El más reciente informe anual sobre privacidad en la era digital publicado por Naciones Unidas se ocupa de tres tendencias muy actuales de vigilancia gubernamental: el uso de herramientas de hackeo (como Pegasus), los crecientes ataques contra el cifrado y el aumento del monitoreo de los espacios públicos con herramientas digitales. Se trata de una lectura obligatoria para quienes se involucran en el diseño de políticas públicas en la era digital. Hoy le sirve a quienes están mirando la reforma al código electoral, pues ese informe alerta sobre la identidad digital, algo que nos están colando allí.
Al revisar los problemas de la excesiva vigilancia que la tecnología digital permite del espacio público, el informe advierte que esto sucede con el antecedente del desarrollo de “nuevos sistemas de identidad y la expansión de bases de datos biométricas” porque, dice, “en una serie de países, los sistemas de identidad están vinculados con el almacenamiento extensivo y centralizado de datos personales, incluyendo información biométrica como huellas dactilares, rasgos faciales, escaneos de iris o ADN. Todavía más, con frecuencia las bases de datos están interconectadas y disponibles para la búsqueda por otras agencias. Como consecuencia, la identificación de los individuos donde sea que estén localizados se ha hecho cada vez más fácil” (traducción propia).
Ese párrafo describe, con una precisión que asusta, la fórmula que el Estado colombiano usa para desarrollar la identidad digital, que también vinculan con procesos de vigilancia estatal a través de reconocimiento facial. Esta fórmula problemática se legalizará por el Congreso de pasar la propuesta de código electoral en los términos presentados por el registrador Vega a lo largo de toda la parte segunda (en especial en el título III). Por eso desde Karisma, donde trabajo, pedimos que esa parte, con sus tres títulos, salga del código. Este informe confirma que nuestra petición es válida y urgente.
Primero les cuento cómo el párrafo del informe se materializa en la realidad colombiana: uno de los primeros proyectos de vigilancia masiva y biometría para el espacio público en Colombia fue el de las cámaras para reconocimiento facial en Transmilenio en Bogotá.
El sistema prometía ser una herramienta infalible para perseguir a peligrosos criminales, que serían identificados y detenidos con prontitud. Sin ningún cuestionamiento o pregunta sobre el sistema, los medios en general no solo se hicieron eco de la noticia oficial, llegaron a presentar la dramatización en el periodista incluso con sombrero y gafas era identificado por el sistema. Dramatización porque el sistema nunca llegó a funcionar.
En un informe de Karisma de 2018 contamos cómo, después de comprar costosos equipos, la Policía nunca pudo desplegar el sistema en Transmilenio. El problema era estructural, no tenían una base de datos con la que se pudiera contrastar las imágenes que las cámaras de vigilancia captarían. Sin la base de datos biométrica, que sería la referencia para autenticar los datos que se capturan, el sistema no sirve.
El caso se volvió esencialmente un problema de corrupción que llevó a investigaciones sobre algunas de las personas que participaron del proceso. Pero, lo interesante es que paralelamente empezaron proyectos para construir bases de datos biométricas con los rasgos faciales de la ciudadanía. La carnetización de las personas pertenecientes a las barras del fútbol pero, sobre todo la integración de la biometría facial con la cédula desde 2018, son los dos mejores ejemplos de esto.
Mientras la carnetización en el fútbol todavía no despega, la identidad digital en manos de la Registraduría y de sus amplias funciones como encargada de la identidad legal en Colombia, avanza exitosamente atada a más biometría.
Sin marco legal específico, sin anaĺisis de impacto en derechos, sin participación de la sociedad, la Registraduría está recogiendo, además de nuestras huellas digitales, la biometría de nuestros rostros. Es más, en la reforma al código electoral (tanto en la pasada como en la actual) se habla explícitamente de que podrá incluir “todo tipo de biometría”.
Paralelamente hemos podido establecer que entre la Registraduría y la Policía existen acuerdos para que la segunda consulte la base de datos de biometría facial que la primera viene recogiendo a través de la cédula digital. Con este acceso los proyectos de vigilancia con reconocimiento facial de la fuerza pública ahora sí son posibles.
Esto importa porque, como dice el informe, “una preocupación particular sobre la vigilancia pública se refiere a los registros de imágenes fotográficas. La imagen de las personas incorpora atributos claves de su personalidad y revela características únicas que las distingue de otras”.
El problema es que, dice el informe, “registrar, analizar y almacenar las imágenes faciales de los individuos sin su consentimiento constituye una interferencia con su derecho a la privacidad” que de suceder en espacios públicos es una interferencia masiva. El informe reconoce que las personas más afectadas por estos sistemas están sobre todo en determinados barrios, en ciertos grupos o personas y se materializa con frecuencia en arrestos y detenciones, muchas veces sin que haya suficiente justificación.
