Es una necesidad cada vez más sentida de acuerdo con un grupo de académicos y activistas reunidos esta semana en Nueva Delhi.
Desde el Congreso Global se hace énfasis en la conexión de propiedad intelectual con acceso al conocimiento y acceso a medicinas como algunos de los criterios que deben usarse para construir políticas públicas. Veamos por ejemplo dos casos de India que ilustran esta tensión.
Dos editoriales universitarias británicas, Cambridge y Oxford, demandaron a una fotocopiadora y a la Universidad de Delhi por facilitar fotocopias de sus libros a los estudiantes en 2013. Argumentan la caída de sus ventas donde existe esta práctica. Los estudiantes alegan que la ley india permite la copia para el uso personal para investigación y también cuando lo hacen los profesores en el curso de su actividad de enseñanza. Autores indios y extranjeros, incluyendo algunos de los que aparecían en la lista de las editoriales demandantes, se unieron para rechazarla. Dicen que su principal interés es la difusión del conocimiento y que su ingreso depende del empleador -muchas veces universidades públicas-. Visto de esta forma su producción académica estaría siendo subsidiada con dinero público. La decisión judicial será clave para la interpretación de excepciones y limitaciones.
La semana pasada la industria farmacéutica de genéricos en India lanzó al mercado un medicamento que cura la hepatitis C por USD14 cada pastilla; su equivalente patentado por Gilead en Estados Unidos vale USD1000 cada pastilla. Hay más de 150 millones de personas en el mundo que padecen hepatitis C de acuerdo con la OMS y la principal barrera para su tratamiento es el costo que está mediado por patentes. Las presiones de las farmacéuticas por defender sus ganancias y evitar la competencia que reduce precios, hace que disminuya el número de personas que acceden a esos medicamentos. Hoy la discusión pasa por promover que países en desarrollo puedan facilitar medicamentos genéricos y esta posibilidad está siendo acorralada con acuerdos de libre comercio como el TPP.
Localmente el caso de las fotocopias recuerda situaciones en Colombia y en Uruguay. El de los medicamentos, recuerda las críticas de ONGs locales sobre el TPP, recordemos que Colombia no es miembro aún, pero está haciendo fila.
