Prohibir no es proteger: repensar la regulación digital para menores

Existe amplia evidencia científica sobre los riesgos que el entorno digital actual plantea para el desarrollo físico, mental y social de niños, niñas y adolescentes. Esta realidad exige respuestas regulatorias. Sin embargo, la tendencia global se está inclinando casi exclusivamente hacia modelos de prohibición, que delegan la efectividad de las medidas en las plataformas y en herramientas tecnológicas. ¿Qué podría salir mal?

La tendencia regulatoria que se viene consolidando se basa en enfoques de prohibición. Australia lidera este camino al obligar a las plataformas de redes sociales a impedir que menores de 16 años creen cuentas, trasladando a las plataformas la responsabilidad legal y financiera mediante mecanismos de aseguramiento de edad. En la Unión Europea, la Digital Services Act (DSA) exige a las grandes plataformas mitigar riesgos para menores, lo que incluye medidas de verificación de edad. Reino Unido y varios estados de Estados Unidos, como Utah, han optado por modelos de restricción parcial centrados en el acceso a contenido explícito, principalmente pornografía, una línea que también se discute en Canadá. Otros países, como España, comienzan a coquetear con esquemas similares al australiano.

Estos modelos tienden a sobresimplificar el problema: los riesgos derivan principalmente del acceso a la tecnología, así trasladan la carga de la solución a las plataformas y confían en mecanismos técnicos que presentan serios desafíos respecto de otros derechos.

El consenso científico señala que los riesgos que enfrentan los menores no provienen solo del acceso a internet, sino de una combinación de factores: los incentivos económicos de las plataformas -basados en diseños persuasivos que maximizan el tiempo de uso-, la vulnerabilidad neurobiológica de una población cuyo autocontrol aún está en desarrollo, y un entorno social que empuja hacia la conexión permanente. Como plantea Jonathan Haidt (autor de La generación ansiosa), el problema no es internet en sí, sino el tránsito de una “niñez basada en el juego” a una “niñez basada en el teléfono”, donde los algoritmos reemplazan interacciones del mundo real.

Pese al consenso, insisto, el debate regulatorio suele reducir el problema a las plataformas y responder mediante prohibiciones y sanciones corporativas, sin intervenir en los incentivos estructurales que generan el daño.

En contraste, Audrey Tang, exministra digital de Taiwán y actual embajadora itinerante, propone un enfoque alternativo centrado precisamente en esos incentivos. Su modelo busca desplazar la lógica del “compromiso adictivo” -sustentada en clics y polarización- hacia dinámicas que promuevan consenso y resiliencia democrática, mediante reglas que introducen límites claros y responsabilidad económica para las plataformas respecto de obligaciones puntuales. Aunque esta propuesta no está orientada específicamente a la protección de menores -sino a la erosión democrática que es otra preocupación del actual entorno digital-, muestra que podría haber otras respuestas regulatorias más sistémicas. (Nota al margen, en su nueva iniciativa, ROOST, Tang sí está trabajando en soluciones para la protección de la niñez, toca leer).

Además, el enfoque prohibicionista centrado en grandes plataformas extranjeras tiene efectos colaterales importantes: eleva barreras de entrada, afecta la competencia, desatiende el rol de otros actores clave como familias, escuelas y el Estado y una vez implementado, ¿quién evita que se use para otros propósitos? Resalto que organismos como la OMS o ICBF hablan de promover mediación parental activa, límites de tiempo y alfabetización digital.

Por otra parte, crece también la tendencia de que el mecanismo para implementar la regulación son los sistemas de verificación de edad. Esta tecnología es fácilmente eludible -haciéndola inocua en determinados contextos-, pero sobre todo plantea riesgos significativos para la privacidad y seguridad digital. Su implementación implica la entrega de documentos de identidad a múltiples servicios o la expansión del reconocimiento facial, normalizando la recopilación de datos altamente sensibles, en contravía de los principios de privacidad por diseño, y aumentando los riesgos de seguridad digital y de suplantación de identidad. Las soluciones basadas en dispositivos o sistemas operativos -la verificación se hace en el dispositivo o software del usuario que reporta a la plataforma- también preocupan: consolidan el poder de unas pocas empresas tecnológicas y erosionan el carácter abierto de internet.

En todo caso, extraño en esas discusiones regulatorias más debate sobre los matices respecto de la implementación del aseguramiento de edad en plataformas digitales. Técnicamente hay varios métodos para hacerlo -verificación documental, estimación biométrica e inferencia por datos-; asegurar edad no equivale necesariamente a verificar identidad completa; y cada enfoque tiene impactos muy distintos. Al final, la elección no es sólo técnica, es esencialmente política: ¿Cuál es el modelo que recogen? ¿Apuestan por soluciones mínimamente invasivas o se convertirán en verdaderas infraestructuras de vigilancia?

Finalmente, estos procesos regulatorios también están atravesados por la geopolítica. Sin importar la discusión doméstica, Estados Unidos prioriza en su política exterior la protección de sus empresas tecnológicas, por tanto es previsible que Trump utilice todos los instrumentos disponibles para frenar regulaciones que afecten esos intereses, ¿será este otro terreno de disputa?