Felicitaciones, ministro Lizcano: la subasta del espectro para el 5G fue un éxito. Habrá pluralidad de operadores -incluída una nueva empresa en el mercado colombiano-, fue un proceso sin escándalos y sí con varios elogios por su organización, además superó la expectativa económica y consiguió compromisos de hacer en pro de la conectividad rural. Sin embargo, ese éxito no cubre toda la subasta, pues hubo un solo proponente en otras bandas. Como el 5G no cerrará la brecha de conexión, de hecho puede profundizarla, hay que seguir hablando del tema.
El término 5G se refiere a la quinta generación de redes inalámbricas y celulares, supone una mejora en el ancho de banda y la latencia -más capacidad, más velocidad, menos incertidumbre-, lo cual permite prestar servicios que con las redes anteriores no se podía.
Por la confiabilidad de la conexión, el 5G es el que permite desarrollar telemedicina de punta -como contar con la experticia del cirujano en Londres que de forma remota hace llegar su experiencia moviendo el brazo del robot que opera en Quibdó-, o hablar de tener mejores interacciones en tiempo real -que hará que los grandes almacenes de Bogotá vendan para la próxima navidad todo lo que se necesita para disfrutar las mejores aplicaciones de realidad virtual interactiva, con las que los primos disfruten sus videojuegos en streaming-.
Entonces, el 5G es una apuesta en la que el país debe avanzar y es bueno que empiece con el pie derecho. Ahora, es importante que tengamos claro que el 5G funciona allí donde la señal celular es fuerte, confiable y puede ser pagada, es decir, es conectividad urbana y de personas usuarias con recursos, pues requiere mucha infraestructura, antenas y dispositivos que aguanten 5G, nada de eso es para cualquiera.
Está lejos de la cotidianidad de lo que necesita la señora a la que le dimos un aventón en una carrera del departamento del Magdalena estas vacaciones y que cuida y usa su panelita de Nokia. En la realidad de la ruralidad colombiana en Vaupés los médicos hasta hace muy poco tenían que dar apoyo a consultas a través de radio teléfonos -imagínense la privacidad del paciente, pero eso es mejor que nada- y ahora están contentos porque se están apoyando en conectividad satelital.
Como el 5G fue el protagonista de la subasta del espectro de 2023 se entiende que el gobierno saque pecho por eso. Lo que no es aceptable es que, pasada la euforia de la celebración, el ministro diga que con eso basta. Conscientes de las prioridades de este gobierno con las poblaciones vulnerables, esperamos más.
Es cierto que con la subasta viene para los operadores pago adicional por las Obligaciones de Hacer para impulsar la conectividad en las zonas rurales, apartadas y vulnerables del país: Claro conectará 313 instituciones educativas, la Unión Temporal Tigo-Movistar 217 e instalarán al menos 32 estaciones base con tecnología 4G en carreteras primarias y secundarias. WOM llevará conectividad a 318 escuelas y 24 estaciones base con tecnología 4G en carreteras primarias y secundarias, mientras que Telecall tendrá que conectar 343 colegios y 11 estaciones base con tecnología 4G en carreteras secundarias.
Analicemos entonces lo que significa que solo hubiera una oferta para las otras bandas ofrecidas -bandas bajas y medias-, unas bandas que son claves para el 4G (y atención, pues todavía hay gente en 3G y algunos en 2G), la banda en la que hoy se soporta la conectividad del país y sobre todo de la ruralidad.
Wom indicó que en las otras bandas de la subasta los precios no eran competitivos para las grandes empresas que además, como tienen un cupo máximo de espectro, tendrían que devolver espectro si les asignaban algo de estas bandas. Me queda la impresión de que aunque este gobierno parece tener otra mirada, no supera la tendencia de crear el escenario para que sean las grandes empresas las que lleven la conectividad a todos los rincones del país. En este caso ni hizo bien las cuentas para ofrecer un esquema competitivo para ellas, ni diseñó un escenario en el que otros jugadores -como los pequeños proveedores de servicios de internet rural o las redes comunitarias- pudieran competir.
Empecemos con datos para ver la importancia de apostar por aumentar la conectividad rural. Según el DANE, en 2022 casi el 60 % de los hogares estaban conectados, de ellos casi el 68 % en lo urbano y 32 % en centros poblados y población rural dispersa. Según el MinTIC, para mediados de 2023 el total de accesos fijos a Internet fueron un poco más de 9 millones, mientras que los que se hicieron por internet móvil superaron los 40 millones.
La conectividad fija -que en principio es la mejor por velocidad, confiabilidad y casi siempre contratada para acceso ilimitado a datos-, existe sobre todo en las zonas urbanas con un lento crecimiento en la ruralidad gracias a cientos de pequeñas empresas legales e ilegales.
Por su parte la conexión celular es la que manda la parada, especialmente en las zonas rurales más retiradas y entre la población urbana con menos capacidad adquisitiva. Estas personas contratan por prepago -que limita el acceso a los datos-, en los que el acceso gratis (zero rating) a determinados servicios termina siendo su forma corriente de usar la red. La desigualdad en la capacidad de uso de quienes tienen plan celular es evidente en las estadísticas, mientras el consumo mensual promedio de quién tiene celular con prepago es de 3 gigas, quienes se conectan por suscripción consumen 13. De otro lado, la calidad del servicio celular en la ruralidad supone conectividades intermitentes que las personas aprovechan al máximo -y deben seguir siendo promovidas por el Estado-, pero son muy limitadas para trabajar, educarse o en usos como la telemedicina.
La conectividad satelital, que es una opción en estos lugares, sigue siendo inestable y cara, si bien de la mano de Star Link empieza a crecer con más calidad y bajar de precio. Ahora bien, por lo que sucede en otros países sabemos que esta masificación de la mano de esta sola empresa supone la entrega de la infraestructura en las zonas más apartadas a Elon Musk, con todo lo que esto significa que incluye la cooptación de las decisiones de política pública. Los actores de conectividad más pequeños, alejados y comunitarios -las redes comunitarias-, dependen frecuentemente de esta conectividad.
Valdría la pena usar los datos para analizar quiénes están quedando fuera, qué necesitan para estar dentro, para qué necesitamos que estén dentro y esto cómo se ve en las políticas de conectividad. Con esa sensibilidad el análisis y evaluación del gobierno podría ser tan entusiasta como ha sido por el 5G, pero también más autocrítico sobre su compromiso con la democrática superación de la brecha digital de conectividad.
