Respuesta a un editorial: La junta directiva de Ecopetrol

A propósito del editorial del 5 de abril, titulado “La junta de Ecopetrol debe pensar en la empresa”. Considero que su llamado debería hacer eco de un problema más profundo en esta, como en la gran mayoría de empresas donde el Estado es accionista.

El debate que ustedes proponen enmascara una discusión pendiente y más profunda sobre el principal vacío en su sistema de gobierno corporativo: la ausencia de una política de propiedad explícita para el mayor activo corporativo del Estado colombiano.

Como todas las empresas de propiedad o con mayoría accionaria del Estado (EPE), Ecopetrol enfrenta retos que sus similares en el sector privado no tienen, en particular aquellos provenientes de la naturaleza y la forma como se ejerce la propiedad estatal. Se destacan, de manera determinante, dos tipos de influencias: el uso de las entidades para ejecutar políticas públicas y para realizar transacciones políticas, entre otras acciones.

Ecopetrol, como vehículo de política pública, por ejemplo, fue recientemente encargada de implementar la denominada “transición energética”. Otros gobiernos le han encomendado comprar empresas (ISA), desarrollar proyectos (Reficar), o escindirse para crear una filial de transporte de hidrocarburos (Cenit). Además, aunque no está reglamentado, la empresa actúa como financiador de primera mano del Gobierno y del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), entre otras acciones de política pública. Cada gobierno, de forma discrecional y con el único parámetro de su decisión política, impone nuevas obligaciones a la petrolera —sin costo para su mayor accionista—, lo cual puede minar su capacidad empresarial, imponer mayor presión sobre su gobierno corporativo y conducirla a destruir valor (¿cuál de las iniciativas mencionadas generó valor para sus accionistas?). Una adecuada política de propiedad impondría condiciones mínimas para cada encargo, con el fin de preservar la integridad empresarial y patrimonial de la entidad en el largo plazo.

Ecopetrol también ha sido utilizada como instrumento de negociación y transacción política, por ejemplo, mediante nombramientos en cargos de dirección y control, lo cual es un camino peligroso que puede permitir el ingreso de personas no idóneas en su gestión. El gobierno anterior, por ejemplo, designó como presidente de la junta directiva de la petrolera al gerente de la campaña del presidente de la República. En el actual Gobierno, el presidente de la compañía, coincidencialmente, también fue el gerente de campaña del hoy presidente de la República. Quienes se ubican en polos opuestos del espectro político criticaron esas decisiones en su momento, pero ninguno ha propuesto un ajuste estructural del gobierno corporativo de Ecopetrol que minimice los riesgos inherentes a estas decisiones políticas, de las cuales ambos se beneficiaron. Una política de propiedad impondría restricciones y prohibiciones explícitas a estas prácticas, como se hace en otros países.

Rubén Darío Avendaño

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com