Registro de IMEI, la política que no tiene quién la ronde
En el informe “Un rastreador en tu bolsillo”, Karisma, donde trabajo, explicó en 2017 que la política criolla de registro del IMEI de los celulares es tan desproporcionadamente invasiva para la privacidad que no debería continuar. Esta semana publicamos el informe “Ensayo y error”, que analiza si sacrificar nuestra privacidad ha servido para disminuir este delito. Les resumo: lo que encontramos es que realmente nadie sabe si sirve o no, porque la política ni siquiera fue diseñada para ser evaluada.
Debido al impacto en la cotidianidad de las personas, el tema del hurto de celulares está constantemente en la agenda de los medios y es una preocupación permanente de las autoridades y la fuerza pública. Este delito afecta a demasiadas personas en el país y muchas veces va acompañado de violencia, aumentando su impacto en víctimas y opinión pública. Su importancia debería no solo animar a acciones, sino también a evaluar si funcionan y permitir ajustes que enfoquen recursos en lo que es efectivo.
En “Ensayo y error” describimos cómo el gran problema en el caso de la política criolla de registro del IMEI es que su diseño e implementación no siguió los cánones de las buenas prácticas en este campo. La política no tiene línea de base, no cuenta con criterios para determinar la adecuación de esta solución al problema, no tiene mecanismos de monitoreo ni de evaluación. Por eso, tampoco se cuenta con información confiable.
Aunque iniciamos el análisis en 2018, la primera barrera fue conseguir información histórica y actual sobre cuántos celulares se roban en Colombia. El vacío no deja de sorprender si pensamos que los medios ofrecen cifras y estadísticas con frecuencia sobre este tema, pero conseguirlas juntas y para contrastar es otra cosa.
Sobre los datos. En primer lugar, no hay información pública, para conseguir datos hay que tocar la puerta de cada uno de los actores que están involucrados. El segundo problema en relación con los datos es que no todos los actores los producen; por ejemplo, en la Rama Judicial podemos tener datos sobre el hurto, pero no sobre cuántos son robos de celulares. Finalmente, entre quienes tienen datos, las cifras no coinciden. Sí, sabemos, por ejemplo, que el subregistro de denuncia es grande, pero lo que vemos es que no llega ni al 10% comparado con los datos de los operadores, a quienes las personas les reportan la pérdida o hurto de los aparatos. En todo caso, ningún indicador permite identificar el comportamiento del delito para cruzarlo entre bases de datos.
La conclusión es que la calidad de los datos que existen para evaluar esta política es preocupante. Por años, las cifras que hemos visto por ahí son de fuentes aisladas en momentos concretos, en ocho años nadie las ha verificado, contrastado o cuestionado. En ese contexto, los datos no permiten evaluar el impacto del registro del IMEI en el hurto de celulares. Lo que sí podemos decir es que en los datos suministrados por los operadores y por la Policía Nacional no se ve una tendencia ni al aumento ni a la disminución del delito.
Si los datos no nos sirven para evaluar la política, la conclusión es que esta política no fue diseñada para ser revisada ni ajustada, que no se hizo para evaluar si realmente cumplía con su objetivo aunque ese sí ha sido expreso: disminuir el hurto de celulares.
La política aparece en 2011, en el Decreto 1630 y en la Ley 1453, sin que se den detalles sobre su justificación, evidencias sobre el tema, ni parámetros para su desarrollo. Durante estos años, la política ha sido varias veces ajustada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), pero siempre para afinarla en aspectos técnicos. En 2015 unos ajustes a la política hicieron que la CRC referenciara cifras de hurto para concluir que el delito era constante, pero el dato no afectó la intención de fortalecerla. En 2019, durante una evaluación de la CRC que buscaba simplificar la política, dijo que era ineficaz. Ahora bien, como era una evaluación de impacto normativo y no de efectividad, tampoco pasó nada.
Toda política que va a mantenerse en el tiempo debe poder evaluarse en su efectividad respecto del objetivo que persigue y ese es el reto de hoy para la CRC. Deberá agregar al análisis de impacto normativo la evaluación de efectividad y para hacerlo necesitará articular con otros actores. La Policía y los operadores, por su parte, deberían buscar mecanismos para publicar datos y ojalá que sean comparables para facilitar este análisis. Finalmente, el Ministerio de las TIC debería considerar desmontarla para enfocar esfuerzos y recursos en aquello que funcione, pues no hay evidencia de que sirva y sí de que es muy costosa en muchos niveles y, mientras tanto, el problema continúa.
Este informe se publica la misma semana en que el Gobierno anuncia un proyecto de ley que combatirá la impunidad en este delito. Valdría la pena que analicemos esta propuesta con la misma lógica, pues la lucha contra el robo de celulares ya ha sido objeto de recientes medidas punitivas que incrementan penas. Si la propia Rama Judicial no tiene datos, me pregunto ¿cómo podemos concluir que la solución es esa?
Anunciar esta medida es populista, busca un efecto inmediato, por eso me uno al penalista Francisco Bernate, quien respecto a la posible reforma penal afirma: “Ninguna de estas medidas ha funcionado para bajar el hurto de celulares. Lo único que funciona es más recursos de investigación y justicia”. En todo caso, insisto que, para confirmar qué sirve y qué no, lo que necesitamos es datos. Más y mejores datos, datos públicos, trabajar en transparencia. Al final el acceso a la información pública es un derecho en una democracia que contribuye, entre otras cosas, a que cualquier persona pueda hacer seguimiento a las autoridades y a sus políticas. De paso, un recorderis a los periodistas: no traguemos entero.
Los invito a conocer el estudio completo y los datos, que pueden ser descargados en este enlace.
