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La deficiente educación pública es una de las características de los países más desiguales del mundo. Esta precariedad se refleja en la deficiente apropiación de contenidos y, en última instancia, en la incorrecta adquisición de habilidades que conducirían a las personas al anhelado progreso, desde el marco pragmático de nuestro modelo actual.
En Colombia, la necesidad de 11 generaciones para salir de la pobreza está relacionada con barreras como la falta de infraestructura, recursos limitados y la ausencia de docentes capacitados. Además, esta situación es más dramática en las zonas rurales.
La fragilidad de la educación es la vía para un sistema educativo de nichos, como lo diría la otrora relatora de las Naciones Unidas Katarina Tomasevski. Un sistema educativo que depende del bolsillo. Así, se presenta una primera división entre aquellos que no tienen con qué pagar y aquellos que sí.
Pero entre los que tienen dinero también hay divisiones. Por un lado, están las instituciones educativas exclusivas que no se preocupan por ser atractivas para la clase media y, por otro, están aquellas que deben mantener un equilibrio entre precio y calidad.
Precisamente estas últimas, para ser competitivas en el mercado manteniendo las ganancias propias, a menudo recurren a prácticas laborales precarias, como contratar a docentes con contratos a término fijo y salarios bajos, y exigirles que realicen tareas fuera de sus descripciones de trabajo, todo en un esfuerzo por reducir costos. Recientemente estuve en un colegio privado donde los docentes tenían que atender un bazar con el fin de recaudar fondos que se destinarían al pago de sus cesantías.
Esta es una forma de trasladarles los costos de la educación a los docentes, quienes con su precarización hacen al sistema rentable para acudientes y dueños de los colegios. Los docentes de este tipo de establecimientos privados terminan pagando el precio por la calidad de educación que disfrutan los estudiantes de familias de clase media a costa de recibir un salario menor al que merecen, siendo excluidos de los beneficios básicos para todo trabajador, como el disfrute de las vacaciones o la estabilidad laboral. Incluso son marginados de la libertad de expresión, ya que cualquier manifestación de descontento es castigada con la no renovación del contrato.
La educación es un derecho fundamental en el que, indudablemente, los personajes centrales son los estudiantes. Sin embargo, no se puede ignorar que el sistema educativo no solo genera desigualdades para ellos, sino que también perpetúa la desigualdad respecto a los docentes, al precarizarlos, marginarlos y obligarlos a vivir en la incertidumbre, con pocas esperanzas de progreso.
Es crucial reconocer que la educación es demasiado importante para dejarla a merced del mercado. Es necesario trabajar para construir una sociedad más equitativa y justa, donde cada estudiante tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Crear un sistema ideal de educación pública y de calidad para todos, donde el hijo del banquero pueda compartir con el hijo de la persona encargada del aseo del banco, es una utopía por la que debemos luchar. Mientras tanto, es relevante fortalecer los derechos de los docentes y que las autoridades supervisen estos establecimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad. Además, los acudientes de los estudiantes, que también son trabajadores, deberían exigir mejores condiciones para los docentes.
Walter Pérez Niño.
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