Los mal llamados “falsos positivos” son una grieta profunda en un país de por sí quebrantado, aún más cuando para la Justicia Especial para la Paz (JEP) al menos 6.402 personas fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio entre los años 2002 y 2008.
Hace tan solo unos días se dio por primera vez y luego de casi dos décadas el histórico acto de perdón por ejecuciones extrajudiciales de jóvenes en Colombia. En medio de ello, llaman la atención las críticas al hecho argumentando impunidades en delitos cometidos por grupos armados, principalmente a partir del Acuerdo de Paz. Estas posiciones, además de avivar los dolores de las víctimas y aumentar la fracturación social, para nada son fundamentadas.
El dolor por causa de la violencia en el país no es un hecho excepcional. Lastimosamente, Colombia ha vivido violencias de diferentes tipos y con diversas causas desde su independencia, que hasta el día de hoy no nos han permitido afianzarnos como nación. Es innegable que las guerrillas, sus atentados y su actividad criminal causaron daños tal vez irreparables a la sociedad y en especial a las víctimas, pero en ninguna circunstancia se puede justificar el actuar ilegal del propio Estado.
Si nos remitimos a la razón misma de la constitución del Estado, encontramos que en un pacto social que decidimos realizar todas las personas, en cierta medida renunciamos a nuestras libertades para ser parte de una sociedad con el único fin de que el gran Leviatán o Estado garantice nuestros derechos fundamentales. Es así como el actuar criminal de a quien entregamos nuestra protección representa una traición directa a nuestro gran acuerdo social y atenta agudamente contra nuestra base fundamental de convivencia.
Por lo anterior resulta totalmente reprochable que en declaraciones como las del expresidente Uribe se exalte la reducción de homicidios y secuestros, se alaben las retóricas de paz y desmovilización que se tuvieron, y se argumente que no existieron pagos directos para matar inocentes, cuando paralelamente, de manera indiscutible y sistemática, la política de seguridad del Estado incentivó la muerte de personas pobres y vulnerables para engrandecer un proyecto de gobierno. Lo cierto es que las muertes ocurrieron bajo un gobierno que se enorgulleció en su momento por los resultados militares y que generó réditos políticos con la falsa ilusión de estar acabando con guerrillas.
No es cierto que los delitos de los grupos armados justifiquen los cometidos desde las Fuerzas Militares, cada uno debe pagar, como indica la ley, por su actuar ilícito. Tampoco es constructivo realizar odiosas comparaciones entre las víctimas que han luchado de lado y lado por encontrar la verdad, sanar y perdonar. Cada una merece la dignificación arrebatada por las sangrientas guerras en el país y esperemos que hacia adelante, en cada acto de perdón y reconocimiento, con la ocasión que sea, tengan el respeto que como sociedad les debemos.
Danna Valentina Montoya Ramírez. Abogada.
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