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Hace poco menos de tres meses el Congreso aprobó una ley que les da a los centros e institutos de investigación del país la facultad de dictar programas de maestrías y doctorados. Se trata de la Ley 2142 de 2021 y desde que fue aprobada ha generado gran malestar en el sector educativo, dado que esos títulos solo podían ser expedidos por las universidades del país.
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Por ese motivo, el denominado Grupo de las 10 (G10), que agrupa a las universidades más importantes del país (U. de los Andes, de Antioquia, EAFIT, Externado de Colombia, Industrial de Santander, Javeriana, Nacional de Colombia, Pontificia Bolivariana, del Valle y del Norte) manifestó este lunes su preocupación por dicha ley y pidió al Congreso derogar la ley que fue promovida por el senador Carlos Andrés Trujillo (Partido Conservador).
En una reunión que tuvo lugar en la Universidad Externado, las directivas del G10 manifestaron su inquietud por la ley que, en pocas palabras, le da la facultad a los institutos y centros de investigación no universitarios del país para que tramiten y obtengan los registros calificados con los que puedan expedir títulos de maestría y doctorado, así no sean instituciones de educación superior.
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“Con esta ley corremos el riesgo de seguir proliferando los programas que no son de alta calidad, esto pone en riesgo la formación de capital humano en el país y por ende el crecimiento económico, la equidad, el bienestar y el progreso. Por esa razón hemos acordado que es indispensable hacer un llamado para que esta ley no se apruebe de la manera en que en este momento se encuentra”, manifestó Raquel Bernal Salazar, rectora (e) de la Universidad de los Andes.
Según se comentó durante el encuentro, esta ley puede derivar en que se otorguen títulos de maestría y doctorado “de muy mala calidad”. Néstor Osuna, asesor académico de rectoría de la U. Externado de Colombia, resumió la preocupación en que con esta ley podría haber “un número de doctores que luego probablemente no encuentren enganche laboral ni desarrollo profesional acorde a sus expectativas”.
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Por tal razón, los directivos del G10 pidieron al Congreso que derogue la ley antes de que los institutos y centros de investigación empiecen a expedir títulos de doctorado y maestría. “Decidimos solicitarle al Congreso de la República que derogue la ley porque consideramos que esta es una competencia constitucional de las instituciones de educación superior colombiana”, dijo Hernán Porras Díaz, rector de la Universidad Industrial de Santander.
Y es que en Colombia hay en este momento 405 programas de doctorado en el país, de los que solo 65 tienen certificación de calidad, de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).
Esto, dadas las exigencias tan altas que tiene la normativa vigente para la expedición de esos títulos, por lo que según el G10 habilitar centros no universitarios podría graduar un mayor número de doctores, como se argumentó durante los debates, pero esto no estaría acompañado de la calidad académica y las soluciones a las deudas científicas de la educación colombiana.
Como conclusión el G10 señaló que, de no abolirse la ley, se podrían empezar a observar “efectos nocivos” en la educación del país teniendo en cuenta que la ley da luz verde a una reducción del nivel de exigencia para la expedición de los títulos de maestrías y doctorados.