A mediados de agosto, el periódico Vanguardia contó la historia de tres mujeres que denunciaron acoso laboral y sexual por parte de magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Según las denunciantes, los magistrados “aprovecharon su posición de jerarquía para hacer comentarios impropios con connotaciones sexuales, denigrar el trabajo de los subalternos, forzar besos, dar nalgadas y, en casos particulares, hasta pedir encuentros sexuales a cambio de algunos beneficios laborales”. Sus declaraciones a la prensa estuvieron motivadas por el informe realizado por USAID sobre el ambiente de trabajo en la Corte Constitucional, en donde también se narran algunos casos de acoso sexual.
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En sus testimonios sobre el Consejo Superior de la Judicatura, las denunciantes hablan de un entorno laboral sexualmente cargado en donde escuchan frases inapropiadas para el contexto, que llevaron a varias de las trabajadoras a cambiar su forma de vestir y sus hábitos laborales. Según el artículo de Vanguardia, una de las denunciantes dice que fue despedida de su cargo como retaliación por no haber accedido a tener relaciones sexuales con el magistrado Pedro Alonso Sanabria. Otra denunciante dice en el artículo que el magistrado Fidalgo Estupiñán Carvajal, en un viaje de trabajo, le “exigió ir a su habitación de hotel para llevarle la maleta, acomodar la ropa y luego, estando en la habitación, aprovechó para abordarla y tratar de besarla sin su consentimiento”. Las denuncias de Vanguardia también señalan al magistrado Camilo Montoya Reyes, quien “supuestamente les exigía viajar con él a diligencias judiciales con la ‘promesa’ de que, además de trabajo, tendrían la oportunidad de relajarse, ir a cenar y tomar algunos vinos”.
Ante estas denuncias, la presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, magistrada Julia Emma Garzón de Gómez, dijo a Vanguardia que “no tiene conocimiento de los casos que fueron denunciados” y que “no ha escuchado ni siquiera rumores de conductas constitutivas de acoso sexual o laboral ni de los magistrados mencionados ni de ningún otro magistrado”. Vanguardia también informa que enviaron varias preguntas sobre las denuncias a los magistrados señalados, pero que se negaron a contestarlas por tratarse de “supuestos y de hechos sin denuncias formales”.
Esta semana, El Espectador publicó la queja disciplinaria de Andrea Daza contra el funcionario Carlos Alberto Gaspar, citador grado 5 asignado a la presidencia del Consejo de Estado, por abuso sexual. Según Daza, hay al menos seis víctimas más del mismo funcionario y, según este periódico, también tiene una condena de 20 años de cárcel por acceso carnal abusivo a una menor de nueve años, que hoy se encuentra en apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. Ante la queja de Daza, “Gaspar fue suspendido por la presidenta del Consejo del año pasado, Lucy Jeannette Bermúdez, por seis meses que se prorrogaron por otros seis. Pero ya regresó y circula por el Palacio de Justicia mientras su denunciante renunció por temor y hace ocho meses está sin puesto”.
Estos casos no son sorprendentes. El acoso sexual es frecuente en instituciones con estructuras de poder vertical como la Rama Judicial. Lo preocupante es que las agresiones en estos espacios específicos dificultan el acceso a la justicia de las mujeres, no solo de quienes denuncian por los conductos regulares, como es el caso de Andrea Daza, sino de quienes buscan otras vías, como en el caso del Consejo Superior de la Judicatura, y la falta de consecuencias envía un mensaje adverso a todas las mujeres de Colombia que han pasado por algo parecido. Sin embargo, que estas denuncias se hayan hecho públicas muestra un cambio social importante, y es que cada vez menos mujeres están dispuestas a soportar estos abusos en silencio.
