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Entre las razones más importantes por las cuales los movimientos de mujeres y feministas se unen al paro nacional está oponerse a las nefastas reformas económicas que quiere hacer este Gobierno, que solo les traen beneficios a los más ricos y poderosos, ahogando a las clases medias y bajas, y por supuesto las mujeres de Colombia seremos las más afectadas. Varios colectivos prepararon el documento “Aportes desde el enfoque de derechos humanos de las mujeres diversas a las exigencias sociales en el marco del paro nacional de Colombia”, para explicar cómo estas reformas van a impactar, para mal, la vida de las mujeres.
Lo primero es que la reforma tributaria trae nuevos impuestos para la clase media: es un modelo tributario regresivo, que se sostiene con impuestos indirectos al consumo de las clases populares y que tiene un efecto diferencial en las mujeres, pues quienes entrarían a pagar esos impuestos serían principalmente las personas, muchas de ellas mujeres, que hoy, por sus bajos salarios, no están en el rango de tributación del impuesto sobre la renta.
La reforma pensional también nos va a dejar jodidas. Hoy en Colombia se estima que la brecha salarial por género es de 18 %, y en promedio las mujeres hacemos siete horas diarias de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. A pesar de todo ese trabajo extra mal pago o no reconocido, nos quieren igualar la edad pensional con los hombres, cuando ese era un derecho que habíamos ganado a través de la Corte Constitucional en la sentencia C-410/94, cuya ponencia hizo Carlos Gaviria, que reconoce que las mujeres tenemos una edad pensional inferior para “corregir” las desigualdades que crean la doble y a veces triple jornada laboral.
Uribe, no contento con quitarnos las horas extras durante su mandato, pasó un proyecto de ley que pretende permitir la contratación por horas, días o semanas para los jóvenes entre 18 y 28 años y para mujeres mayores de 57. Esto, en un panorama en el que “la participación en el mercado laboral de las mujeres está estancada hace por lo menos una década, la informalidad femenina sigue sobrepasando el 60 % y el desempleo es cercano al 14 %, siendo de casi 20 % para las mujeres jóvenes”. Lo que las mujeres necesitamos no es flexibilización laboral, eso termina siendo una comodidad para que nos exploten. Lo que necesitamos es una redistribución de las cargas domésticas y que el Estado asuma su responsabilidad implementando un sistema nacional de cuidados que “permita reconocer, reducir y redistribuir el trabajo no remunerado con el fin de cerrar la brecha de género en materia laboral y económica”. Sí, claro que queremos horarios laborales flexibles, es el siglo XXI, pero lo queremos para pasar más tiempo con nuestras familias, para descansar en vez de estar atoradas en el tráfico, no para facilitarles a nuestros empleadores que nos exploten.
Todas estas reformas apuntan a precarizar la vida de la clase media y trabajadora, y enriquecen al 1 %. Esa clase trabajadora, hoy, no son solo los hombres que trabajan en las fábricas, son los y las trabajadoras del sector de servicios y trabajadoras sexuales, y esto incluye mujeres, migrantes y parte de la comunidad LGBTI. Marchar en contra de estas reformas económicas es marchar por una sociedad más justa, en donde el trabajo del cuidado de la vida, un trabajo invisible que pone las bases que sostienen el capitalismo, sea reconocido como el trabajo más importante para nuestra sociedad. Esta es la principal exigencia económica, a la vez social y política, del feminismo latinoamericano del siglo XXI, y es necesario que no solo sea un punto más de las peticiones del paro, sino un eje transversal para encontrar justicia social.
