Política pública rural requiere opiniones coherentes

La columna “Ruta crítica para la reforma rural” plantea estrategias ya fracasadas, sin estudiar el replanteamiento por enfoque territorial, con integración de recursos sociales, organizativos, económicos y ambientales. La perspectiva exige el rediseño de políticas con ordenación del territorio por provincias, la simbiosis desarrollo rural-urbano-rural, la articulación a los sistemas agropecuarios, agroforestales y silvopastoriles; la venta de servicios ambientales y alianzas entre la comunidad, el Estado y el sector privado.

Las reformas se estructuran con renovada conceptualización espacial y poblacional. La ruta para las políticas, acorde con la realidad contemporánea, es así:

A. Reforma rural

• Reconocimiento provincial. La planeación rural y el Catastro Multipropósito no tienen alcance nacional, departamental y menos municipal. Son por provincias homogéneas 110, aproximadamente, según leyes 160/94, 1454/2011. Ejemplo, La Mojana requiere POT y catastro integrados, sin fronteras artificiales, y después, derivar los 13 instrumentos municipales.
• Trazado de la frontera agropecuaria y agroecológica. Estrategias y proyectos dependen de esta frontera, cuando la Ley 135 de 1961 falló por considerar que la tierra resolvía el problema, sin asegurar calidad y pertinencia respecto a destrezas campesinas; el resultado: cambio de pobres sin tierra a más pobres con tierra.
• Producción sin estudiar aptitud y vocación del suelo. Este conflicto explica la crisis, baja productividad, alto costo de insumos y baja calidad; sin este ajuste, las reformas rurales asumen un alto riesgo.
• Cartografía social con la población. Revisión para conciliar diferencias, trazar cadenas de valor y aproximarse al sector privado requerido para impulsar desarrollo territorial.

B. Reforma agraria

• Reconocimiento legal de demanda. Política pública de calidad que asume tres frentes socioeconómicos:

i) Familias que han recibido tierra por el Estado, sin resolver su pobreza absoluta.

ii) Familias carentes de tierra, con capacidad y decisión de administrarla. Explicarles la reforma rural, discutir microzonas de interés y conciliar sistemas productivos agroindustriales.

iii) Reforma agraria autogenerada por ganadería extensiva, mediante economía circular con propia generación alimentaria animal. La actividad agrícola mejorará la carga ganadera.

• Administración de terrenos baldíos. Punto de mayor atraso para reformas, títulos expedidos no se registran en instrumentos públicos. Interesados reciben título del Incora, Incoder o ANT, y lo engavetan. Es mantener tierras sin control, no pagan impuesto y permiten construir neolatifundismo mediante trámites en diversas zonas.

El Gobierno debe afinar este asunto, adoptando una política emergente de registro, con plazo de dos meses, y al finalizar, título no registrado es inexistente.

Aplicada la emergencia, el IGAC actualizará estadística, con cuatro objetivos:

i) Certificar demanda legal, comprobando que no son propietarios ni han recibido tierras por parte del Estado.

ii) Al clasificar títulos dentro y fuera de la frontera agropecuaria y agroecológica se identificarían baldíos recuperables por corrupción.

iii) Organizando propiedad y tamaño de predios con registro por cédula y cantidad de títulos, se descubrirá otra franja recuperable.

iv) Aportar soporte, por provincias, para catastro multipropósito.

• Reforma agraria con acceso al uso y acceso a propiedad. La demanda supera la capacidad estatal. Hay que innovar en soluciones y prever arriendos con opción de compra. Que el IGAC identifique bienes fiscales de instituciones nacionales, departamentales, municipales, y tras descentralizar Inderena, Incora, Incoder, Banco Agrario, Ecopetrol, SENA, ANT, revisar perspectivas según reforma rural, promover el acceso por comodatos, arrendamientos o adjudicaciones. Adicional, aplicar entregas anticipadas en extinción, expropiación y recuperación de baldíos y cierra con oferta que cumpla estándares de ubicación y calidad.
• Las alianzas productivas mitigan el riesgo sectorial. El Banco Mundial realizó estudios rigurosos y concluyó que la reforma agraria necesita fondos rotativos de inversión, gerencia técnica y alianzas con el sector privado de insumos y agroindustria para conectar con centros de logística, acopio y valor agregado.
• Blindaje de política pública. El territorio rural requiere bienes públicos para cambios sostenibles y no subsidios individuales que encarecen procesos. Es preciso un acompañamiento permanente que exija profesionales comprometidos con producción, productividad y costos.

Julio Hernando Urbina Ávila, economista especializado en planeación rural-urbana-agrícola.

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