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La democracia representativa de orden liberal es el modelo político imperante del Siglo XXI. Los regímenes con sistemas diferentes, hoy en día, siguen siendo una minoría. Sin embargo, este tipo de democracia adolece de cuatro decepciones históricas: la corrupción (de individuos e instituciones), el desfase comunicativo entre representantes y representado (gobernantes y gobernados), el desfase temporal entre el tiempo político y el de la sociedad (en particular, el de los medios) y la dificultad para atribuir responsabilidades (Pierre Rosanvallon, 1995).
A la última decepción se le ha denominado como una “falta de imputabilidad” del sistema democrático: hay tantos problemas que no sabemos a quién culpar y tampoco nadie quiere asumir la culpa. La responsabilidad política se deja de lado, son pocos los políticos que aceptan sus errores y, aún menor, los políticos que toman medidas al respecto, puesto que no es solo aceptar la equivocación de los actos.
El caso del desastroso manejo político que se ha dado por el desastre ocasionado por la DANA en Valencia, España, es muestra clara de esta decepción democrática. Como se ha visto en las noticias, miles de ciudadanos salieron a marchar tanto en Valencia como en Madrid en contra de los líderes políticos. Pedro Sánchez solo aumentó la rabia nacional al decir que solo después de los daños miraría quién tiene la responsabilidad política. El presidente de Valencia, Carlos Mazón, no se quedó atrás, dijo que los errores había que asumirlos “con toda humildad”, pero ¿de qué humildad le está hablando al pueblo de Valencia?
La asignación de responsabilidades en la democracia se ha distorsionado. Aunque en teoría sabemos quién es responsable de qué, cuando buscamos exigirles una rendición de cuentas, muchos gobernantes y representantes se escudan en una compleja maraña de leyes y normativas.
Pedro Sánchez es ejemplo de esto: en teoría, él no estaba obligado a intervenir en Valencia, respetando así la autonomía de la Comunidad Valenciana. Solo debía actuar si el presidente Mazón solicitaba su ayuda. Sin embargo, también tenía otras tres opciones, como la potestad de activar el estado de alarma y asumir el control mediante una intervención directa de orden nacional, solo por mencionar una. Sánchez optó por no hacerlo, eligiendo en su lugar la opción de esperar la solicitud de Mazón. Esta decisión, aunque legal, implica una responsabilidad política que ahora parece eludir. Alegando que solo tenía esa opción, que no había otra alternativa, oculta otras posibilidades de acción.
Esta falta de responsabilidad y la escasez de mecanismos para canalizar la insatisfacción del pueblo llevan a que los ciudadanos opten por figuras antisistema que prometen llevar a juicio a quienes consideran responsables. Así este juicio salga de las normas, así sea una justicia fuera de la justicia.
Parece que, mientras los problemas aumentan, los gobernantes carecen más del valor de la responsabilidad, el cual es reconocer que, cuando algo ha funcionado mal, alguien debe pagar: la democracia no funciona si tenemos la impresión de que el poder no paga por sus errores y sus omisiones.
César Augusto Pardo Acosta
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