Para el Estado colombiano, de acuerdo con los procedimientos que sigue la Policía Nacional, lo mismo que sus miembros que tienen la función de agentes de tránsito, todos somos sospechosos. Es corriente que los miembros de la Policía Nacional establezcan retenes y controles para revisar los documentos de las personas y de los vehículos en los que transitan. Retenes que en ocasiones se hacen sin ninguna clase de señal o de advertencia, en sitios completamente inesperados, a veces en parajes desolados, donde no se evidencia ningún control de esos procedimientos. Se encuentran retenes de todo tipo. De la policía vial, de la policía aduanera, de la policía nacional. Retenes de solo dos policías o de grupos de policías que se reparten estas tareas.
En esa actividad, la policía detiene a transeúntes, a motociclistas, a conductores de vehículos. Hacen bajar a las personas de sus vehículos, les piden papeles de identificación, los requisan, lo mismo que sus pertenencias. En el mejor de los casos, piden los documentos del conductor y le permiten seguir, luego de verificar sus datos. Igual detienen los vehículos de carga o del servicio público de transporte. En ocasiones, en las vías interdepartamentales o nacionales, hacen bajar a todos los pasajeros, revisan sus papeles, sus pertenencias, interrogan a algunos sobre sus actividades, les preguntan por el motivo de su viaje. No hay manera de saber qué pretenden con ese tipo de actuaciones. Seguramente piensan que con esto los criminales van a desistir de sus actividades. Ese tipo de procedimientos han sido característicos de Estados que caen bajo la denominación de Estados policías o, peor aún, Estados policiacos.
Lo anterior contradice la existencia de un Estado constitucional, donde las autoridades pueden adelantar esta clase de procedimientos únicamente ante situaciones concretas relacionadas con un delito o frente a evidentes actos preparatorios del mismo. Para esto, deben contar con un claro respaldo de inteligencia, resultado de cuidadosas investigaciones, soportadas en instrumentos técnicos y científicos que les permitan un seguimiento adecuado de las personas comprometidas en hechos delictivos, las cuales deben estar plenamente individualizadas e identificadas. En la práctica, nada o muy poco de esto se hace, por lo que las autoridades han optado por el camino fácil de poner a todos los ciudadanos bajo sospecha.
Algunas personas piensan que esta es una forma de controlar la delincuencia, de evitar delitos, de aumentar la seguridad, pero la realidad es que se trata de procedimientos abiertamente inconstitucionales, que violan el derecho que tienen las personas a circular libremente y que poco o nada sirven para luchar contra la inseguridad reinante. Si a esto se suma la falta de control efectivo sobre esas actividades de la Policía Nacional, se entiende por qué algunos de sus miembros encuentran el camino expedito para cometer actos de corrupción.
Fernando Brito Ruiz. Pereira.
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