El informe también advierte que a pesar de que su despliegue es mundial, sus implicaciones de estos sistemas sobre los derechos humanos son todavía poco comprendidas. Precisamente este documento sí falla en reconocer que estas implementaciones se hacen especialmente en los países en desarrollo, no toca este componente con más profundidad.
Aunque se me quedan por fuera los temas de fondo del informe -anímense a leerlo- toco ese elemento que desarrolla para alertar, una vez más, cómo a la sombra de la reforma al código electoral pasará una a la identidad legal. Entre las dos hay conexiones -se requiere identificar a la persona que va a ejercer su derecho al voto- pero son autónomos, cada uno tiene sus propias particularidades y problemas a analizar.
Si los congresistas retiran de la propuesta las normas sobre identificación, se abre la posibilidad de una discusión pública sobre la identidad legal. La definición sobre cómo se hará la digitalización de nuestro sistema de identidad está en mora, requiere una ley que la habilite que sea ampliamente debatida por todas las partes interesadas y con especial mirada al uso de la biometría en general y del despliegue que ya hace de la facial.
A la luz de este informe de la ONU la Registraduría deberá presentar las consideraciones de derechos humanos que ha tenido, deberá incluir las evaluaciones de impacto de derechos con el análisis de necesidad y proporcionalidad y lo correspondiente al diseño, desarrollo, compra, despliegue y operación de esos sistemas hasta ahora y a futuro. Tendrá que ser franca sobre su plan para mitigar los impactos en materia de derechos humanos. Le toca explicar cómo, con quién y bajo qué parámetros relaciona sus bases de datos con otras agencias o entidades, incluyendo lo relacionado con la actividad de vigilancia estatal. Por supuesto esa norma deberá pensar también en medidas especiales de control y seguimiento, remedios y protecciones. Nada de eso está en la propuesta de código electoral que evalúa ahora el Congreso.
No puedo cerrar sin señalar que a todo esto se suma que en Colombia la autoridad de protección de datos del sector público es la Procuraduría, que hasta ahora ha tenido un pobre desempeño en ese rol. También decir que el informe menciona que entre las poblaciones vulnerables por este tipo de sistemas está la migrante, bien, como ya hemos denunciado en nuestro país el estatuto temporal de protección a migrantes venezolanos incluye el reconocimiento facial. Todo mal.
El más reciente informe anual sobre privacidad en la era digital publicado por Naciones Unidas se ocupa de tres tendencias muy actuales de vigilancia gubernamental: el uso de herramientas de hackeo (como Pegasus), los crecientes ataques contra el cifrado y el aumento del monitoreo de los espacios públicos con herramientas digitales. Se trata de una lectura obligatoria para quienes se involucran en el diseño de políticas públicas en la era digital. Hoy le sirve a quienes están mirando la reforma al código electoral, pues ese informe alerta sobre la identidad digital, algo que nos están colando allí.
Al revisar los problemas de la excesiva vigilancia que la tecnología digital permite del espacio público, el informe advierte que esto sucede con el antecedente del desarrollo de “nuevos sistemas de identidad y la expansión de bases de datos biométricas” porque, dice, “en una serie de países, los sistemas de identidad están vinculados con el almacenamiento extensivo y centralizado de datos personales, incluyendo información biométrica como huellas dactilares, rasgos faciales, escaneos de iris o ADN. Todavía más, con frecuencia las bases de datos están interconectadas y disponibles para la búsqueda por otras agencias. Como consecuencia, la identificación de los individuos donde sea que estén localizados se ha hecho cada vez más fácil” (traducción propia).
Ese párrafo describe, con una precisión que asusta, la fórmula que el Estado colombiano usa para desarrollar la identidad digital, que también vinculan con procesos de vigilancia estatal a través de reconocimiento facial. Esta fórmula problemática se legalizará por el Congreso de pasar la propuesta de código electoral en los términos presentados por el registrador Vega a lo largo de toda la parte segunda (en especial en el título III). Por eso desde Karisma, donde trabajo, pedimos que esa parte, con sus tres títulos, salga del código. Este informe confirma que nuestra petición es válida y urgente.
Primero les cuento cómo el párrafo del informe se materializa en la realidad colombiana: uno de los primeros proyectos de vigilancia masiva y biometría para el espacio público en Colombia fue el de las cámaras para reconocimiento facial en Transmilenio en Bogotá.
El sistema prometía ser una herramienta infalible para perseguir a peligrosos criminales, que serían identificados y detenidos con prontitud. Sin ningún cuestionamiento o pregunta sobre el sistema, los medios en general no solo se hicieron eco de la noticia oficial, llegaron a presentar la dramatización en el periodista incluso con sombrero y gafas era identificado por el sistema. Dramatización porque el sistema nunca llegó a funcionar.
