Hace diez años, la periodista Lorena Beltrán presentó denuncias públicas contra varios médicos cirujanos que habían tomado cursos cortos en Brasil y los habían homologado en Colombia como si fueran una especialización. Eso servía para acreditarlos para realizar ciertos procedimientos para los que, según su investigación, no habían sido formados, algo riesgoso para sus pacientes. Beltrán descubrió esto al ser víctima de las malas prácticas de uno de esos médicos y recurrir a su oficio, el periodismo, para investigar.
Diez años después, de 42 médicos denunciados sólo 17 han sido condenados y 25 no han sido llamados a juicio. Eso sí, ellos no se han olvidado de Beltrán, quien, tras un video publicado en 2025 actualizando el estado del caso, empezó a recibir una lluvia de tutelas por injuria y calumnia. Beltrán también recibió una serie de correos amenazantes con insultos machistas y en donde le advertían que la estaban vigilando. Al recibir pruebas de estos seguimientos decidió exiliarse para dejar todo atrás.
Sin embargo, uno de los médicos la denunció en su nuevo país de residencia acusándola de calumnias, intimidaciones con armas de fuego y otra serie de disparates. El caso llegó recientemente a una corte en donde la jueza descartó la denuncia por no encontrarle pruebas o fundamentos. Aún así, la victoria de Beltrán ante el estrado fue agridulce, pues su defensa fue bastante costosa y porque es muy inquietante que el médico que la denunció supiera su nueva dirección, a pesar de que no era un dato público. Como explicó la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) en un comunicado, “la exposición y el uso de datos personales y sensibles constituyen una forma de persecución e incluso pueden generar un entorno de riesgo que se derive en agresiones más graves y generar un efecto inhibitorio”. También dice la FLIP que “este caso se inscribe en una forma diferenciada de violencia en contra de una mujer periodista y busca silenciarla como represalia a sus investigaciones, a través de mensajes y prácticas que refuerzan estereotipos que afectan de forma desproporcionada y diferencial a las mujeres periodistas”.
El acoso judicial es un “uso indiscriminado y abusivo de las herramientas legales para silenciar” y también “una estrategia de intimidación”. Es una forma de censura muy eficiente, pues es un ataque económico y emocional que además dura años. También muestra las grandes desigualdades que hay en el acceso a la justicia y las formas en que ese mismo sistema se puede abusar para silenciar a periodistas que simplemente están haciendo su trabajo. Ese desequilibrio de poder, como ha explicado la Corte Constitucional en la sentencia T-452 de 2022, es uno de los aspectos clave que sirve para determinarlo. La única manera de defender el derecho a la información, a la libertad de expresión y a la libertad de prensa del acoso judicial es legislando para proteger de este tipo de demandas a quienes hacen denuncias de interés público. Leyes similares se han pasado en lugares como California y las necesitamos en Latinoamérica porque esta estrategia de censura está creciendo de forma exponencial. Solo con defensas individuales nos podremos protegernos del acoso judicial.
