En una sociedad cada vez más conectada a internet, una protesta urbana juvenil significa la producción de mucho contenido audiovisual que se crea en la calle en tiempo real y que se comparte por internet. Sí, esto puede ser fuente de desinformación, puede confundir si está descontextualizada, etcétera, pero es también evidencia que cambia las dinámicas de las protestas. Sin embargo, debidamente procesada muestra lo que sucedió y ayuda a formar opiniones.
Durante las protestas de noviembre de 2019 y las de septiembre de 2020 ya tuvimos muestras de violencia policial urbana que dejaron más de una decena de jóvenes asesinados en Bogotá. Mucho de lo que sabemos hoy de esos días y noches nefastas lo sabemos gracias a los videos realizados por la gente en la calle que fueron compartidos por las redes sociales. Luego, sobretodo los medios digitales reconstruyeron piezas del rompecabezas para mostrar lo que pasó. Así lo hicieron 070 (en varios capítulos que incluyen el caso de Dilan Cruz), La Silla Vacía (sobre lo sucedido en Verbenal) o Cuestión Pública.
Durante este paro nacional los videos también pasan de la calle a las redes sociales, de allí a los medios digitales y, en esta oportunidad, dieron el salto a los grandes medios internacionales o a mejores recursos internacionales, según lo vean.
The Washington Post hizo la dolorosa reconstrucción del asesinato de cuatro de las primeras víctimas de la violencia policial durante este paro nacional y The New York Times, apoyado por Cuestión Pública, trabajó para mostrar evidencias de violencia policial en varios casos. Por su parte, 070 hizo una alianza con forenses expertos de Bellingcat y Forensic Architecture y está haciendo ejercicios desgarradores sobre geografía de la violencia. Mientras tanto, los grandes medios colombianos aún no se le miden a nuevas narrativas, a otras formas de contar las historias.
En su búsqueda por presentar los hechos estos procesos de periodismo de datos hacen que las afirmaciones del ministro de Justicia, donde dice que los muertos son consecuencia de riñas callejeras, sean tan huecas como los tardíos reconocimientos del presidente Duque diciendo que sí, que sí ha habido violencia por parte de la fuerza pública, o la versión de la Fiscalía en el juicio de Dilan Cruz diciendo que fue él quien se atravesó en el disparo del agente del Esmad. Los videos son cada vez más importantes para entender lo que sucede en situaciones de crisis como la que estamos viviendo.
Sin embargo, uno de los problemas de este ejercicio es el de la preservación de estos videos y a esto hay que ponerle cuidado. La información, como ya sabemos, se produce y distribuye a través de las redes sociales y eso la hace vulnerable, puede perderse en la propia red social debido a los procesos de moderación de contenido.
La moderación de contenidos es el proceso que usan las plataformas, dueñas de las redes sociales, para hacer cumplir las normas de comunidad que aceptamos cuando nos unimos a la respectiva red social. Las redes sociales no solo no deben hospedar material ilegal –por ejemplo de trata de personas o material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes– tampoco quieren que circulen publicaciones de otro tipo como contenido violento, o pornográfico. Digamos que quieren mantener un “ambiente familiar”. Los contenidos creados durante una protesta pueden inclumplir las normas de forma relativamente fácil y es frecuente que terminen siendo bloqueados o su alcance disminuido, incluso hay cuentas que desaparecen por completo. Muchas veces los contenidos se pierden (algo de esto les había contado en la columna “Moderar la realidad” el pasado 18 de marzo).
Aunque las plataformas suelen tomar algunas medidas de mitigación durante épocas de crisis –como que en lugar de bloquear el contenido le ponen una cortina que dice que es sensible–, el impacto para las personas que confían en las redes sociales para difundir la información y comunicarse es grande. Cuando el material se pierde, pierden evidencias.
Además de que seguiremos insistiendo con las plataformas para que den más información sobre sus procesos de moderación de contenidos, informen sobre sus acciones de mitigación en momentos de crisis e insistir para que sigan buscando formas de garantizar el libre flujo de información en las protestas, es necesario pensar en otras alternativas. Tener respaldos de la información que se produce en varios sitios en línea y también guardarla fuera de línea es importante.
Ahora, en el mundo de los periodistas desde hace años hemos visto la proliferación de plataformas pensadas en favorecer la denuncia y el envío de evidencias sobre la misma. Desde las implementaciones de SecureDrop gestionadas por Freedom of the Press Foundation –que incluyen sofisticados mecanismos de cifrado y anonimato para proteger a las personas que envían la información–, hasta el canal que The Guardian habilitó en WhatsApp para enviar vídeos o imágenes de la situación en Colombia.
Sin embargo, hasta ahora y a pesar de que en el país los medios locales deberían abrir este tipo de espacios, no existe ninguno más allá de los canales que presentan algunos medios digitales como Cuestión Pública o La Liga Contra el Silencio para recibir denuncias ciudadanas.
El uso de tecnología para indagar y controlar el poder de la autoridad empleando metodologías del ejercicio periodístico muestra de manera muy clara cómo la autoridad se excede en el uso de fuerza y armas. Es una forma de control ciudadano legítimo que ayuda a formar a la opinión pública y le da a la sociedad herramientas para discernir en medio de una gran cantidad de información compleja, contradictoria y a veces incluso falsa. ¡Gracias!