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“De noche, se les encerraba en los dormitorios para obligarlas a defecar con todas sus compañeras como testigos. A quien, por falta de luz o exceso de materia evacuada, se le regara, era obligada —junto con todas— a recogerlo con la mano a la mañana siguiente”.
Como sociedad, no podemos ser indiferentes ante la denuncia de los cineastas Rubén Tabcharani y Rubén Mendoza. ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, nuestros pueblos indígenas sigan sufriendo las humillaciones aberrantes que relatan estos dos realizadores? ¿Cómo puede ser que, cien años después de la publicación de La vorágine, los pueblos aborígenes continúen soportando vejámenes por parte de la Iglesia?
El Estado, según el reportaje publicado el domingo 23 de febrero de 2025, paga un arriendo costoso al Vicariato Apostólico de Leticia para que este preste el servicio de internado-orfanato y mantenga las instalaciones en óptimas condiciones. No obstante, los niños que permanecen allí no tienen acceso a agua potable, carecen de baños adecuados y no hay duchas; deben bañarse en la antigua marranera de los curas. ¡Esto es deplorable, inaudito!
Hago un llamado al pueblo colombiano para que dejemos de lado la indiferencia. Debemos alzar nuestra voz de protesta para que nuestros hermanos indígenas no sigan siendo atropellados por esta Iglesia colombiana, que levanta su voz para impedir que se le cobren impuestos con el argumento de que, de hacerlo, no podría seguir cumpliendo con su supuesta labor misericordiosa de ayudar y proteger a los más necesitados.
Ojalá este reportaje no se quede solo en eso. Debe servir para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto. ¡Qué vergüenza de país!
Adriana Cubillos Montero
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