Sobre el editorial del 2 de febrero de 2025, titulado “Envenenan el pozo del proceso contra Álvaro Uribe”.
Aunque es cierto lo que plantea este editorial sobre que el caso contra el expresidente “tiene suficientes sospechas como para ameritar que la investigación sea transparente”, lo cierto es que dicha transparencia no ha estado presente en la recolección de evidencia. Mientras que en otros procesos contra figuras políticas se han anulado pruebas —e incluso absuelto a los implicados— por no haber sido obtenidas con la autorización expresa de una autoridad judicial, en este caso no ha ocurrido lo mismo. A pesar de que en su momento se reconoció que las interceptaciones al teléfono del señor Uribe fueron producto de un “error”, el sistema ha decidido validar dichas pruebas como evidencia dentro del proceso.
¿Por qué en este caso se consideran evidencia, mientras que en otros no? ¿No es esto una prueba contundente de que la justicia transgrede sus propias reglas en este caso en particular? Ya sea el señor expresidente o cualquier otro ciudadano, es legítimo preguntarse si se está actuando con imparcialidad.
Leonardo Fabio Miranda Bustos
No se trata de dilatar el proceso; para eso el expresidente cuenta con excelentes juristas que lo defienden. Sin embargo, ellos han señalado que se está violando el debido proceso y que su defendido no cuenta con garantías por parte de la justicia colombiana. Al escuchar las audiencias en vivo, se percibe una constante interrupción por parte de la jueza, quien no permite expresarse libremente al acusado ni a sus abogados. Además, este proceso se remonta a varios años atrás, cuando el Dr. Uribe presentó pruebas contra Iván Cepeda por presunto soborno a testigos. ¿Y qué hizo la justicia colombiana? En lugar de avanzar en esa investigación, tomó al Dr. Uribe e inició en su contra este y otros procesos. Por todo lo anterior, es fundamental que la información se comunique con imparcialidad y objetividad, pues lo contrario solo contribuye a confundir al lector.
Stella Martínez Vega
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