Se armonizarán ciberseguridad y derechos humanos
Dijo Mintic en el II Foro de Ciberseguridad donde se presentaron los lineamientos del nuevo Conpes. Desafortunadamente, solo puedo comentar sus palabras porque todavía no está al público el documento ni el plan de socialización para comentarios.
A principios del 2014 enviamos una carta al presidente para pedir participación de la sociedad civil y apertura al debate de derechos humanos dentro de la agenda de ciberseguridad. Esto llevó el tema al Foro I y, estoy convencida, sirvió para llenar ese importante vacío en la agenda de ciberseguridad. Hoy Mintic y la policía afirman en sus presentaciones que articularán a “todas” las partes interesadas (esto debe significar participación efectiva de la sociedad civil en todos los ámbitos de decisión) y que habrá armonización legislativa con derechos humanos.
Ahora buscaremos evidenciar que, mundialmente, no hay acuerdo sobre lo que se entiende por ciberseguridad y por eso su implementación local es un reto. Bajo “ciberseguridad” se engloba un enorme espectro de temas que no pocas veces puede conducir a malentendidos sobre potenciales soluciones. Así, el posible impacto de las amenazas de seguridad cibernética para la infraestructura crítica de Colombia no debe necesariamente transformar la discusión de ciberseguridad en una exclusiva de seguridad nacional. Esas amenazas, si son tangiblemente demostrables, seguirán siendo una pequeña parte del problema global de ciberseguridad. No deben usarse para justificar, por ejemplo, poderes de vigilancia excesivos. Otro ejemplo sobre posible malentendido lo vemos en el cifrado, que efectivamente es un reto para la investigación del cibercrimen pero eso no puede ocultar que es herramienta clave en la que se apoya nuestra seguridad cotidiana (piensen en las transacciones bancarias). Por eso no puede caerse en la tentación de regularlo pensando exclusivamente en ese potencial riesgo.
Así, cualquier estrategia de ciberseguridad debe basarse en modelos de riesgo tangibles, que permitan un examen de derechos humanos de cada propuesta para determinar si las ganancias resultantes de una recomendación específica de seguridad son proporcionales a su impacto sobre los derechos de los ciudadanos.
Mientras MINTIC y la policía publican el borrador, podemos analizar y comentar el documento que hizo público la CRC donde esa entidad se pregunta sobre su rol en la estrategia de ciberseguridad.
Dijo Mintic en el II Foro de Ciberseguridad donde se presentaron los lineamientos del nuevo Conpes. Desafortunadamente, solo puedo comentar sus palabras porque todavía no está al público el documento ni el plan de socialización para comentarios.
A principios del 2014 enviamos una carta al presidente para pedir participación de la sociedad civil y apertura al debate de derechos humanos dentro de la agenda de ciberseguridad. Esto llevó el tema al Foro I y, estoy convencida, sirvió para llenar ese importante vacío en la agenda de ciberseguridad. Hoy Mintic y la policía afirman en sus presentaciones que articularán a “todas” las partes interesadas (esto debe significar participación efectiva de la sociedad civil en todos los ámbitos de decisión) y que habrá armonización legislativa con derechos humanos.
Ahora buscaremos evidenciar que, mundialmente, no hay acuerdo sobre lo que se entiende por ciberseguridad y por eso su implementación local es un reto. Bajo “ciberseguridad” se engloba un enorme espectro de temas que no pocas veces puede conducir a malentendidos sobre potenciales soluciones. Así, el posible impacto de las amenazas de seguridad cibernética para la infraestructura crítica de Colombia no debe necesariamente transformar la discusión de ciberseguridad en una exclusiva de seguridad nacional. Esas amenazas, si son tangiblemente demostrables, seguirán siendo una pequeña parte del problema global de ciberseguridad. No deben usarse para justificar, por ejemplo, poderes de vigilancia excesivos. Otro ejemplo sobre posible malentendido lo vemos en el cifrado, que efectivamente es un reto para la investigación del cibercrimen pero eso no puede ocultar que es herramienta clave en la que se apoya nuestra seguridad cotidiana (piensen en las transacciones bancarias). Por eso no puede caerse en la tentación de regularlo pensando exclusivamente en ese potencial riesgo.
Así, cualquier estrategia de ciberseguridad debe basarse en modelos de riesgo tangibles, que permitan un examen de derechos humanos de cada propuesta para determinar si las ganancias resultantes de una recomendación específica de seguridad son proporcionales a su impacto sobre los derechos de los ciudadanos.
Mientras MINTIC y la policía publican el borrador, podemos analizar y comentar el documento que hizo público la CRC donde esa entidad se pregunta sobre su rol en la estrategia de ciberseguridad.