Transparencia para construir confianza en la economía digital
Como cada año desde el 2016, la Fundación Karisma, donde trabajo, publica el informe ¿Dónde están mis datos?. El informe es una herramienta de comparación para que las personas elijan a su proveedor de internet considerando cuál protege mejor sus derechos y, de paso, permite a cualquiera aprender sobre cómo funcionan las solicitudes que el Gobierno hace a estas empresas para bloquear URL, contenidos o acceder a nuestros datos personales, por ejemplo.
Hablemos de transparencia y privacidad y de cómo la agenda de trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2021 dará relevancia a este informe.
Mientras el intercambio de datos personales se ha convertido en un elemento central de la economía digital, ya nadie desconoce que esas transferencias exigen desarrollar mecanismos de gobernanza y garantías que construyan confianza y permitan desarrollar un entorno económico sano. Esto tiene varias aristas, una de ellas es pensar el tema frente a las facultades de los Estados para acceder a los datos que están en manos de empresas privadas, que es una de las preocupaciones que analiza el informe ¿Dónde están mis datos?
El comité de política de economía digital de la OCDE publicó una declaración en diciembre de 2020 donde perfila algunas preocupaciones derivadas del acceso de los gobiernos a los datos personales en manos del sector privado. En esta declaración se dice, por ejemplo, que tal recolección debe tener un propósito legítimo y responder a criterios de necesidad y proporcionalidad, tratarse con garantías y transparencia, y además anuncia que durante 2021 habrá un grupo de trabajo para ofrecer recomendaciones de políticas en este tema a los Estados miembros.
Este plan de trabajo de la OCDE confirma que el tema no es solo una preocupación de quienes hablamos de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sino que está también en la agenda de la política económica internacional. De hecho, reafirma que estas son áreas que se interconectan, habla de que el desarrollo económico requiere de entornos garantistas de derechos.
Dicho esto, los informes ¿Dónde están mis datos? (en otros países de la región se conocen como ¿Quién defiende tus derechos?) se convierten en un antecedente donde, desde ejercicios ciudadanos, se construyó una herramienta de información, transparencia y seguimiento en la región para entender parte del entramado de vigilancia de las comunicaciones que está dentro de un diseño legal muy opaco. Adicionalmente, al menos para el sector empresarial, estos reportes han favorecido el desarrollo de informes de transparencia que han traído a la región esta buena práctica empresarial.
El informe ¿Dónde están mis datos? de 2020 analiza la información pública de las siete empresas con mayor participación en el mercado colombiano: Claro, Telefónica, Tigo, ETB, Emcali, Directv y —desde este año— Avantel. La información se analiza desde un marco de respeto a los derechos humanos, en línea con compromisos internacionales y sobre todo en relación con la libertad de expresión e intimidad, aunque también hay espacio para revisar accesibilidad, seguridad digital, género y transparencia.
Las recomendaciones que se ofrecen en el informe de 2020 buscan que las empresas colombianas avancen con compromisos y políticas ajustadas a buenas prácticas internacionales que, en materia de transparencia y privacidad en concreto, les ayudarán a prepararse y a contar con algunas claridades frente a lo que la OCDE estará trabajando y, por tanto, buscará camino a las políticas.
Por ejemplo, sería muy positivo que durante 2021 las empresas trabajen en ofrecer información sobre la forma como atienden las solicitudes de las autoridades sobre “datos del suscriptor”, bloqueos de URL e interceptaciones telefónicas. Nos gustaría ver números, estadísticas, que podamos comparar y que incluyan información sobre cuántas solicitudes de este tipo reciben y atienden, quiénes las presentan y categorías sobre cómo se resuelven.
También creemos que estas empresas pueden proveer información sobre el marco legal aplicable en materia de retención de datos y los tiempos en los que esto sucede. Serviría además que mejoraran la información sobre el procedimiento que usan para valorar la legitimidad, necesidad y proporcionalidad de estas solicitudes, así como estudiar la posibilidad de notificar a las personas sobre los requerimientos de modo que podamos cuestionarlos y proteger nuestros derechos —como ya se pide en Chile y sucede en algunos países de Europa—.
Cabe indicar que de las siete empresas analizadas ya hay tres que tienen normalizado algún tipo de informe de transparencia (Claro, Telefónica y Tigo), mientras que ETB —que lo venía haciendo— no publicó ninguno en 2020, Directv lo hace a nivel mundial pero no local y Emcali y Avantel todavía tienen la oportunidad de estrenarse en esta buena práctica.
Invito a las personas a leer este informe con curiosidad para aprender sobre vigilancia de las comunicaciones entre muchos otros temas; al Gobierno, a ampliar su contexto de lo que serán discusiones interesantes este año en la OCDE, y a las empresas, para que sigamos construyendo un entorno protector de los derechos de las personas que servirá para fortalecer la economía digital en Colombia.
