Los acuerdos de paz

La paz es un elusivo anhelo de los colombianos. Es un bien escaso y esquivo que no se ha logrado conquistar, estando los colombianos sometidos a la insania, la barbarie, el sinsentido de acciones de otros colombianos que los violentan, secuestran y asesinan, con la paradoja de que lo hacen invocando su bienestar. La cuestión desalienta, porque cada tanto se firman acuerdos de paz que con el tiempo se convierten en una nueva frustración de los habitantes. El aumento de la violencia y de la criminalidad se pueden atribuir a malos resultados de acuerdos suscritos anteriormente.

Esto lleva a cuestionar varios aspectos. Uno tiene que ver con los afanes de los gobiernos para lograr acuerdos, dado que el interés por mostrar resultados a los electores se convierte en un mal propósito. La politización de los acuerdos de paz, como parte de campañas electorales, tiene un efecto negativo sobre los procesos.

La forma en que se ha impuesto en el país la idea de que las negociaciones deben ser secretas es otro factor adverso, porque escapa a la vigilancia ciudadana lo que se discute, los acuerdos que se proponen y las cosas que el Estado está dispuesto a ceder, asuntos que afectan la transparencia y la rectitud indispensables para un buen gobierno. En una ocasión anterior, el pueblo en un plebiscito rechazó los acuerdos a los que se había llegado. Posteriormente, el Gobierno y los representantes de la organización guerrillera que participaban en la negociación remendaron las objeciones y sacaron adelante sus ideas, lo que deslegitimó el acuerdo firmado. Esto sirvió de pretexto a unos miembros de esa organización para rearmarse y continuar sus actividades ilegales.

A lo largo de los años, varios acuerdos se han suscrito o se han tratado de suscribir, dejando un acumulado de negociaciones y de experiencias, por lo que cada vez son mayores las exigencias y las presiones que reciben los gobiernos para que hagan más concesiones. En el caso actual, se trata de negociar al mismo tiempo con todos los grupos armados insurgentes y delictivos existentes, lo que genera una gran presión al Gobierno y fomenta que las organizaciones armadas pretendan mayores concesiones. Eso puede llevar al fracaso de las negociaciones o a que el Gobierno haga concesiones que resulten inaceptables para la población.

Los países amigos y las organizaciones internacionales que intervienen, empeñados en que se logren acuerdos, se olvidan de la población y acolitan concesiones y beneficios que son fatales para el país. Una parte de la población está en desacuerdo con los términos con que se negoció la justicia en el acuerdo suscrito en el año 2016 con las FARC, por considerar que los responsables de atrocidades y de graves violaciones a los derechos humanos de los colombianos no quedaron sujetos a las sanciones que merecían.

Es indispensable un debate entre los colombianos, ilustrado, ponderado, serenamente orientado, donde se fijen las líneas rojas que el Gobierno no puede cruzar cuando se trate de la suscripción de acuerdos de paz.

Fernando Brito Ruiz. Pereira.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com