Colombia ha avanzado en la protección de la privacidad en Internet.
La ley de protección de datos y su reglamentación del 2013 llevan a la práctica el derecho constitucional a la intimidad de todo colombiano. Sin embargo, considerando el panorama, es imposible no reclamar por más.
En el mundo 2013 fue el año en que todo cambió en términos de vigilancia y privacidad. Snowden demostró que la vigilancia masiva de ciudadanos no solo es posible sino que es una realidad (1). La evidencia llevó a que la comunidad mundial representada en la ONU aprobara en diciembre una resolución (2) que recoge principios de derecho internacional en la protección de derechos humanos. En concreto, se afirma que la privacidad es exigible más allá de las fronteras estatales. El eje de la resolución aparecía ya en una declaración de la sociedad civil sobre principios de derechos humanos y vigilancia que se conoce como “Necesarios y Proporcionales” (3).
En Colombia, la discusión ha estado centrada en el ámbito del uso corporativo de nuestros datos (4), especialmente por la reglamentación local que obligó a las instituciones a informarnos que tienen nuestros datos, para qué los usan y cómo. Pero todavía está muy cruda la discusión sobre la forma como el Estado colombiano maneja nuestros datos en el ejercicio de sus funciones de vigilancia para garantizar la seguridad nacional. A pesar de que en 2013 se habló de Puma, la información que tenemos está lejos de ser suficiente o tranquilizante (5).
Sin ser pitonisa, les aseguro que en 2014 este tema cobrará importancia. Como sociedad civil debemos asegurarnos que las labores de vigilancia del Estado sean garantes de la privacidad, debemos exigir que no respondan a esquemas de vigilancia masiva de comunicaciones electrónicas y pedir que las actividades de vigilancia sean “necesarias y proporcionales”.
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Colombia ha avanzado en la protección de la privacidad en Internet.
La ley de protección de datos y su reglamentación del 2013 llevan a la práctica el derecho constitucional a la intimidad de todo colombiano. Sin embargo, considerando el panorama, es imposible no reclamar por más.
En el mundo 2013 fue el año en que todo cambió en términos de vigilancia y privacidad. Snowden demostró que la vigilancia masiva de ciudadanos no solo es posible sino que es una realidad (1). La evidencia llevó a que la comunidad mundial representada en la ONU aprobara en diciembre una resolución (2) que recoge principios de derecho internacional en la protección de derechos humanos. En concreto, se afirma que la privacidad es exigible más allá de las fronteras estatales. El eje de la resolución aparecía ya en una declaración de la sociedad civil sobre principios de derechos humanos y vigilancia que se conoce como “Necesarios y Proporcionales” (3).
En Colombia, la discusión ha estado centrada en el ámbito del uso corporativo de nuestros datos (4), especialmente por la reglamentación local que obligó a las instituciones a informarnos que tienen nuestros datos, para qué los usan y cómo. Pero todavía está muy cruda la discusión sobre la forma como el Estado colombiano maneja nuestros datos en el ejercicio de sus funciones de vigilancia para garantizar la seguridad nacional. A pesar de que en 2013 se habló de Puma, la información que tenemos está lejos de ser suficiente o tranquilizante (5).
Sin ser pitonisa, les aseguro que en 2014 este tema cobrará importancia. Como sociedad civil debemos asegurarnos que las labores de vigilancia del Estado sean garantes de la privacidad, debemos exigir que no respondan a esquemas de vigilancia masiva de comunicaciones electrónicas y pedir que las actividades de vigilancia sean “necesarias y proporcionales”.
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