Como cada año desde el 2016, la Fundación Karisma, donde trabajo, publica el informe ¿Dónde están mis datos?. El informe es una herramienta de comparación para que las personas elijan a su proveedor de internet considerando cuál protege mejor sus derechos y, de paso, permite a cualquiera aprender sobre cómo funcionan las solicitudes que el Gobierno hace a estas empresas para bloquear URL, contenidos o acceder a nuestros datos personales, por ejemplo.
Hablemos de transparencia y privacidad y de cómo la agenda de trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2021 dará relevancia a este informe.
Mientras el intercambio de datos personales se ha convertido en un elemento central de la economía digital, ya nadie desconoce que esas transferencias exigen desarrollar mecanismos de gobernanza y garantías que construyan confianza y permitan desarrollar un entorno económico sano. Esto tiene varias aristas, una de ellas es pensar el tema frente a las facultades de los Estados para acceder a los datos que están en manos de empresas privadas, que es una de las preocupaciones que analiza el informe ¿Dónde están mis datos?
El comité de política de economía digital de la OCDE publicó una declaración en diciembre de 2020 donde perfila algunas preocupaciones derivadas del acceso de los gobiernos a los datos personales en manos del sector privado. En esta declaración se dice, por ejemplo, que tal recolección debe tener un propósito legítimo y responder a criterios de necesidad y proporcionalidad, tratarse con garantías y transparencia, y además anuncia que durante 2021 habrá un grupo de trabajo para ofrecer recomendaciones de políticas en este tema a los Estados miembros.
Este plan de trabajo de la OCDE confirma que el tema no es solo una preocupación de quienes hablamos de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sino que está también en la agenda de la política económica internacional. De hecho, reafirma que estas son áreas que se interconectan, habla de que el desarrollo económico requiere de entornos garantistas de derechos.
Dicho esto, los informes ¿Dónde están mis datos? (en otros países de la región se conocen como ¿Quién defiende tus derechos?) se convierten en un antecedente donde, desde ejercicios ciudadanos, se construyó una herramienta de información, transparencia y seguimiento en la región para entender parte del entramado de vigilancia de las comunicaciones que está dentro de un diseño legal muy opaco. Adicionalmente, al menos para el sector empresarial, estos reportes han favorecido el desarrollo de informes de transparencia que han traído a la región esta buena práctica empresarial.
El informe ¿Dónde están mis datos? de 2020 analiza la información pública de las siete empresas con mayor participación en el mercado colombiano: Claro, Telefónica, Tigo, ETB, Emcali, Directv y —desde este año— Avantel. La información se analiza desde un marco de respeto a los derechos humanos, en línea con compromisos internacionales y sobre todo en relación con la libertad de expresión e intimidad, aunque también hay espacio para revisar accesibilidad, seguridad digital, género y transparencia.
Las recomendaciones que se ofrecen en el informe de 2020 buscan que las empresas colombianas avancen con compromisos y políticas ajustadas a buenas prácticas internacionales que, en materia de transparencia y privacidad en concreto, les ayudarán a prepararse y a contar con algunas claridades frente a lo que la OCDE estará trabajando y, por tanto, buscará camino a las políticas.
Por ejemplo, sería muy positivo que durante 2021 las empresas trabajen en ofrecer información sobre la forma como atienden las solicitudes de las autoridades sobre “datos del suscriptor”, bloqueos de URL e interceptaciones telefónicas. Nos gustaría ver números, estadísticas, que podamos comparar y que incluyan información sobre cuántas solicitudes de este tipo reciben y atienden, quiénes las presentan y categorías sobre cómo se resuelven.
También creemos que estas empresas pueden proveer información sobre el marco legal aplicable en materia de retención de datos y los tiempos en los que esto sucede. Serviría además que mejoraran la información sobre el procedimiento que usan para valorar la legitimidad, necesidad y proporcionalidad de estas solicitudes, así como estudiar la posibilidad de notificar a las personas sobre los requerimientos de modo que podamos cuestionarlos y proteger nuestros derechos —como ya se pide en Chile y sucede en algunos países de Europa—.
Cabe indicar que de las siete empresas analizadas ya hay tres que tienen normalizado algún tipo de informe de transparencia (Claro, Telefónica y Tigo), mientras que ETB —que lo venía haciendo— no publicó ninguno en 2020, Directv lo hace a nivel mundial pero no local y Emcali y Avantel todavía tienen la oportunidad de estrenarse en esta buena práctica.
Invito a las personas a leer este informe con curiosidad para aprender sobre vigilancia de las comunicaciones entre muchos otros temas; al Gobierno, a ampliar su contexto de lo que serán discusiones interesantes este año en la OCDE, y a las empresas, para que sigamos construyendo un entorno protector de los derechos de las personas que servirá para fortalecer la economía digital en Colombia.