En el informe “Un rastreador en tu bolsillo”, Karisma, donde trabajo, explicó en 2017 que la política criolla de registro del IMEI de los celulares es tan desproporcionadamente invasiva para la privacidad que no debería continuar. Esta semana publicamos el informe “Ensayo y error”, que analiza si sacrificar nuestra privacidad ha servido para disminuir este delito. Les resumo: lo que encontramos es que realmente nadie sabe si sirve o no, porque la política ni siquiera fue diseñada para ser evaluada.
Debido al impacto en la cotidianidad de las personas, el tema del hurto de celulares está constantemente en la agenda de los medios y es una preocupación permanente de las autoridades y la fuerza pública. Este delito afecta a demasiadas personas en el país y muchas veces va acompañado de violencia, aumentando su impacto en víctimas y opinión pública. Su importancia debería no solo animar a acciones, sino también a evaluar si funcionan y permitir ajustes que enfoquen recursos en lo que es efectivo.
En “Ensayo y error” describimos cómo el gran problema en el caso de la política criolla de registro del IMEI es que su diseño e implementación no siguió los cánones de las buenas prácticas en este campo. La política no tiene línea de base, no cuenta con criterios para determinar la adecuación de esta solución al problema, no tiene mecanismos de monitoreo ni de evaluación. Por eso, tampoco se cuenta con información confiable.
Aunque iniciamos el análisis en 2018, la primera barrera fue conseguir información histórica y actual sobre cuántos celulares se roban en Colombia. El vacío no deja de sorprender si pensamos que los medios ofrecen cifras y estadísticas con frecuencia sobre este tema, pero conseguirlas juntas y para contrastar es otra cosa.
Sobre los datos. En primer lugar, no hay información pública, para conseguir datos hay que tocar la puerta de cada uno de los actores que están involucrados. El segundo problema en relación con los datos es que no todos los actores los producen; por ejemplo, en la Rama Judicial podemos tener datos sobre el hurto, pero no sobre cuántos son robos de celulares. Finalmente, entre quienes tienen datos, las cifras no coinciden. Sí, sabemos, por ejemplo, que el subregistro de denuncia es grande, pero lo que vemos es que no llega ni al 10% comparado con los datos de los operadores, a quienes las personas les reportan la pérdida o hurto de los aparatos. En todo caso, ningún indicador permite identificar el comportamiento del delito para cruzarlo entre bases de datos.
La conclusión es que la calidad de los datos que existen para evaluar esta política es preocupante. Por años, las cifras que hemos visto por ahí son de fuentes aisladas en momentos concretos, en ocho años nadie las ha verificado, contrastado o cuestionado. En ese contexto, los datos no permiten evaluar el impacto del registro del IMEI en el hurto de celulares. Lo que sí podemos decir es que en los datos suministrados por los operadores y por la Policía Nacional no se ve una tendencia ni al aumento ni a la disminución del delito.
Si los datos no nos sirven para evaluar la política, la conclusión es que esta política no fue diseñada para ser revisada ni ajustada, que no se hizo para evaluar si realmente cumplía con su objetivo aunque ese sí ha sido expreso: disminuir el hurto de celulares.
La política aparece en 2011, en el Decreto 1630 y en la Ley 1453, sin que se den detalles sobre su justificación, evidencias sobre el tema, ni parámetros para su desarrollo. Durante estos años, la política ha sido varias veces ajustada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), pero siempre para afinarla en aspectos técnicos. En 2015 unos ajustes a la política hicieron que la CRC referenciara cifras de hurto para concluir que el delito era constante, pero el dato no afectó la intención de fortalecerla. En 2019, durante una evaluación de la CRC que buscaba simplificar la política, dijo que era ineficaz. Ahora bien, como era una evaluación de impacto normativo y no de efectividad, tampoco pasó nada.
Toda política que va a mantenerse en el tiempo debe poder evaluarse en su efectividad respecto del objetivo que persigue y ese es el reto de hoy para la CRC. Deberá agregar al análisis de impacto normativo la evaluación de efectividad y para hacerlo necesitará articular con otros actores. La Policía y los operadores, por su parte, deberían buscar mecanismos para publicar datos y ojalá que sean comparables para facilitar este análisis. Finalmente, el Ministerio de las TIC debería considerar desmontarla para enfocar esfuerzos y recursos en aquello que funcione, pues no hay evidencia de que sirva y sí de que es muy costosa en muchos niveles y, mientras tanto, el problema continúa.
Este informe se publica la misma semana en que el Gobierno anuncia un proyecto de ley que combatirá la impunidad en este delito. Valdría la pena que analicemos esta propuesta con la misma lógica, pues la lucha contra el robo de celulares ya ha sido objeto de recientes medidas punitivas que incrementan penas. Si la propia Rama Judicial no tiene datos, me pregunto ¿cómo podemos concluir que la solución es esa?
Anunciar esta medida es populista, busca un efecto inmediato, por eso me uno al penalista Francisco Bernate, quien respecto a la posible reforma penal afirma: “Ninguna de estas medidas ha funcionado para bajar el hurto de celulares. Lo único que funciona es más recursos de investigación y justicia”. En todo caso, insisto que, para confirmar qué sirve y qué no, lo que necesitamos es datos. Más y mejores datos, datos públicos, trabajar en transparencia. Al final el acceso a la información pública es un derecho en una democracia que contribuye, entre otras cosas, a que cualquier persona pueda hacer seguimiento a las autoridades y a sus políticas. De paso, un recorderis a los periodistas: no traguemos entero.
Los invito a conocer el estudio completo y los datos, que pueden ser descargados en este enlace.