El martes pasó lo que dijimos que iba a pasar, el proyecto de ley 201 de Senado fue aprobado por inmensa mayoría en las plenarias de Senado y Cámara, modificando así la legislación de Derecho de Autor en nuestro país para cumplir el TLC.
Con la ley en el avión rumbo a Cartagena, para tomarse la esperada foto con Obama, el gobierno sigue defendiendo la inciativa como una imposición textual del TLC y, al fin y al cabo, nada que ya no estuviera en la ley de derecho de autor colombiana, se trata tan sólo de unos retoques necesarios para Internet. El gobierno desprecia la solicitud de debate democrático que le hiciéramos y nos desconoce como interlocutores con argumentos indignos de una política democrática, como que somos simples agitadores digitales sin fundamentos.
Nosotros no pretendemos el desconocimiento del TLC, afirmamos que el texto va más allá de su texto, desconoce normativa interna y desarrollos internacionales, que su implementación tiene margen y puede discutirse. Nosotros no buscamos la desaparición del derecho de autor (de hecho lo “abierto” se basa en él para reinterpretarlo), pedimos que las reformas se consulten con todos los interesados en forma pública y oportuna para lograr consensos dentro de las posibilidades. Nuestros argumentos con calma y persistencia calaron cuando discutimos la #leylleras, al menos entonces contamos con unos meses.
Esta vez y a pesar de que tuvimos sólo unos días para reaccionar conseguimos también dar altura a nuestra tesis, logramos que importantes académicos de propiedad intelectual de universidades de EEUU, nuestro par comercial, hicieran una mirada crítica del proyecto, que ratifica cómo la redacción de la nueva ley tiene elementos que sobrepasan el tratado y que apunta a que en todo caso la reforma se queda corta para los intereses de competitividad de un país en el entorno actual.
A esta carta adhirieron más de 60 académicos y especialistas a nivel internacional durante el fin de semana de la pascua cristiana, la distribuimos entre los congresistas a través de su correo oficial (que es el público y el que en un gobierno digital como el que promueve nuestro ejecutivo vale como comunicación con los ciudadanos pero que a decir verdad funciona bien mal -aproximadamente 30% devueltos y sólo unos pocos lo abrieron) antes de las plenarias, pero valió poco frente al argumento estrella del ponente en el Senado: “no podemos cambiar una coma porque no sería decente con nuestro par comercial”.
Algunos senadores y especialmente la oposición, en cabeza de Camilo Romero, hicieron un papel decoroso en las sesiones frente a la aplanadora de la decisión política, consiguieron abrir un resquicio de debate y movilizar unas sombras de dudas. Sin embargo, la sensación de que se hacía un “favor” se confirmó con la retirada de la bancada de los verdes (aliados en la votación) en protesta porque no se permitió explicar a la Senadora Jiménez una propuesta.
Oyendo la columna de Iñaki Gabilondo ¿Dónde está Rajoy? (http://blogs.elpais.com/la-voz-de-inaki/2012/04/donde-esta-rajoy.html) Pensaba en la similitud de su reflexión con la sensación que este evento me deja. Parece que también por acá cuestionamos al gobierno porque está trabajando para los mercados, confunde el quehacer democrático con un favor e ignora el sentido de la democracia que debería ser realmente una actitud de relación con la gente. Es que el papel del político democrático es abrir espacio para esta participación pública y no está de más reconocer a los interlocutores respetuosamente sobre todo cuando actúan correctamente.
Parece importante entonces recordarle al gobierno que colectivos como RedPaTodos no están pidiendo el favor de que se les oiga, están reclamando como ciudadanos el derecho a participar en el ejercicio democrático. Aquí estamos y no nos vamos para ninguna parte.
