LA CORTE CONSTITUCIONAL DISPOne de 60 días para manifestarse sobre el referendo “de los niños”, como lo llaman sus demagógicos promotores.
Si determina que es exequible y los colombianos luego votan por el “sí”, el artículo 34 de nuestra Constitución, que prohíbe la pena de prisión perpetua, contendrá un inciso que permitirá ese castigo para quienes cometan homicidio doloso, violación y otros crímenes contra menores de 14 años y menores de 18 con discapacidades. En ese caso, la norma de normas habrá establecido que un crimen contra un menor merece una condena mayor que un crimen más grave cometido contra un adulto. Las ejecuciones extrajudiciales de cientos de civiles a manos del Ejército Nacional o las masacres de pueblos enteros no podrán ser castigadas con tanta severidad como una violación.
Quienes defienden el referendo invocan el artículo 45 de la Constitución, donde reza: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. Mi impericia en derecho constitucional y mi ambivalencia con respecto a la filosofía que motiva ese precepto hacen que me reserve la opinión sobre su justicia. Me es más fácil explicar mi repudio al referendo a través de la observación del talante de quien lo ideó y el ánimo de quienes lo apoyan.
Empiezo por señalar la ignorancia y el fanatismo de la autora de la iniciativa, Gilma Jiménez, senadora electa por el Partido Verde y también autora de los “muros de la infamia” contra violadores, ya declarados inconstitucionales por la Corte. “No tengo dudas”, dijo antes de ayer, “de que todos esos niños que están en el cielo tienen un combo que está haciendo milagros para sacar adelante este referendo”. Dejando de lado un juicio sobre sus alucinaciones religiosas, se observa que la declaración de la señora da implícitamente por muertos no sólo a los niños asesinados sino también a los que han sufrido violaciones. No es de extrañar: si se considera que la violación de un niño debe castigarse con prisión a perpetuidad mientras que un homicidio no, entonces se considera que el daño sufrido por un menor violado es más irreversible que la muerte, un supuesto claramente discriminatorio con las víctimas de violación.
Los candidatos a la Presidencia que puntean en las encuestas apoyan la propuesta de la señora Jiménez. Con su ya cómico cinismo, Santos ha pedido “cadena perpetua para esos desalmados que violan a nuestros niños”. Por supuesto, al ex ministro de los falsos positivos, paladín del principio jurídico tácito que impera en Colombia y según el cual la víctima es culpable, le conviene que se haga una distinción entre los niños, que son los únicos inocentes de verdad, y los demás ciudadanos.
Sanín también apoya el referendo, sin notar, entre otras cosas, que la distinción entre niños violados y mujeres violadas abre la puerta para presumir una especie de “menor inocencia” en las últimas, el castigo de cuyos victimarios seguirá limitado a las penas notablemente bajas que prescribe el Código Penal. Y Mockus, supuestamente verde, ha dado su sentido apoyo al referendo punitivo mientras se lo ha negado al que propone que el derecho al agua sea consagrado en la Constitución como un derecho fundamental. Sabe que en Colombia prometer castigos, aunque éstos nunca lleguen a cumplirse, da más votos que reconocer derechos o proteger el medio ambiente.
La visionaria Gilma también ha dicho: “Vamos a solicitar (al Presidente) que el referendo se celebre el 31 de octubre”. Una fantasía extravagante: la votación que hará que el testimonio de un niño sea prácticamente lo único capaz de condenar a cadena perpetua a un colombiano se celebrará el día en que los niños se visten de monstruos para jugar a asustar.
LA CORTE CONSTITUCIONAL DISPOne de 60 días para manifestarse sobre el referendo “de los niños”, como lo llaman sus demagógicos promotores.
Si determina que es exequible y los colombianos luego votan por el “sí”, el artículo 34 de nuestra Constitución, que prohíbe la pena de prisión perpetua, contendrá un inciso que permitirá ese castigo para quienes cometan homicidio doloso, violación y otros crímenes contra menores de 14 años y menores de 18 con discapacidades. En ese caso, la norma de normas habrá establecido que un crimen contra un menor merece una condena mayor que un crimen más grave cometido contra un adulto. Las ejecuciones extrajudiciales de cientos de civiles a manos del Ejército Nacional o las masacres de pueblos enteros no podrán ser castigadas con tanta severidad como una violación.
Quienes defienden el referendo invocan el artículo 45 de la Constitución, donde reza: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. Mi impericia en derecho constitucional y mi ambivalencia con respecto a la filosofía que motiva ese precepto hacen que me reserve la opinión sobre su justicia. Me es más fácil explicar mi repudio al referendo a través de la observación del talante de quien lo ideó y el ánimo de quienes lo apoyan.
Empiezo por señalar la ignorancia y el fanatismo de la autora de la iniciativa, Gilma Jiménez, senadora electa por el Partido Verde y también autora de los “muros de la infamia” contra violadores, ya declarados inconstitucionales por la Corte. “No tengo dudas”, dijo antes de ayer, “de que todos esos niños que están en el cielo tienen un combo que está haciendo milagros para sacar adelante este referendo”. Dejando de lado un juicio sobre sus alucinaciones religiosas, se observa que la declaración de la señora da implícitamente por muertos no sólo a los niños asesinados sino también a los que han sufrido violaciones. No es de extrañar: si se considera que la violación de un niño debe castigarse con prisión a perpetuidad mientras que un homicidio no, entonces se considera que el daño sufrido por un menor violado es más irreversible que la muerte, un supuesto claramente discriminatorio con las víctimas de violación.
Los candidatos a la Presidencia que puntean en las encuestas apoyan la propuesta de la señora Jiménez. Con su ya cómico cinismo, Santos ha pedido “cadena perpetua para esos desalmados que violan a nuestros niños”. Por supuesto, al ex ministro de los falsos positivos, paladín del principio jurídico tácito que impera en Colombia y según el cual la víctima es culpable, le conviene que se haga una distinción entre los niños, que son los únicos inocentes de verdad, y los demás ciudadanos.
Sanín también apoya el referendo, sin notar, entre otras cosas, que la distinción entre niños violados y mujeres violadas abre la puerta para presumir una especie de “menor inocencia” en las últimas, el castigo de cuyos victimarios seguirá limitado a las penas notablemente bajas que prescribe el Código Penal. Y Mockus, supuestamente verde, ha dado su sentido apoyo al referendo punitivo mientras se lo ha negado al que propone que el derecho al agua sea consagrado en la Constitución como un derecho fundamental. Sabe que en Colombia prometer castigos, aunque éstos nunca lleguen a cumplirse, da más votos que reconocer derechos o proteger el medio ambiente.
La visionaria Gilma también ha dicho: “Vamos a solicitar (al Presidente) que el referendo se celebre el 31 de octubre”. Una fantasía extravagante: la votación que hará que el testimonio de un niño sea prácticamente lo único capaz de condenar a cadena perpetua a un colombiano se celebrará el día en que los niños se visten de monstruos para jugar a asustar.