“El posgrado en Colombia para las universidades es un negocio, no un fin social”

Con sumo desagrado leemos el artículo publicado por El Espectador (“Universidades piden al Congreso derogar ley que simplifica entrega de títulos”), publicado en su edición digital el día 8 de noviembre, además, en la sección de Política, como si democratizar el posgrado en Colombia tuviera que ver con política en vez de con educación en equidad. Desde el titular mal planteado por el periodista se hace una afirmación absolutamente falsa y que tergiversa la realidad de la Ley 2142 de 2021, que en ningún lado indica una “simplificación” en la obtención de títulos de maestría y doctorado, mucho menos una “reducción del nivel de exigencia para la expedición de títulos”. De la lectura del texto de la norma lo que se deduce es exactamente lo contrario, además que se busca dar la oportunidad a nuevos actores, como sucede en otros países, de suplir el vacío creado por el monopolio de las universidades en este tipo de programas, donde prima el objetivo de “hacer caja” por encima de la función social de formar profesionales con las más altas titulaciones.

Solo en la Rama Judicial, el número de jueces con título de doctor con las justas puede llegar al 1 %; cualquier académico que no defienda intereses económicos puede confirmar que la preparación de una sentencia judicial o de altas cortes es, en cierto sentido, equivalente al trabajo de investigación requerido para un doctorado: identificar un problema, buscar el marco conceptual y jurisprudencial en la materia, establecer el estado del arte en el país respecto del problema planteado, y aportar una solución al mismo (el famoso “resuelve”), de ahí la imperiosa necesidad de hacer el doctorado más universal e incluyente. En catedráticos universitarios e investigadores en grupos de investigación, la cifra también es patética si nos comparamos con países en la región similares en tamaño al nuestro, para muestra, el irrisorio porcentaje de doctores y posdoctores de tiempo completo, que son despedidos apenas termina la visita de acreditación…

Es descarado que las universidades pretendan ahora ser los paladines de la calidad, sin siquiera saber cuáles serán los requisitos habilitantes para que los centros e institutos de investigación previamente reconocidos por Minciencias –trámite de por sí exigente y que requiere de años de trayectoria y producción investigativa y que, además, constituye una doble habilitación: primero en Minciencias y luego en el Ministerio de Educación–, puedan ofrecer programas de maestría y doctorado.

Baste para que el lector entienda lo absurdo del argumento, decir que de los últimos 25 programas presentados por las universidades a CONACES, no mas de tres cumplieron los requisitos de calidad exigidos y obtuvieron el registro calificado, o sea, los otros eran tan malos o tenían tales fallas, que se los negaron. Esto lleva a preguntarles a los que se arrogan la vocería del genérico “las universidades”, ¿cuántas de ellas obtendrían registro calificado de programas de maestría y doctorado, si les pusiéramos como requisito primero obtener la habilitación de Minciencias? Con la cifra de CONACES dada antes, no es difícil hacer la predicción de cómo les iría.

Es hasta irónica la declaración de la Rectora (e) de la Universidad de Los Andes: “Con esta ley corremos el riesgo de seguir proliferando los programas que no son de alta calidad…” (resaltado nuestro), ¡qué tiro en el pie! Los únicos hasta hoy que pueden ofrecer programas son las universidades, o sea que reconoce tácitamente que el país está lleno de programas malos de universidades.

Ante esto, ¿por qué cuestionar una salida a los conocidos problemas y abusos de universidades que solo buscan hacer negocio? ¿No será momento de considerar otras alternativas para resolver los problemas de equidad y calidad en la educación que tiene Colombia?

Es obvio que las universidades ven “efectos nocivos” (a sus mermados ingresos), pero la realidad es otra: no pueden argüir el tema de la calidad sin saber los requisitos a cumplir por los centros e institutos, y dado que en el país proliferan programas malos, según la Rectora (e) de Los Andes –por ser generosos y darle la autoría de algo que todos sabemos–, encima a unos precios irracionales para la realidad de nuestro país, es necesario buscar mecanismos distintos para formar a los colombianos de a pie con las capacidades intelectuales para hacerlo, pero sin los recursos económicos para cubrir la matrícula de las émulas de Harvard en precios en Colombia, con pobre desempeño en los rankings internacionales que evidencian la disparidad precio/calidad.

La realidad es simple: Colombia no es un país donde se le pueda cobrar a una persona más de cien millones de pesos por un programa que en Europa vale no más de quince. La calidad de los programas está absolutamente garantizada con el doble control, primero, el reconocimiento seguido de la habilitación de Minciencias, y luego el trámite de registro calificado en el Ministerio de Educación.

Señores de “las universidades”, les planteamos esta contradicción en la que caen: si ustedes confían en Minciencias para que categorice sus grupos de investigación –ninguna que se diga o crea buena deja de presentarse a las convocatorias regulares– (y acá agregamos que muchos centros e institutos tienen grupos categorizados en A y A1 medidos con el mismo rasero que les aplican a ustedes, y no los escuchamos quejarse de la calidad de los grupos ni de la excelencia probada de esos actores), también para que categorice a sus investigadores –con el mismo procedimiento y participación– y confían en la garantía de calidad del procedimiento de solicitud de registro calificado de programas de maestría y doctorado ante el Ministerio de Educación Nacional, ¿no está asegurada la calidad de los programas sin importar el tipo de actor que los solicita? Si lanzan irresponsablemente declaraciones como las de la noticia, ¿no están cuestionando sin quererlo o darse cuenta todo el sistema de aseguramiento de la calidad en Colombia?

Cuestionan unos actores que aún no se han definido, pero les parece bien desarrollar programas de posgrado los fines de semana en San Andrés o lugares turísticos, con rumba incluida y luego graduarlos con cuestionable rigor académico por la falta de acompañamiento a los estudiantes.

¿Cuántas patentes tienen las universidades colombianas provenientes de sus líneas de investigación comparadas con las universidades de la región?

La maestría y el doctorado deben ser para todos los colombianos y no para una élite adinerada; por eso ocupamos el segundo lugar, después de Brasil, como el país más desigual en América Latina. Sin educación no habrá desarrollo.

Autocrítica, señores, que la Ley 2142 de 2021 llena un vacío muy necesario para el desarrollo del país, y si existe es porque ustedes no son capaces de reconocer que el posgrado en Colombia para las universidades es un negocio, no un fin social, que la autonomía que tanto cuidan, no ha servido para auto regularse y la tan mentada calidad de la que se creen protectores, también les aplica.

Alfonso Clavijo González, Presidente del Club de Abogados. Decano de la Academia Colombiana de la Abogacía.