En el video de seguridad del parqueadero se ve claramente cómo la mano de Javier Rodríguez se alza en el aire y se hunde fatalmente en el cuerpo de Yanira Rojas, su esposa, mientras varios espectadores lo rodean estupefactos y sólo su hijo de nueve años tiene la iniciativa de interponerse y finalmente salir corriendo a pedir ayuda.
Una vez detenido, Javier aceptó los cargos, como si fuera la gran novedad, como si quedara un mínimo de incertidumbre sobre su culpa. Admitir esta obviedad hará que su pena se reduzca en un 50%.
La figura del preacuerdo es muy popular entre los asesinos de mujeres, pues con sólo admitir sus crímenes, así en principio se declaren inocentes, es suficiente para que su condena se vuelva un asunto menor, y de paso “ayudan” a agilizar procesos y a reducir el hacinamiento en las cárceles. Así, en nombre de la descongestión judicial, decenas de asesinos reciben un menú de beneficios que devolverán a muchos a las calles para pavonearse frente a las familias de sus víctimas y empezar la cacería de su próximo “amor”.
A pesar de ser pocas, las condenas por asesinatos de mujeres son muchas en comparación con otros crímenes típicamente de género, como el acoso sexual y la violación como tortura, que llegan casi a un 100% de impunidad.
Según las cifras de la Fiscalía, desde la Ley 157 de 2008, que penaliza el acoso sexual (antes de 2008 ni siquiera era un delito), en los últimos cuatro años se han registrado 1.057 casos. El 64,1% corresponde a mujeres, el 14,1% a hombres y el 21,8% no tiene datos de sexo. El 95% de estos casos se encuentra en archivo, o en proceso (en su mayoría en indagación preliminar, que quiere decir que en el mejor de los casos se están recogiendo las pruebas). En total, de los 1.057 casos, que no deben ser ni la mitad de los casos reales, sólo cinco han tenido sentencias: una absolutoria y cuatro condenatorias. El mensaje que esto envía es que si usted es víctima de acoso sexual, lo mejor es que ni denuncie, si le va bien su queja terminará en un archivo y si le va mal la echarán de su puesto y quedará con el estigma frente a futuros empleadores.
Por otro lado, según la Encuesta de prevalencia sobre la violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano 2001-2009 (Envise), para este período se estimó que casi medio millón de mujeres (489.687) fueron víctimas directas de violencia sexual, entre ellas, 7.754 fueron víctimas de prostitución forzada, 26.058 de embarazo forzado y 19.422 de esterilización forzada. En este tipo de delitos, según el informe de Amnistía Internacional para 2011, la impunidad es casi de un 100%.
Se acaba de pasar un proyecto de ley para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto, una propuesta que pone el problema sobre la mesa pero cuyo efecto real dependerá de cómo la usen fiscales y jueces en el momento de condenar. Otros proyectos de ley, en cambio, aunque parecen llenos de buenas intenciones, pueden llegar a aumentar los casos de impunidad. El proyecto de ley en honor a Rosa Elvira Cely, por ejemplo, busca crear el tipo penal de feminicidio para reemplazar el actual homicidio agravado por ser mujer. Para que alguien sea condenado por feminicidio habrá que probar que el sexo de la víctima fue el motivo definitivo para el ataque, lo que podría elevar las exigencias probatorias y terminar entorpeciendo las condenas.
En el papel las mujeres colombianas estamos 100% protegidas, en la vida real el mismo porcentaje aplica, pero para una impunidad rampante que deja libres a los agresores y desprotegidas a las mujeres y sin ninguna buena razón para creer en la justicia y denunciar.
En el video de seguridad del parqueadero se ve claramente cómo la mano de Javier Rodríguez se alza en el aire y se hunde fatalmente en el cuerpo de Yanira Rojas, su esposa, mientras varios espectadores lo rodean estupefactos y sólo su hijo de nueve años tiene la iniciativa de interponerse y finalmente salir corriendo a pedir ayuda.
Una vez detenido, Javier aceptó los cargos, como si fuera la gran novedad, como si quedara un mínimo de incertidumbre sobre su culpa. Admitir esta obviedad hará que su pena se reduzca en un 50%.
La figura del preacuerdo es muy popular entre los asesinos de mujeres, pues con sólo admitir sus crímenes, así en principio se declaren inocentes, es suficiente para que su condena se vuelva un asunto menor, y de paso “ayudan” a agilizar procesos y a reducir el hacinamiento en las cárceles. Así, en nombre de la descongestión judicial, decenas de asesinos reciben un menú de beneficios que devolverán a muchos a las calles para pavonearse frente a las familias de sus víctimas y empezar la cacería de su próximo “amor”.
A pesar de ser pocas, las condenas por asesinatos de mujeres son muchas en comparación con otros crímenes típicamente de género, como el acoso sexual y la violación como tortura, que llegan casi a un 100% de impunidad.
Según las cifras de la Fiscalía, desde la Ley 157 de 2008, que penaliza el acoso sexual (antes de 2008 ni siquiera era un delito), en los últimos cuatro años se han registrado 1.057 casos. El 64,1% corresponde a mujeres, el 14,1% a hombres y el 21,8% no tiene datos de sexo. El 95% de estos casos se encuentra en archivo, o en proceso (en su mayoría en indagación preliminar, que quiere decir que en el mejor de los casos se están recogiendo las pruebas). En total, de los 1.057 casos, que no deben ser ni la mitad de los casos reales, sólo cinco han tenido sentencias: una absolutoria y cuatro condenatorias. El mensaje que esto envía es que si usted es víctima de acoso sexual, lo mejor es que ni denuncie, si le va bien su queja terminará en un archivo y si le va mal la echarán de su puesto y quedará con el estigma frente a futuros empleadores.
Por otro lado, según la Encuesta de prevalencia sobre la violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano 2001-2009 (Envise), para este período se estimó que casi medio millón de mujeres (489.687) fueron víctimas directas de violencia sexual, entre ellas, 7.754 fueron víctimas de prostitución forzada, 26.058 de embarazo forzado y 19.422 de esterilización forzada. En este tipo de delitos, según el informe de Amnistía Internacional para 2011, la impunidad es casi de un 100%.
Se acaba de pasar un proyecto de ley para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto, una propuesta que pone el problema sobre la mesa pero cuyo efecto real dependerá de cómo la usen fiscales y jueces en el momento de condenar. Otros proyectos de ley, en cambio, aunque parecen llenos de buenas intenciones, pueden llegar a aumentar los casos de impunidad. El proyecto de ley en honor a Rosa Elvira Cely, por ejemplo, busca crear el tipo penal de feminicidio para reemplazar el actual homicidio agravado por ser mujer. Para que alguien sea condenado por feminicidio habrá que probar que el sexo de la víctima fue el motivo definitivo para el ataque, lo que podría elevar las exigencias probatorias y terminar entorpeciendo las condenas.
En el papel las mujeres colombianas estamos 100% protegidas, en la vida real el mismo porcentaje aplica, pero para una impunidad rampante que deja libres a los agresores y desprotegidas a las mujeres y sin ninguna buena razón para creer en la justicia y denunciar.