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La lectura que hago de la columna “Una feria intocable de corrupción”, de Cecilia Orozco Tascón, solo me deja tristeza y asombro por las actividades de las esposas de quienes fueron y son altos funcionarios públicos. En esos funcionarios depositamos la confianza de que ejercerían sus respectivos cargos a favor de la ciudadanía colombiana y en ningún momento en su beneficio personal, que es lo que sucedió y está sucediendo, como se relata en la columna. Allí se señala que “nadie quiere tener un enemigo sin límites morales como Barbosa”. Encontraron a la organización y la persona, con un vergonzoso pasado, que sería el socio ideal para continuar su cadena de corrupción, con la aceptación unánime de los miembros de esa organización. Como lo anterior, es normal encontrar diariamente en la prensa noticias de nuevos hallazgos de saqueo de los recursos públicos falsificación de pólizas de seguros o falsas sociedades creadas para el delito raramente castigadas.
Ante los gravísimos y descarados hechos realizados por los funcionarios Barbosa, Córdoba y sus respectivas esposas (quizá durante su viaje a San Andrés), nos preguntamos qué fue de las promesas hechas por el hoy presidente Petro en su campaña de “un gobierno de cero tolerancia. Vamos a recuperar lo que se robaron, vigilar para que no se vuelva a hacer y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas. Ni familia, ni amigos, ni compañeros, ni colaboradores”. Nadie queda excluido del peso de la ley, del compromiso contra la corrupción y de mi determinación para luchar contra ella”
Hasta ahora, no se ven esas estrategias anticorrupción que la ciudadanía ha venido clamando, sin que hasta la fecha se conozcan quiénes son los verdaderos responsables de estos delitos. ¿Qué habrá pasado con las sanciones para los pocos condenados por corrupción y delitos contra la administración pública?
Entonces, qué ha pasado que, aún con el nuevo contralor, no se ha visto actividad especial alguna dirigida a combatir la corrupción y, por el contrario, la corrupción continúa. Por ejemplo, la contratación con un solo proponente sigue siendo una práctica común y corriente, especialmente en las regiones y en época electoral más. Ojalá tanto el presidente como el contralor empiecen a luchar contra la corrupción, enfocándose en el fortalecimiento de las capacidades de prevención e investigación.
Me pregunto también si el nuevo Gobierno y el Congreso, tal como lo anunciaron, adelantarán planes anticorrupción eficaces que dobleguen definitivamente a los corruptos, empezando, por ejemplo, por los responsables de la no entrega de alimentos a los escolares o los de los “elefantes blancos” localizados en todo el país o los de los contratos otorgados bajo la Ley de Garantías modificada para beneficio personal.
David Guillermo Puyana Silva, Bogotá
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