Colombia adelanta una transición de gobierno en un ambiente de polarización y tensión. A estas alturas son pocas las expectativas de un empalme institucional que ofrezca tranquilidad sobre la continuidad del Estado y la preservación de su memoria. Lo que sí estamos viendo son señales preocupantes: algunos de los designados por el nuevo gobierno para ocupar altos cargos han optado por borrar sus cuentas personales en X antes de asumir su nueva posición. Mientras comentamos sobre quiénes gobernarán los próximos cuatro años, deberíamos preguntarnos también sobre quiénes y cómo protegerán la memoria del cuatrienio anterior.
Hace ocho años, durante la transición entre los gobiernos Santos y Duque, escribí sobre la necesidad de una “transición digital”, inspirada en cómo la administración Obama preservó y entregó sus archivos y redes sociales como parte del archivo público. Al terminar el gobierno Duque, insistí en que su legado debía incluir esa memoria digital. Ese debate sigue vigente y cobra mayor relevancia: la centralidad de lo digital exige pensar menos en los archivos de un gobierno y más en la memoria del Estado, especialmente cuando las transiciones políticas ponen en riesgo su continuidad y preservación.
La primera preocupación tiene que ver con las cuentas personales de quienes llegan a ejercer funciones públicas. Aunque cualquier persona es libre de administrar su identidad digital, esperaría un estándar distinto de quienes asumirán responsabilidades públicas. Al borrar años de publicaciones desaparece parte del contexto que permite comprender su trayectoria y evaluar la coherencia entre sus posiciones públicas y sus decisiones de gobierno. La preocupación aumenta si se considera que el propio presidente electo, Abelardo de la Espriella, como ferviente creyente en el derecho al olvido, defiende una visión de la memoria digital centrada en la eliminación de contenidos reputacionales de internet. Esa lógica, defendible en algunos casos en el ámbito privado, no tiene asidero en lo público, donde está en juego la transparencia y la memoria pública.
Ahora bien, en 2026 la transición digital va mucho más allá de las redes sociales. Buena parte de la gestión pública ocurre hoy en entornos digitales que hace apenas una década eran marginales: documentos compartidos en la nube, canales institucionales de mensajería, reuniones virtuales, páginas web dinámicas, bases de datos, repositorios digitales, contenidos audiovisuales, tableros de seguimiento, aplicaciones de gestión e incluso sistemas de inteligencia artificial utilizados para producir documentos o apoyar decisiones administrativas. Si esa información desaparece, de nuevo estamos ante un problema que no es solo tecnológico, es democrático.
Los archivos públicos no existen únicamente para satisfacer la curiosidad de historiadores o periodistas. Permiten reconstruir cómo se tomaron las decisiones del Estado, facilitan el control ciudadano, hacen posible exigir responsabilidades y preservan la memoria institucional para quienes gobernarán después.
La experiencia internacional entendió hace tiempo que la preservación digital debe formar parte de cualquier transición democrática. Además de conservar documentos en papel o expedientes administrativos, deben preservarse páginas web oficiales, contenidos en redes sociales, registros audiovisuales, bases de datos históricas y todo aquello que documenta la actuación pública del Estado.
Paradójicamente, cuanto más digital se vuelve el Estado, más frágil parece su memoria. Un clic puede borrar años de información. El cierre de una plataforma puede hacer desaparecer un archivo completo. Un cambio de administrador puede eliminar registros sin dejar rastro. Y la dependencia creciente de servicios privados para la comunicación institucional aumenta todavía más esa vulnerabilidad.
La Ley de Transparencia parte de una premisa sencilla: la información pública debe preservarse para poder ser consultada. Por eso, la transición entre gobiernos no es solo política; también es archivística y digital y es todavía más crítica cuando el relevo ocurre entre proyectos políticos profundamente enfrentados y el discurso público privilegia la confrontación sobre la continuidad institucional.
Como cada cuatro años, el Archivo General de la Nación, las entidades responsables de la gestión documental y cada organismo del Estado tienen el deber de garantizar que ningún contenido público -en cualquier forma de las ya descritas que haya sido producida con recursos públicos- desaparezca durante el cambio de gobierno.
Paralelamente, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación e incluso la ciudadanía -como lo ha hecho otras veces- pueden tener su propio rol en el cuidado de la memoria pública. Al fin y al cabo las democracias no solo se construyen con elecciones, también se construyen con archivos.
Los gobiernos pasan, las plataformas cambian y las tecnologías se vuelven obsoletas. Lo que debe permanecer es la posibilidad de reconstruir, comprender y evaluar cómo actuó el Estado en cada momento de nuestra historia. Preservar la memoria pública es una condición para la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de las futuras generaciones a entender su propio pasado. Finalmente, aunque esa preservación es una obligación del Estado, el compromiso inmediato lo deberá asumir y demostrar el nuevo gobierno.
