El viernes pasado la congresista Clara Rojas radicó un proyecto de ley que pretente sancionar con $23 millones a las personas que paguen por servicios sexuales. La representante a la Cámara pretende “salvar” a las trabajadoras sexuales argumentando que entre el 60 y el 70 % son personas de “estratos de 1 al 3”, migrantes y desplazadas por la violencia. Rojas supone que con la plata de las multas se va a crear un Fondo Nacional de Atención y Apoyo a las Personas en Situación de Prostitución, que se enfocará en financiar “programas y proyectos para las víctimas de explotación sexual, albergues para víctimas de prostitución y la apertura de centros de reinserción que generen opciones laborales y mecanismos de protección para las víctimas de prostitución, trata de personas y proxenetismo”.
Pero lo que la congresista no entiende, al meter en el mismo saco a las víctimas de trata con las trabajadoras sexuales (a quienes llama “personas en situación de prostitución” o “víctimas de la prostitución” como si ninguna tuviera agencia), es que no, no son lo mismo. Rojas cree que todas las trabajadoras sexuales son víctimas y no es así, muchas mujeres practican libremente este trabajo, no están “en situación de” porque han elegido, y lo que necesitan son condiciones de trabajo dignas y no más discriminación.
Y es que la dichosa multa de la congresista lo único que logrará será dañarles la fuente de trabajo a muchas personas en Colombia, que ahora, para poder tener clientes, tendrán que recurrir a la clandestinidad, y esto pone a las trabajadoras sexuales en un mayor peligro. Lo peor es que esto solo logra que el negocio de la trata de personas se disfrace de trabajo sexual. En cambio, mejores condiciones de trabajo para las trabajadoras sexuales ayudarán a identificar con mayor rapidez a las redes de trata porque la diferencia en las condiciones de vida y trabajo delatarán la diferencia entre el trabajo y el crimen.
Si bien muchas mujeres eligen dedicarse al trabajo sexual porque se encuentran en una situación vulnerable no siempre es así, y no todas las trabajadoras sexuales pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Hay muchas formas de ejercer este trabajo en Colombia, y muchas lo hacen, de hecho, porque hasta les da para pagar la universidad. Cada persona debe poder hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana siempre y cuando no dañe a alguien más. Es más, todas las personas trabajamos con nuestro cuerpo, ningún trabajo es metafísico. Lo justo, entonces, es que a todos se nos pague y se nos respete por nuestro oficio, no hay razón para que unos trabajos tengan protección del Estado y otros terminen perseguidos por el puritanismo absurdo de quienes ni siquiera se han tomado el trabajo de preguntarles a las trabajadoras sexuales qué es lo que quieren de la legislación.
Esto último es la mayor falta de respeto. No se puede legislar para una comunidad sin tomar sus voces en cuenta. Y sí, muchas mujeres recurren a la prostitución porque están en condiciones de vulnerabilidad (migrantes, jóvenes, transgeneristas, minorías étnicas o raciales), pero la solución, entonces, no es perseguir su fuente de trabajo, sino mejorar las condiciones de las personas garantizándoles educación, oportunidades y una vida sin violencia o discriminación. Ninguna de estas cosas se logran con una multa que obliga a las trabajadoras sexuales a esconderse. Para garantizar sus derechos es urgente acabar con el estigma del trabajo sexual, que a fin de cuentas es la primera barrera de acceso a los derechos.
El viernes pasado la congresista Clara Rojas radicó un proyecto de ley que pretente sancionar con $23 millones a las personas que paguen por servicios sexuales. La representante a la Cámara pretende “salvar” a las trabajadoras sexuales argumentando que entre el 60 y el 70 % son personas de “estratos de 1 al 3”, migrantes y desplazadas por la violencia. Rojas supone que con la plata de las multas se va a crear un Fondo Nacional de Atención y Apoyo a las Personas en Situación de Prostitución, que se enfocará en financiar “programas y proyectos para las víctimas de explotación sexual, albergues para víctimas de prostitución y la apertura de centros de reinserción que generen opciones laborales y mecanismos de protección para las víctimas de prostitución, trata de personas y proxenetismo”.
Pero lo que la congresista no entiende, al meter en el mismo saco a las víctimas de trata con las trabajadoras sexuales (a quienes llama “personas en situación de prostitución” o “víctimas de la prostitución” como si ninguna tuviera agencia), es que no, no son lo mismo. Rojas cree que todas las trabajadoras sexuales son víctimas y no es así, muchas mujeres practican libremente este trabajo, no están “en situación de” porque han elegido, y lo que necesitan son condiciones de trabajo dignas y no más discriminación.
Y es que la dichosa multa de la congresista lo único que logrará será dañarles la fuente de trabajo a muchas personas en Colombia, que ahora, para poder tener clientes, tendrán que recurrir a la clandestinidad, y esto pone a las trabajadoras sexuales en un mayor peligro. Lo peor es que esto solo logra que el negocio de la trata de personas se disfrace de trabajo sexual. En cambio, mejores condiciones de trabajo para las trabajadoras sexuales ayudarán a identificar con mayor rapidez a las redes de trata porque la diferencia en las condiciones de vida y trabajo delatarán la diferencia entre el trabajo y el crimen.
Si bien muchas mujeres eligen dedicarse al trabajo sexual porque se encuentran en una situación vulnerable no siempre es así, y no todas las trabajadoras sexuales pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Hay muchas formas de ejercer este trabajo en Colombia, y muchas lo hacen, de hecho, porque hasta les da para pagar la universidad. Cada persona debe poder hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana siempre y cuando no dañe a alguien más. Es más, todas las personas trabajamos con nuestro cuerpo, ningún trabajo es metafísico. Lo justo, entonces, es que a todos se nos pague y se nos respete por nuestro oficio, no hay razón para que unos trabajos tengan protección del Estado y otros terminen perseguidos por el puritanismo absurdo de quienes ni siquiera se han tomado el trabajo de preguntarles a las trabajadoras sexuales qué es lo que quieren de la legislación.
Esto último es la mayor falta de respeto. No se puede legislar para una comunidad sin tomar sus voces en cuenta. Y sí, muchas mujeres recurren a la prostitución porque están en condiciones de vulnerabilidad (migrantes, jóvenes, transgeneristas, minorías étnicas o raciales), pero la solución, entonces, no es perseguir su fuente de trabajo, sino mejorar las condiciones de las personas garantizándoles educación, oportunidades y una vida sin violencia o discriminación. Ninguna de estas cosas se logran con una multa que obliga a las trabajadoras sexuales a esconderse. Para garantizar sus derechos es urgente acabar con el estigma del trabajo sexual, que a fin de cuentas es la primera barrera de acceso a los derechos.