Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El editorial del 31 de enero —titulado “La DIAN sigue en deuda”—, que atribuye los fracasos de la DIAN al “optimismo” del gobierno Petro, simplifica un problema estructural. La entidad enfrenta una crisis histórica debido a una gestión deficiente, tecnología obsoleta, un régimen tributario caótico y la desvalorización de su talento humano. Culpar al exceso de esperanza es evadir responsabilidades.
Se trata de una gestión obsoleta, no solo de errores de cálculo. La brecha entre lo presupuestado ($314,9 billones) y lo recaudado ($243,6 billones) refleja modelos operativos anticuados. Mientras otros países modernizan sus sistemas, Colombia mantiene un régimen tributario laberíntico que incentiva la evasión. La DIAN sigue utilizando tecnología incapaz de manejar declaraciones masivas, carece de herramientas antifraude y no cuenta con interoperabilidad con otras entidades. Esto no es optimismo: es negligencia.
Por otro lado, y en el fondo lo más importante, la entidad cuenta con un capital humano precarizado. No solo falla en tecnología, sino también en recursos humanos. Su planta laboral es insuficiente y los funcionarios clave, quienes mueven la máquina, carecen de estabilidad. Concursos opacos priorizan cuotas políticas sobre la experiencia técnica, desplazando a quienes sostienen operaciones complejas. El clima laboral es tóxico, con empleados desmotivados y precarizados en provisionalidad, lo que profundiza la ineficiencia.
Además, el régimen tributario no evoluciona en medio del caos legislativo. El gobierno Petro no ha simplificado un sistema fiscal inflado por parches normativos y exenciones contradictorias. Proyectos como la factura electrónica avanzan lentamente, mientras persisten regímenes especiales que facilitan la elusión. Sin claridad, ni la mejor tecnología garantizaría un recaudo eficaz.
Finalmente, el liderazgo es inestable y carece de autonomía debido a que la entidad está politizada y es antitécnica. La rotación de directores (como Luis Eduardo Llinás, el cuarto en tres años) evidencia una entidad sin rumbo. Cada líder promete modernización, pero ninguno tiene la autonomía o la voluntad para llevar a cabo reformas estructurales. Los proyectos dependen de funcionarios interinos, sin respaldo político para enfrentar resistencias internas.
Colombia requiere una transformación institucional en la DIAN que priorice: ampliar su planta de personal bajo criterios técnicos, integrar a los empleados provisionales —potenciando su conocimiento y compromiso— en cargos permanentes, invertir en modernización tecnológica, simplificar el sistema tributario y restaurar la confianza interna. Mientras la entidad sea tratada como botín político, persistirán los ciclos de recaudos fallidos y reformas cosméticas. La crisis de la DIAN no surge del optimismo gubernamental, sino de la incapacidad de reconocer que refleja un Estado moralmente fracturado, navegando en aguas turbulentas bajo agendas polarizantes que ahuyentan capitales y paralizan la inversión.
Camilo Vega, Bogotá
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com
