medición de la opinión pública. Superados ciertos niveles, el tema que hace ‘bulla’ pasa a los medios tradicionales convirtiéndose en noticia, lo que, a su vez, incrementa su impacto en redes y así sucesivamente. Pero este efecto inmediato, indudablemente influyente, puede estar ocultando otros más permanentes: la capacidad para hacer veeduría y el potencial para una comunicación directa con los gobernados, por ejemplo.
Sería deseable que el Estado empezara a pensar en cómo comunicarse con la sociedad. El Congreso, especialmente, debe encontrar espacios participativos para legislar, por ejemplo, en sintonía con sus electores.