El lunes de esta semana el ministro de Defensa, Diego Molano, fue citado ante el Congreso para que respondiera por las más de 40 muertes y 100 desapariciones en el marco del paro nacional, en especial por el abuso policial y militar durante las manifestaciones. El debate, que duró más de 60 horas y tuvo una audiencia en vivo de hasta 20.000 personas, fue contundente y desgarrador, y cerró con una intervención bastante infame del ministro.
Dijo Molano: “Aquí tienen un Gobierno que respeta la protesta pacífica como lo establece la Constitución y, por supuesto, claro que conozco el dolor de los jóvenes y claro que sé lo que ha significado para Colombia lo que ha pasado en las últimas semanas, no por la protesta pacífica sino por la violencia que se genera después de las protestas”. ¿Pero quién genera esa violencia? La mayoría de las veces es el Estado, como se mostró una y otra vez el lunes en el Congreso. Y si acaso la violencia comienza por parte de los manifestantes, nada justifica que el ejército y la policía los traten como objetivo militar, porque son civiles. Hay que dejar de hablar de la violencia que el Gobierno ejerce contra la ciudadanía con toda la fuerza del Estado como si fuera un fenómeno de generación espontánea o una irremediable consecuencia de la protesta social.
Hace unas semanas escribí en esta columna que al dividir la protesta social entre protesta “pacífica” y “violenta” lo que hacemos es abrir una oportunidad para estigmatizar toda la protesta. Precisamente, cuando el ministro afirma que reconoce “que tenemos derecho a la protesta pacífica”, lo que está diciendo es que nuestro derecho a la protesta depende de ese calificativo, “pacífica”. ¿Y quién decide cuál protesta es pacífica? Pues el Gobierno. Sin ir más lejos, el ministro nos contó que él en su juventud “sí marchó bien”, “de forma pacífica”, por lo tanto quien no proteste como él no debería hacerlo.
“Cuando se lanza la primera piedra, se acaba la manifestación pacífica”, dijo más adelante. Entonces, lo único necesario para que el Gobierno justifique mandar a la Fuerza Pública contra la ciudadanía es “lanzar una piedra”. Así le queda al Gobierno muy fácil desmontar cualquier protesta social. “Cuando se destroza la primera estación de Transmilenio se acaba la manifestación pacífica. Cuando se destruyen estaciones de gasolina se acaba la manifestación pacífica y es necesario que la fuerza legítima del Estado actúe”. No perdamos de vista que para este Gobierno las estaciones de Transmilenio y de gasolina son más importantes que la vida. “Del vidrio pasamos a las estaciones de Transmilenio, de las estaciones de Transmilenio a la Gobernación, a la Alcaldía, a la Defensoría del Pueblo y la DIAN en una sola tarde”. Como si la escalada de las acciones de protesta fuera una escalada de violencia inevitable y no una respuesta de frustración ante la sordera del Gobierno.
En general, el argumento de Diego Molano es que cualquier violencia o uso desmedido de la fuerza por parte de la policía y los militares fue “consecuencia” de las acciones de la ciudadanía. El ministro usa la misma fórmula argumental de los agresores machistas. Es el Estado-macho-opresor-violador que nos dice que si nos pega es porque nos lo buscamos. “Eso no es vandalismo, destruir una institución pública —dijo refiriéndose a los edificios— es un hecho violento y puede ser calificado de terrorista”. Así que la protesta que “no es pacífica” ya no solo es “violenta”, ahora también es “terrorista”. Pero lo que destruye a una institución como la Policía Nacional no es que rayen y rompan un CAI, lo que la destruye es que los policías tomen sus armas y las usen para agredir, abusar y matar a la población civil. Es estremecedor, porque en este país ya se ha usado el verbo “pacificar” para justificar los peores momentos de la violencia paramilitar. En el discurso del uribismo, “pacificar” y “silenciar” se convierten en la misma cosa.
