Hace dos años, a mediados de 2018, cuando la marea verde nacida a finales de 2017 ya se extendía por todo el continente, el debate del aborto llegó al Senado argentino, pero no pasó. El gobierno macrista era adverso y solo se consiguieron 31 votos positivos frente a 38 negativos. Pero ahora, con un proyecto de ley que llega desde Presidencia y con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Senado, el panorama es muy diferente: “Si el aborto salió del clóset con la primera discusión, con la despenalización social, ahora se consolida como derecho vinculado a la salud pública y a la justicia social. La política llegó con firmeza, una narrativa enfocada en cuidar la salud y la vida de mujeres y personas gestantes, y una nueva sinergia para reparar lo que no se logró en 2018”, escribe la periodista Florencia Alcaraz en la revista Anfibia.
El presidente Alberto Fernández envió la propuesta de ley para el aborto en Argentina el 17 de noviembre. Desde entonces empezaron los esfuerzos de coordinación, buscando un acuerdo entre diputados y senadores que no rebotara y así ganar los votos que semanas más tarde conseguirían la media sanción en la Cámara. Gran parte de estos acuerdos se hicieron en grupos de WhatsApp y a través de reuniones de Zoom. El 11 de diciembre se anunciaba este primer triunfo, con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, un resultado mucho más favorable que el de 2018, cuando pasó la media sanción a ras, con 129 votos a favor y 125 en contra. En las calles, las feministas de la ola verde hacían vigilia para esperar la resolución: “Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad, para todas las mujeres, que el aborto sea legal”, era una de las arengas que cantaban las manifestantes durante la votación.
En Argentina el aborto está permitido por causales desde 1921, pero, como sucede en Colombia, las causales no son suficientes y muchas veces el acceso a este derecho termina por ser criminalizado. Una investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito mostró que en este momento hay “825 investigaciones iniciadas por aborto en 12 jurisdicciones del país y 37 posibles casos de eventos obstétricos ocultos bajo la figura de homicidio o abandono de persona”. El informe “La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina” muestra que no se trata solo de la criminalización, sino de un dispositivo de castigo que se produce “entre las agencias policiales, el Poder Judicial, el personal de salud, los medios de prensa y, luego en algunos casos, el sistema penitenciario”, que estigmatiza y genera traumas en las mujeres, independientemente de si hay o no una condena penal.
Luego de ganar el debate en la Cámara, el Senado anunció el cronograma de la siguiente etapa de discusión: entre el 14 y el 16 de diciembre se dio el debate en comisiones, para firmar un dictamen hoy, jueves 17, y la votación final será el 29 de diciembre, así que es muy probable que antes de acabar el año el derecho al aborto sea ley en Argentina. Si pasa en la votación del Senado, esto representará un avance histórico que significa reconocer la ciudadanía plena de las argentinas, pero también tendrá repercusión en todo el continente, pues nos mostrará lo poderosas que pueden llegar a ser las manifestaciones feministas y la protesta social. Sería la consolidación, a nivel regional, de un movimiento que nos ha inspirado a todas a luchar y a tomar las calles, y una esperanza para lograr lo mismo en nuestros países.
Hace dos años, a mediados de 2018, cuando la marea verde nacida a finales de 2017 ya se extendía por todo el continente, el debate del aborto llegó al Senado argentino, pero no pasó. El gobierno macrista era adverso y solo se consiguieron 31 votos positivos frente a 38 negativos. Pero ahora, con un proyecto de ley que llega desde Presidencia y con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Senado, el panorama es muy diferente: “Si el aborto salió del clóset con la primera discusión, con la despenalización social, ahora se consolida como derecho vinculado a la salud pública y a la justicia social. La política llegó con firmeza, una narrativa enfocada en cuidar la salud y la vida de mujeres y personas gestantes, y una nueva sinergia para reparar lo que no se logró en 2018”, escribe la periodista Florencia Alcaraz en la revista Anfibia.
El presidente Alberto Fernández envió la propuesta de ley para el aborto en Argentina el 17 de noviembre. Desde entonces empezaron los esfuerzos de coordinación, buscando un acuerdo entre diputados y senadores que no rebotara y así ganar los votos que semanas más tarde conseguirían la media sanción en la Cámara. Gran parte de estos acuerdos se hicieron en grupos de WhatsApp y a través de reuniones de Zoom. El 11 de diciembre se anunciaba este primer triunfo, con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, un resultado mucho más favorable que el de 2018, cuando pasó la media sanción a ras, con 129 votos a favor y 125 en contra. En las calles, las feministas de la ola verde hacían vigilia para esperar la resolución: “Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad, para todas las mujeres, que el aborto sea legal”, era una de las arengas que cantaban las manifestantes durante la votación.
En Argentina el aborto está permitido por causales desde 1921, pero, como sucede en Colombia, las causales no son suficientes y muchas veces el acceso a este derecho termina por ser criminalizado. Una investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito mostró que en este momento hay “825 investigaciones iniciadas por aborto en 12 jurisdicciones del país y 37 posibles casos de eventos obstétricos ocultos bajo la figura de homicidio o abandono de persona”. El informe “La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina” muestra que no se trata solo de la criminalización, sino de un dispositivo de castigo que se produce “entre las agencias policiales, el Poder Judicial, el personal de salud, los medios de prensa y, luego en algunos casos, el sistema penitenciario”, que estigmatiza y genera traumas en las mujeres, independientemente de si hay o no una condena penal.
Luego de ganar el debate en la Cámara, el Senado anunció el cronograma de la siguiente etapa de discusión: entre el 14 y el 16 de diciembre se dio el debate en comisiones, para firmar un dictamen hoy, jueves 17, y la votación final será el 29 de diciembre, así que es muy probable que antes de acabar el año el derecho al aborto sea ley en Argentina. Si pasa en la votación del Senado, esto representará un avance histórico que significa reconocer la ciudadanía plena de las argentinas, pero también tendrá repercusión en todo el continente, pues nos mostrará lo poderosas que pueden llegar a ser las manifestaciones feministas y la protesta social. Sería la consolidación, a nivel regional, de un movimiento que nos ha inspirado a todas a luchar y a tomar las calles, y una esperanza para lograr lo mismo en nuestros países.