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Los ingleses están relajando sus estándares para que el Estado aproveche las vulnerabilidades informáticas de sus ciudadanos. ¡Ojalá no se conviertan en el ejemplo!
Cuando la noticia era que alguien vigilaba a Vicky Dávila, sobresalía la descripción de uno de sus colaboradores sobre cómo su computador estaba “poseído” —el cursor funcionaba solo y le borraba archivos—. Esto sucede cuando alguien usa técnicas de “hackeo” para apoderarse indebidamente del computador de otra persona. Programas para apoyar estas técnicas se consiguen en el mercado negro, en la Internet profunda, las usan —debidamente autorizados— los hackers para probar los sistemas bancarios y, por las filtraciones que sufrió Hacking Team, sabemos que las ha comprado la Policía colombiana —aunque en reuniones con oficiales me aseguraron que no se usan—.
Esta semana en Inglaterra, un juez dio un espaldarazo bastante amplio al uso de herramientas de hackeo siempre que haya un “balance apropiado”; el fallo no debería hacer carrera pues deja mucho a la imaginación y no es garantista. Localmente, el escándalo del video del excongresista Ferro no nos debería hacer olvidar las acusaciones por interceptación de comunicaciones a periodistas para aprovechar la oportunidad de debatir los límites a la interceptación de comunicaciones y la legitimidad en el uso de herramientas para “hackear” por parte del Estado.
De otra parte, los ingleses quieren ir más allá. Discuten un proyecto de ley que obligaría a atender peticiones de autoridades para hacer puertas traseras —que son programas que permiten acceso casi ilimitado a un equipo de forma remota—. Esas decisiones se tomarán en cortes secretas y se prohibirá comentarlas públicamente bajo amenaza de prisión (evitando debates como el que Apple abrió recientemente a raíz de una petición del FBI).
En esa lógica imagine que los gobiernos pasen de ordenar a las empresas crear puertas traseras en sus productos y decidan que deben incluirlas también en el diseño de los grandes servicios de información personal de la ciudadanía ¿Se imaginan que con lógica “FBI criolla”, MinTIC decida que puede aprovechar y diseñar la Carpeta Ciudadana dejando una puerta trasera?
