Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El último escándalo del Gobierno Petro es que parece que el mandatario será investigado por el Consejo Nacional Electoral por presuntamente haber violado el tope de gasto de campaña. Petro ha dicho que esta es una persecución política, “el comienzo del ‘golpe de Estado’”, pero la acusación puede ser cierta aunque se haga con la intención de oponerse al presidente. En todo caso, hay controversia, porque no es claro si esta investigación le compete a ese organismo pues el presidente debe ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Encima resulta que el presidente del CNE es el magistrado Lorduy, un reconocido antipetrista pero que es más famoso aún por haber sido investigado por el feminicidio de la barranquillera Alicia Ribaldo Pardo en marzo de 1979. En ese entonces Lorduy tenía 23 años y Ribaldo 16. Lorduy dice que estaba jugando con la escopeta del guardia, que según él se disparó por accidente. La madre de Ribaldo dice que testigos le contaron que Lorduy le anunció a su hija que la mataría y luego, presuntamente, le disparó en la cara. Lorduy fue arrestado e investigado y luego quedó libre por vencimiento de términos. Nunca fue declarado inocente.
También salió a relucir una denuncia por corrupción y acoso sexual contra Lorduy, interpuesta hace varios meses por la representante a la Cámara, Ingrid Aguirre. Aguirre dice que el magistrado, presuntamente, le pidió un soborno a ella y a sus colegas del partido Fuerza Ciudadana, y que cuando se negaron, Lorduy le dijo a Aguirre “puedes pagarme con tu cuerpo”. En medio de todo esto, Petro le dijo a Lorduy (por X) que renunciara, supuestamente indignado por las denuncias de acoso y feminicidio. Digo supuestamente porque la indignación del presidente ha sido mucho menor cuando, por ejemplo, las denuncias por acoso han sido contra amigos y funcionarios cercanos.
Acosadores y feminicidas hay de todas las orientaciones políticas. Son machistas en la derecha, en la izquierda y en el centro. Es gravísimo que un presunto feminicida sea magistrado en el CNE, pero la historia volvió a los medios de comunicación no porque se quiera hacer justicia en el caso de Ribaldo, sino para criticar las acciones politizadas del CNE. Es gravísimo que un magistrado que presuntamente pide favores sexuales a cambio de sus servicios corruptos haya llegado a un cargo tan importante, pero quizás ninguna de estas acusaciones impactarían a la opinión pública o a las instituciones si no estuvieran enmarcadas en un enfrentamiento político contra el presidente.
El derecho de las mujeres a una vida libre de violencias no puede importar solo cuando se convierte en un arma para ataques políticos. Por no querer ser instrumentalizadas, muchas víctimas han callado y siguen callando sus denuncias porque, a pesar de que llevamos casi dos décadas en esta conversación sobre violencia y acoso para los machos de la política, este sigue siendo un tema menor que solo se vuelve relevante si la denuncia contra un agresor se alinea con sus intereses.