En un informe de Karisma de 2018 contamos cómo, después de comprar costosos equipos, la Policía nunca pudo desplegar el sistema en Transmilenio. El problema era estructural, no tenían una base de datos con la que se pudiera contrastar las imágenes que las cámaras de vigilancia captarían. Sin la base de datos biométrica, que sería la referencia para autenticar los datos que se capturan, el sistema no sirve.
El caso se volvió esencialmente un problema de corrupción que llevó a investigaciones sobre algunas de las personas que participaron del proceso. Pero, lo interesante es que paralelamente empezaron proyectos para construir bases de datos biométricas con los rasgos faciales de la ciudadanía. La carnetización de las personas pertenecientes a las barras del fútbol pero, sobre todo la integración de la biometría facial con la cédula desde 2018, son los dos mejores ejemplos de esto.
Mientras la carnetización en el fútbol todavía no despega, la identidad digital en manos de la Registraduría y de sus amplias funciones como encargada de la identidad legal en Colombia, avanza exitosamente atada a más biometría.
Sin marco legal específico, sin anaĺisis de impacto en derechos, sin participación de la sociedad, la Registraduría está recogiendo, además de nuestras huellas digitales, la biometría de nuestros rostros. Es más, en la reforma al código electoral (tanto en la pasada como en la actual) se habla explícitamente de que podrá incluir “todo tipo de biometría”.
Paralelamente hemos podido establecer que entre la Registraduría y la Policía existen acuerdos para que la segunda consulte la base de datos de biometría facial que la primera viene recogiendo a través de la cédula digital. Con este acceso los proyectos de vigilancia con reconocimiento facial de la fuerza pública ahora sí son posibles.
Esto importa porque, como dice el informe, “una preocupación particular sobre la vigilancia pública se refiere a los registros de imágenes fotográficas. La imagen de las personas incorpora atributos claves de su personalidad y revela características únicas que las distingue de otras”.
El problema es que, dice el informe, “registrar, analizar y almacenar las imágenes faciales de los individuos sin su consentimiento constituye una interferencia con su derecho a la privacidad” que de suceder en espacios públicos es una interferencia masiva. El informe reconoce que las personas más afectadas por estos sistemas están sobre todo en determinados barrios, en ciertos grupos o personas y se materializa con frecuencia en arrestos y detenciones, muchas veces sin que haya suficiente justificación.
El informe también advierte que a pesar de que su despliegue es mundial, sus implicaciones de estos sistemas sobre los derechos humanos son todavía poco comprendidas. Precisamente este documento sí falla en reconocer que estas implementaciones se hacen especialmente en los países en desarrollo, no toca este componente con más profundidad.
Aunque se me quedan por fuera los temas de fondo del informe -anímense a leerlo- toco ese elemento que desarrolla para alertar, una vez más, cómo a la sombra de la reforma al código electoral pasará una a la identidad legal. Entre las dos hay conexiones -se requiere identificar a la persona que va a ejercer su derecho al voto- pero son autónomos, cada uno tiene sus propias particularidades y problemas a analizar.
Si los congresistas retiran de la propuesta las normas sobre identificación, se abre la posibilidad de una discusión pública sobre la identidad legal. La definición sobre cómo se hará la digitalización de nuestro sistema de identidad está en mora, requiere una ley que la habilite que sea ampliamente debatida por todas las partes interesadas y con especial mirada al uso de la biometría en general y del despliegue que ya hace de la facial.
A la luz de este informe de la ONU la Registraduría deberá presentar las consideraciones de derechos humanos que ha tenido, deberá incluir las evaluaciones de impacto de derechos con el análisis de necesidad y proporcionalidad y lo correspondiente al diseño, desarrollo, compra, despliegue y operación de esos sistemas hasta ahora y a futuro. Tendrá que ser franca sobre su plan para mitigar los impactos en materia de derechos humanos. Le toca explicar cómo, con quién y bajo qué parámetros relaciona sus bases de datos con otras agencias o entidades, incluyendo lo relacionado con la actividad de vigilancia estatal. Por supuesto esa norma deberá pensar también en medidas especiales de control y seguimiento, remedios y protecciones. Nada de eso está en la propuesta de código electoral que evalúa ahora el Congreso.
No puedo cerrar sin señalar que a todo esto se suma que en Colombia la autoridad de protección de datos del sector público es la Procuraduría, que hasta ahora ha tenido un pobre desempeño en ese rol. También decir que el informe menciona que entre las poblaciones vulnerables por este tipo de sistemas está la migrante, bien, como ya hemos denunciado en nuestro país el estatuto temporal de protección a migrantes venezolanos incluye el reconocimiento facial. Todo mal.