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La decisión de la Corte Suprema de Justicia al prorrogar una vez más la elección de la nueva fiscal general de la Nación aumenta la mal llamada “crisis institucional” que se cierne sobre el país, merced al escándalo en que se halla envuelta la vicefiscal, Martha Mancera, personaje a todas luces sub judice, a quien se la vincula como “encubridora” de la presunta comisión de delitos de narcotráfico, cometidos y endilgados al exdirector del CTI de Buenaventura.
El país está a la espera de que los magistrados del supremo tribunal de la justicia en Colombia escuchen las voces de los colombianos y medios de comunicación como lo es el diario El Espectador, que tituló su editorial del 7 de febrero: “La Corte Suprema puede ahorrarnos más divisiones”, exhortándolos de manera comedida a tomar con prontitud tan importante encargo, procediendo amparados, desde luego, en el uso de su legítima autonomía y de la indiscutible libertad de elección.
La democracia debe seguir su curso fortaleciéndose día a día, a pesar de las vicisitudes por las que transita el gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien la oposición y sus detractores de todo cuño pretenden desestabilizar y, como lo advierte el gobernante de turno, se proponen darle el llamado “golpe blando o jurídico”, mismo que suele ser ambientado y preparado con antelación, en tanto que su ejecución se da a través de montajes judiciales basados en falsas acusaciones de corrupción o violación de normas jurídicas en las que, supuestamente, incurren los gobiernos ad portas de un golpe de Estado.
No obstante, la sociedad civil debe estar atenta y ajena a minimizar tales ruidos, como que retumban por estos días en toda la faz de la Nación, al tiempo que su deber es el de condenar todas las expresiones agresivas y violentas, que de suyo, se nutren de las redes sociales, con el cometido peligroso de azuzar a las partes en disenso, en este caso, el presidente, el fiscal y la procuradora, porque su inconfesable activismo político incrementa las inoportunas tensiones que sitúan en inminente peligro la paz y la seguridad del Estado social y democrático de derecho.
De manera que lo que el pueblo colombiano anhela en tan aciagos momentos de la historia es que las instituciones y la democracia se fortalezcan, amén que tanto Gobierno, sociedad civil, clase política, jueces, Fuerzas Militares, gremios, sindicatos e Iglesia nos envíen un sensato y sonoro mensaje de unidad y reconciliación nacional, contribuyendo a zanjar civilizadamente las ostensibles desavenencias, toda vez que, está de por medio la edificación de la democracia real.
Que ojalá la Corte Suprema de Justicia cumpla su mandato constitucional y ayude a disipar la división y polarización del país eligiendo a la mayor brevedad posible a la próxima fiscal general de la Nación.
Orlando Morales
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