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13 Sep 2022 - 5:00 a. m.

Cartas sobre la estrategia fiscal del gobierno y sobre un artículo

Otra estrategia fiscal

En medio de retos económicos en materia fiscal, cambiaria y ambiental, se discute el presupuesto de la nación para 2023, que incluye una partida de $78 billones (19,9 % del presupuesto) para atender el servicio de la deuda del país (tres veces el valor de la proyectada reforma tributaria), respecto a la cual el presidente Petro propuso cambiar la deuda externa de Colombia, que tiene un monto de US$ 176.085 millones, por el pago de gastos internos. Con ello, aquella se disminuiría en una muy buena parte, liberando recursos para atender los programas objeto de la reforma tributaria, cuyo destino específico no se conoce y que es causa de un descontento general de contribuyentes naturales y de empresarios, que no justifican esa reforma cuando además pareciera que no tuvieron en cuenta el aumento en los recaudos, entre otros, por la entrada en vigencia de la reforma tributaria pasada y por los dineros de los delincuentes recuperados en la luchas contra la corrupción y el narcotráfico.

Entonces, en línea y en complemento con la propuesta del presidente, ¿por qué Colombia no aplica una estrategia para reestructurar su deuda, similar a la que en los años 80 y 90 fue aplicada en otros 14 países, a través de los llamados bonos Brady, y negocia una estrategia que incluya que el país pueda recomprar su propia deuda a precios del mercado secundario y emitir bonos a largo plazo para su pago?

Ese ahorro anual permitiría estimular la demanda agregada y realizar los programas de fortalecimiento de la producción agroindustrial para crear riqueza. Además, nos confirma que es prioritario pagar la llamada deuda social y no la deuda financiera, ya que se obtendrían resultados positivos de beneficio para la población al aumentar los recursos disponibles sin afectar más al sector productivo ni a las personas naturales.

David Guillermo Puyana Silva

Dato impreciso

En la columna “Terminemos la guerra contra las drogas” —publicada por El Espectador el domingo y tomada de The New York Times— se afirma que, según la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), “la guerra contra el tráfico de drogas dejó más de nueve millones de víctimas, una gran mayoría de las cuales eran civiles”. El dato es bastante impreciso. Las víctimas reportadas son nueve millones que ha dejado el conflicto armado, no solo la guerra contra las drogas. Es cierto que esa guerra ha sido desde hace ya décadas el motor que mantiene vivo el conflicto, pero es falso que, como dice Christy Thornton, las 450.000 muertes o las 121.768 personas desaparecidas sean víctimas que “el Plan Colombia ha cobrado”. Ese programa sí contribuyó al desangre de colombianos, pero no fue su principal razón. ¿Al ser una columna tomada de The New York Times no puede al menos El Espectador hacer la aclaración en un pie de página? Muy riguroso fue el trabajo de la CEV para que se distorsione la investigación con este tipo de errores que incluso pueden minimizar la gravedad del conflicto armado al decir que la guerra contra las drogas ha sido la única causa de tanto sufrimiento.

Rubén Naher

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