La anticorrupción como arma política

A propósito del editorial del 21 de julio, titulado “¿Qué tal si con el escándalo en la Ungrd dejamos de normalizar la corrupción?”, nuevamente nos encontramos ante un caso aberrante de corrupción: la supuesta desviación de dineros públicos para favorecer el paso de proyectos presentados a consideración del Congreso, y la consabida cascada de revelaciones, filtraciones y acusaciones que parecerían indicar la tendencia corrupta del gobierno en curso. Este, además de pertenecer a la izquierda —lo que lo hace poco confiable ante la sociedad “informada”—, demuestra de nuevo el interés de llegar al poder solo para apropiarse del erario.

Este caso tiene una particularidad interesante: la cascada de declaraciones de los implicados —Sneyder Pinilla y Olmedo López— que parecerían involucrar a todos los funcionarios de alto rango del Gobierno en un cartel corrupto que busca la apropiación de recursos públicos para aumentar la riqueza de este círculo cerrado, cercano al presidente Petro. Esta cascada ha sido presentada de tal manera que se genera la sensación de un gobierno extremadamente corrupto, el cual busca, por medio de las reformas presentadas, apropiarse de la riqueza depositada en las pensiones y acabar con el sistema de salud, supuestamente uno de los mejores del mundo. Mediante estos actos de corrupción se pretende comprar al Congreso para lograr sus nefastos objetivos.

La corrupción endémica en el país es innegable. Es imposible explicar de manera racional cómo el ejercicio de la política les permite a muchos servidores públicos obtener bienes materiales de gran valor, como finca raíz, automóviles, joyas y relojes de lujo, viajes, costosas campañas políticas y derroches de tal magnitud, imposibles de obtener con un salario que no supera los US$10.000 mensuales. Sin embargo, continuamos eligiendo a estos mismos políticos, que mantienen las mismas promesas fallidas de siempre y donde muchos se presentan como luchadores incansables contra la corrupción, cuando su nivel de vida y lujos no tienen correlación con sus ingresos y mucho menos con estos supuestos ideales.

En el caso López-Pinilla, se nos presenta la corrupción de este grupo como algo inédito e increíble, y se orienta a minar la credibilidad del gobierno actual, no solo mediante las revelaciones descontextualizadas de chats, correos electrónicos, notas manuscritas y tantos otros elementos “probatorios”, sino también mediante el uso de testimonios que empiezan a rondar los límites de la fantasía. Esto se ha observado en tantos casos penales en Colombia, los cuales, al pasar los años, deben ser desestimados debido a la evidente falta de veracidad en las pruebas y materiales probatorios presentados.

El editorial menciona de manera tangencial los hechos del pasado, con una referencia al caso (menor) del señor Musa Besaile y los pagos que hizo para que su caso fuera desestimado, evitando mencionar relevantes casos de corrupción ocurridos, con grandes costos materiales y financieros para el país, y donde hasta el momento no se presentan avances y mucho menos la identificación de los verdaderos beneficiarios, varios de los cuales siguen paseando impunes en la arena política colombiana.

S. G. Witte

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