La novela de la contratación de los pasaportes apenas se está escribiendo y, sin embargo, promete mantenernos pegados a la sintonía en cada capítulo. En el último se discutió sobre quién tiene el control de la identidad legal en Colombia y en la coyuntura nos enteramos de una propuesta que Alemania le hizo a Colombia para producir los pasaportes. Vale la pena mirar esa propuesta, en el fondo significa replantear la dependencia total de empresas privadas para la gestión de nuestra identidad legal.
Aunque no hay mucha información, en medios se lee que la propuesta consiste en adelantar un acuerdo entre los dos países para que Alemania en tres años transfiera la tecnología y conocimientos necesarios a Colombia para la producción de las libretas seguras de los pasaportes. Infobae al explicar la noticia llama la atención porque “la iniciativa sugiere que el Gobierno colombiano supervise de manera integral los datos de sus ciudadanos … (y) subraya la importancia de la inversión en tecnología y formación como pilares para el desarrollo y la autonomía nacional en sectores críticos”. La W a su turno cuando analiza la noticia resalta que la solución permite que Colombia “deje de depender de un proveedor” y explica que ya no se abriría licitación con empresas privadas sino que tendrían propuestas para implementar alguna solución de naturaleza pública de otro país.
Repensar cómo se contrata la operación de la identidad legal supone mirar la solución tecnológica de la identificación. Esta solución incluye las bases de datos, la definición de qué información se captura, cómo se lleva a un documento y cómo se accede. Repensar la contratación supone abrir la baraja de lo que ha hecho la Registraduría como responsable constitucional de la identidad legal. La Registraduría ha ampliado esa facultad no desde el marco legal, sino a partir de contratos y operaciones administrativas tercerizadas con privados, sin contrapesos ni controles efectivos, en un sistema del que solo vemos pedazos.
Pero antes de mirar la situación local empecemos por indicar que existe una industria internacional alrededor de la identificación en la era digital que está liderada por un puñado de empresas alrededor del mundo -en la lista están Idemia, NEC, IBM, Oracle, Drexler, Microsoft, entre otras- que ofrecen diferentes soluciones a los Estados. En el ecosistema el Banco Mundial anima especialmente a los países en desarrollo a adoptar estas soluciones promoviendo la bancarización, habla de beneficios vinculados con la protección a la seguridad digital o para evitar fraudes en bancos y hospitales.
La industria ejerce presión sobre los Estados para implementar y desarrollar costosos sistemas de identificación que prometen soluciones para casi cualquier problema e ignora preocupaciones sobre su impacto en derechos y consideraciones sobre la sostenibilidad del sistema. He hablado de preocupaciones derivadas de la digitalización de la identidad en otros derechos, hoy lo haré sobre el tema de sostenibilidad.
Estas soluciones tienen importantes costos de desarrollo y mantenimiento, exigen la disponibilidad de talento humano y obligan a pensar en cuál es el costo en términos de autonomía del sector público en la toma de decisiones sobre la identidad. Como se vislumbra en la propuesta de Alemania, hay países que no siguieron la tendencia descrita, que adoptaron otro modelo manteniendo algún nivel de capacidad interna al avanzar en la digitalización. Alemania tiene una empresa mixta para elaborar sus pasaportes y habla de tener control sobre los datos de la ciudadanía. Me atrevo a decir que, a juzgar por las declaraciones de la embajadora, fue así que encontraron la forma de aprovechar la capacidad de innovación y operación privada, pero mantienen control y autonomía en un tema central para la democracia y los derechos.
Si vemos el problema que desveló el caso de los pasaportes como uno del modelo, podemos reflexionar más allá de la producción de los documentos de identidad. Podemos ver el sistema de identidad legal en su conjunto para determinar que también allí Colombia terceriza completamente la identificación de la ciudadanía.
Idemia es la contratista más importante de la Registraduría para esto, tiene un contrato directo desde hace años y mantiene control de su funcionamiento. Idemia provee las soluciones de las bases de datos y la tecnología para la identificación, que incluye prestar el servicio de autenticación de la identidad a otras entidades públicas y privadas que hayan suscrito acuerdos con la Registraduría. Esto además es un gran negocio pues aunque no tengamos detalles sobre cuánto le cuesta a las entidades públicas acceder a las bases de datos, si sabemos que desde hace casi una década a los privados se les cobra por cada consulta. Como nota al margen, importa hablar de esto dentro de la coyuntura porque la identificación de la ciudadanía no está en manos de Thomas Greg & Sons, pero en la medida en que esa empresa es parte de la Unión Temporal que operó las elecciones y que ha contratado la expedición de pasaportes, sí accedió a las bases de datos gestionadas por Idemia bajo las condiciones del acuerdo que haya firmado.
La solución tecnológica de Idemia se ha construido sin discusiones democráticas que permitan debatir las preocupaciones sobre impacto en derechos, mucho menos sobre las de sostenibilidad. Desde fuera se ve más como una solución modular a la que se le van añadiendo pedazos según las necesidades o soluciones que quieren agregarle y que cada vez exige más inversión pública. No hay un registro claro de cuánto ha invertido la Registraduría en montar el Sistema Nacional de Identidad -que incluye datos biométricos de la población, huellas y más recientemente datos faciales-, aún así para 2021 la Fundación Karisma, a la que estoy vinculada, había establecido que el gasto pasaba de 99 mil millones de pesos con el sistema ofrecido por Idemia. Con una alerta adicional, a medida que se afianza la cédula digital la dependencia de Idemia y su solución aumentan.
La coyuntura puso un foco en los problemas del modelo actual de contratación en temas de identidad legal, que da poder a los privados -en el caso de Idemia, además seleccionada a dedo-, que controla una costosa tecnología, no cuenta con suficientes mecanismos de transparencia, crea dependencia sin generar capacidad y nos ata al proveedor.
La Registraduría podría aprender de lo sucedido en Cancillería. Puede analizar sus opciones para avanzar hacia un modelo que ofrezca mayor control estatal sobre los datos personales y sensibles de la ciudadanía; que dé más autonomía estatal en las decisiones en materia de identidad; que amplíe la transparencia para la ciudadanía; que permita construir capacidad y talento local; y que construya también capacidad al interior del Estado mitigando los efectos de la dependencia en el sector privado. ¿Sirven para eso las alianzas público privadas? De otra parte, espero que el debate se haga más complejo, que pronto abordemos otras discusiones como las que giran en torno al concepto de infraestructuras públicas digitales en la UE, dónde se discute de frente el rol de los privados.
