Ante la inminente salida del señor Francisco Barbosa Delgado, la dignidad del ente acusador está en entredicho, pues en los casos más importantes del país no se avanza para conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, especialmente en los casos mediáticos de Álvaro Uribe Vélez, Odebrecht, Nicolás Petro, entre otros.
Resulta indispensable que la Corte Suprema de Justicia tenga la disposición de elegir a la nueva fiscal general de la Nación, cumpliendo con el deber de colocar a una penalista que cumpla con los estándares necesarios para investigar y acusar a los presuntos responsables de delitos, especialmente contra la administración pública. El ente acusador necesita una reorganización y reestructuración para volver a tener la confianza de los ciudadanos, quienes cuestionan algunos manejos de los fiscales en el periodo que estuvo al mando de Francisco Barbosa, quien se limitó a figurar como opositor del gobierno actual de Gustavo Petro.
Lo anterior es solamente una parte de la crisis que se agudiza en el ente acusador. La falta de meritocracia para este tipo de cargos y el mandato constitucional que le permite al presidente ternar a tres profesionales del derecho para que la Corte Suprema de Justicia elija a uno de ellos impiden la total autonomía que debe tener el fiscal. Este es un cargo que requiere aptitudes y criterio para tener una jurisdicción penal eficiente, sin la necesidad de depender de cargos jerárquicos o en su defecto recibir órdenes de algún político.
Una Fiscalía idónea es lo que necesita la sociedad colombiana, ante el alto índice de criminalidad. La Corte Suprema de Justicia tiene la inmensa responsabilidad de elegir, en este escenario, a una mujer idónea, que tenga la autonomía e independencia para manejar la entidad y, sobre todo, darles una perspectiva de derechos humanos a sus subordinados para proyectar igualdad en los procesos penales.
Sin embargo, podría presentarse una coyuntura en que la Corte no elija antes del 12 de febrero a la fiscal y quedaría a cargo la vicefiscal Martha Mancera, una funcionaria cuestionada, quien al parecer tiene una cercanía con Francisco Barbosa y ha estado en el ojo del huracán por el denominado caso de los narcofiscales, presuntamente por beneficiar a determinados fiscales que tendrían nexos con el narcotráfico.
La próxima fiscal general deberá trabajar fuertemente para devolverle la dignidad a la Fiscalía General de la Nación, una entidad que ha perdido el horizonte de buscar la adecuada justicia para las víctimas, dejando de lado los postulados del Estado social de derecho y democrático. La verdadera incertidumbre ante la inminente elección entre Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez para fiscal general es finalmente si serán o no la ficha de Gustavo Petro en la Fiscalía, pero solo el tiempo nos lo dirá...
Julián Rodrigo Velásquez Martínez.
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