Entre 2014 y 2015 se conoció un diluvio de casos en que más de 60 mujeres acusaban al adorado comediante Bill Cosby de ser un acosador sexual y un violador. Muchas de estas mujeres también afirmaron que él las drogó para abusar sexualmente de ellas. El mismo Cosby admitió durante un juicio civil en su contra —en donde Andrea Constand logró un acuerdo por 3,4 millones de dólares en 2006— que había usado Benadryl para inmovilizar y violar a varias mujeres. Luego decenas de víctimas testificaron en un proceso penal y en 2018 el comediante octogenario fue hallado culpable. Eso, en su momento, se tomó como una victoria del movimiento #MeToo, y así lo fue hasta esta semana, pues Cosby acaba de salir libre por un tecnicismo legal.
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El tecnicismo es difícil de explicar, pero tiene que ver con que las declaraciones de Cosby para su juicio civil se usaron para incriminarlo en el juicio penal debido a un error de quien en ese entonces era el fiscal de su caso. Por absurdo que parezca, el hecho de que Cosby admitiera todos sus crímenes, de la forma más fría y cínica, es lo que sirvió para liberarlo. Es especialmente frustrante porque durante años varias mujeres trataron de denunciarlo, pero una y otra vez les decían que no había suficientes pruebas y que era imposible armar un caso.
Al comienzo Constand puso una denuncia penal contra Cosby, pero las autoridades le dijeron que no había suficiente evidencia para continuar con el proceso y le aconsejaron irse por la vía civil. Luego del arreglo se hicieron públicas nuevas denuncias muy similares de mujeres como la abogada Tamara Green y la supermodelo Beverly Johnson, y Barbara Bowman publicó una columna de opinión en The Washington Post titulada “Bill Cosby me violó. ¿Por qué han tenido que pasar 30 años para que la gente crea mi historia?”. En diciembre de 2015 un fiscal imputó cargos contra Cosby por el caso de Andrea Constand, apenas unos días antes de que el delito prescribiera. El juicio para condenarlo tomó varios años, entre otras cosas porque el jurado sentía una gran simpatía por el agresor y también porque Constand se demoró al menos un año en hacer la denuncia, lo que sirvió para poner su testimonio en duda. Finalmente, después de muchos esfuerzos lo sentenciaron a menos de 10 años de prisión y, aunque tarde y leve, las víctimas aceptaron la condena porque “algo es algo”. Pero ese algo se acaba de desvanecer.
Cuando las víctimas de violencia sexual cuentan sus historias la sociedad las somete a una serie de “pruebas de verificación” que son absurdas y es algo que no pasa con ningún otro delito. Si yo digo “me robaron la billetera”, nadie me dirá que seguro es falso, que estoy tratando de llamar la atención o que tengo que poner una denuncia en la Fiscalía para que “sea creíble” que me robaron la billetera. A las víctimas de violencia sexual las obligan a repetir sus testimonios una y otra vez, a recolectar las pruebas y a contactar a otras agredidas. Aun así, les dicen que sus denuncias solo las van a tomar en serio si entablan acciones legales. Unas cuantas tienen el tiempo, la plata y la solvencia emocional para emprender un proceso semejante, que normalmente toma mínimo cinco años y es tan demandante que es casi un trabajo de medio tiempo. Y, de esas pocas, un mínimo porcentaje logra una condena.
El caso de Cosby muestra que no importa que haya 60 testimonios y una admisión de culpabilidad del agresor, la justicia les sigue fallando a las mujeres. En parte se debe a que nuestros mecanismos legales no están hechos para atender este tipo de casos y a que es una falsa promesa para las víctimas eso de que van a encontrar justicia al enviar a su agresor a la cárcel. Mientras como sociedad sigamos enfocados en el castigo y no en la reparación, las víctimas de violencia sexual seguirán sin encontrar justicia.
