Un Congreso que no está a la altura

Con motivo del editorial del 1 de diciembre, titulado “La ambivalencia política no produce resultados”. Es totalmente cierto que el gobierno de Petro ha tenido numerosas fallas políticas y técnicas debido a serios errores entre la planificación y la ejecución, al disenso dentro del mismo Gobierno y al apresuramiento en el agendamiento de proyectos y programas importantes, como las reformas pensional y de salud, entre otros.

Sin embargo, no es menos cierto que el Congreso no solo ha mostrado poca voluntad para adoptar reformas cruciales para el país, sino también una falta de compromiso político y civil para resolver los serios problemas sociales, políticos y económicos de la nación. Esto se debe a que, en última instancia, el Congreso no representa ni legisla en beneficio de la totalidad del país, sino en favor de intereses particulares disfrazados de defensa de la democracia. Además, se “apegan” a innumerables razones para hundir o detener iniciativas que podrían favorecer la débil “democracia” que tenemos, cooptada por intereses propios o por el lobby de sectores muy poderosos que solo buscan su beneficio empresarial y nada más.

Podría decirse que esto ha existido durante toda la vida republicana, pero después del infausto montaje del modelo económico neoliberal en el gobierno de Gaviria, con Hommes y su kínder a la cabeza, y el surgimiento del neoconservatismo político de la extrema derecha, tanto uno como otro han estado guiados por intereses económicos particulares en sectores como el financiero, el agropecuario, la subindustrialización del país y la rampante corrupción. Esto se refleja en actos que van desde el que atraca para robar un celular hasta los “empresarios de bien” que, en contubernio con su “enemigo de clase”, se roban el petróleo con la justicia callada, solo por mencionar un ejemplo. Esta situación hace que ninguna reforma propuesta esté exenta del chantaje, la mermelada o la modificación en el Congreso, de acuerdo con los intereses de los lobbies. Incluso, el ilegal financiamiento de campañas termina influyendo en legislaciones que van en contra del país, que hoy ocupa uno de los cinco primeros lugares en desigualdad económica, educativa y social en América Latina, al punto de estar cerca de convertirse en un Estado fallido e inviable.

Definitivamente, nuestra democracia, con un Congreso de espaldas a las necesidades básicas del pueblo colombiano, necesita ser reformada desde su base. Esto solo será posible mediante una campaña que promueva el voto popular limpio (sin compra de votos ni artimañas) y garantice que congresistas con intereses en sectores a reformar no sean elegidos de manera indefinida, mientras el colombiano de a pie sigue muriendo de desnutrición y careciendo de un empleo digno.

Víctor Emilio García Cardozo

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