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La vigilancia de los exámenes en entornos virtuales es una práctica muy intrusiva que se extendió por la necesidad pandémica de llevar al mundo virtual restricciones impuestas en el mundo físico. No es una gran innovación pedagógica, puede ser una verdadera pesadilla -a un grado que las generaciones prepandémicas nunca experimentamos- y, sin duda, es un gran negocio. ¿Qué opinan los y las jueces de Colombia?
Proctoring es la palabra en inglés que habla de observar a las personas cuando realizan un examen con el fin de comprobar que no hagan trampa. Esa palabra da nombre al software que vigila a los y las estudiantes en escuelas y universidades. Pasados solo unos meses de la explosión de su uso, en 2021 ya se hablaba de sus consecuencias.
Por ejemplo, el diario El País lo presenta como un ejemplo de solucionismo tecnológico en el que la inteligencia artificial entra al aula y se presentan violaciones de derechos humanos debido al uso del reconocimiento facial para comprobar la identidad de la persona y por otras técnicas automatizadas que se implementan sin conocer sus efectos. El MIT, por su parte, recogió relatos perturbadores de problemas que tuvieron los y las estudiantes obligadas a usar el software, cuando quizá más nervios y angustia experimentan. Otras organizaciones mencionan que el grado de invasión convierte al proctoring en una herramienta de vigilancia estudiantil, incluso de vigilancia masiva. Todo esto además en ausencia de un marco regulatorio que garantice la necesidad y proporcionalidad del mecanismo, y sin enfrentar los riesgos para la privacidad.
En el mismo 2021, se midió el mercado global de proctoring valorándolo en 470 millones de dólares, y para 2027 se esperan casi 1.200 millones. Vamos por la mitad del plazo y las proyecciones se cumplirán con creces: el software se usa masivamente sin cuestionarlo. En eso pensaba al leer los comentarios en X durante el fin de semana pasado realizados por los y las aspirantes a jueces y magistradas y por quienes quieren ascender en el escalafón judicial. Publicaron los mensajes mientras presentaban la primera parte del examen del IX curso de formación judicial que servirá para ese propósito; es un proceso al que le faltan todavía varios meses y cuya segunda parte del examen general será el 2 de junio.
En su Plan de formación 2023-2024, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla -La Escuela- explica que, por la pandemia de Covid 19, su oferta se volcó al uso intensivo de entornos virtuales y plataformas digitales que les hizo “alcanzar enormes ventajas, como una mayor cobertura poblacional, incluso para aquellos discentes ubicados en los lugares más apartados del país; mayor profundidad en los temas abordados, mayor permanencia y la posibilidad de que los discentes autogestionen su formación de acuerdo con el tiempo disponible” (“discentes” son quienes toman los cursos). El IX curso esta vez fue digitalizado, incluyendo las pruebas.
Este concurso ha tenido muchas dificultades: la prueba de conocimientos y aptitudes de agosto del 2022 se suspendió; se presentaron problemas con los resultados de la evaluación que debieron ser corregidos; los contenidos y metodología del concurso se han criticado mucho. Además, debido a la digitalización, se hicieron simulacros de la evaluación en abril y mayo; en ambos se identificaron problemas, y en el de abril hubo además un intento de hackeo a la plataforma del examen -algo que el Consejo Superior de la Judicatura describió como incidente de seguridad digital-.
El Plan habla de la digitalización de los cursos como solución, solo mencionando ventajas, pero no explica si hubo un análisis de impacto en derechos humanos. Tampoco encontré referencias a medidas de mitigación de riesgos de privacidad y seguridad, ni leí sobre cuestionamientos al proctoring. No explican la decisión de la Escuela de obligar a las personas a usar proctoring y forzar la entrega de datos biométricos; tampoco parecen haber analizado garantizar que quienes están en un proceso decisivo para sus vidas puedan elegir entre hacer el examen presencial o virtual. Sí es evidente que están en un ensayo masivo.
Para presentar el examen se debe disponer de un equipo con determinadas características técnicas y un lugar con buena conectividad. No pueden usar software libre, sus equipos deben tener sistema operativo Windows o MacOS -negativo para neutralidad tecnológica-. Klarway es el programa que deben instalar y a través de él autenticar su identidad con reconocimiento facial. Alguien que presentó el examen desde Bogotá me dijo que el software bloquea el computador para que solo pueda estar en la página del examen y que debe mantener prendida la cámara todo el tiempo -no puede retirarse del puesto-. Me dijo que fue un día estresante; en su caso, se demoró ¡11 horas cargando las respuestas! Sufrió cada minuto pensando que no lo lograría.
Los comentarios que describen varias angustias empiezan el 18 de junio. Alguien anticipa que tendrá problemas de conectividad el día siguiente y sufre indagando por opciones. Otras personas se quejan porque el reconocimiento facial no les funciona. Se quejan de la mesa de ayuda, bien sea porque no les responden para darles apoyo, porque no sirve lo que les dicen, incluso porque no les dicen cómo pueden ir al baño. Muchas quejas angustiosas son que el aplicativo se bloquea, que las preguntas o las respuestas -según el momento del examen- no cargan o se demoran mucho en cargar.
Me dijeron que el problema que más afectó a las personas fue con el Klarway porque demoraba el ingreso o las expulsaba. Como el examen es para hacerse en un horario determinado, no importa el motivo, el aplicativo se cierra cuando el tiempo se agota, por tanto “donde quedó, quedó”. La gente se angustia porque necesita 800 de 1.000 puntos para pasar. Quien pierde tiempo con el software está en desventaja, tiene menos tiempo para responder y, además, las preguntas de mayor puntaje son las últimas del cuestionario.
Al terminar, el Consejo Superior de la Judicatura elogió la jornada porque participaron 3.080 personas en la mañana y 3.075 en la tarde, de unas 3200 inscritas; reconoció problemas, pero dijo que serán atendidos individualmente, lo que supone ignorar las críticas estructurales del proctoring. ¿Cuáles fueron los problemas de quienes no participaron? ¿Cuántas personas estuvieron afectadas con el reconocimiento facial? ¿Por qué? ¿Cuántas personas presentaron problemas de conectividad? ¿Cuántas personas presentaron problemas de bloqueo y por cuánto tiempo? ¿Hay alguna característica común en los problemas -lugar desde donde hacen el examen, por ejemplo-? ¿Cuánto demoraron las personas en cargar las respuestas? ¿Por qué? ¿Qué piensan quienes participaron de este proceso? Sin duda se requiere además un análisis de impacto en la salud mental.
Sin un análisis de impacto en derechos humanos, la Rama Judicial obligó a usar una solución tecnológica a un problema que permite opciones menos onerosas. Además, en un país con grandes brechas digitales -de conectividad, de apropiación e incluso de acceso a dispositivos-, siempre deben tener alternativas no virtuales en procesos que definen derechos. Si esto pasa con quienes deberán garantizar nuestros derechos, soy pesimista.