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La semana pasada en Argentina, en el barrio de Barracas en Buenos Aires, dos parejas de lesbianas que compartían habitación en una pensión fueron atacadas por un vecino que les tiró una bomba Molotov mientras dormían. Tres de ellas, Pamela Cobas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, han muerto, y una de ellas, Sofía Castro Riglos, lucha por recuperarse. El vecino ya había realizado varios ataques verbales misóginos y lesboodiantes; es más que evidente que estos tres feminicidios fueron un crimen de odio.
En Argentina hay un grave crisis económica, hay una crisis habitacional que lleva a muchas personas a vivir hacinadas, y esto dificulta la convivencia. Esto es aún más grave para las disidencias, quienes muchas veces no tienen el apoyo de sus familias y tienen que vivir fuera. Además, en pocos meses el gobierno de Milei la ha emprendido contra el lenguaje incluyente, lo desterró de la administración pública y en general acabó con todas las instituciones estatales que trabajaban para garantizar derechos y prevenir violencias a mujeres y disidencias. Como explica la periodista Florencia Alcaraz en Volcánicas, “el problema es que hoy el odio está oficializado sumado a la desarticulación de los organismos y políticas nacionales de protección contra la violencia machista y lesbofodiante como el INADI y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y sus programas de atención y prevención contra la violencia de género, la identidad de género y la orientación sexual”.
Aunque supuestamente fue elegido para que “arreglara la economía”, el nuevo presidente ha dedicado más tiempo y recursos a atacar todo lo que tenga que ver con derechos humanos y feminismo. Como resultado, la crisis económica se sigue recrudeciendo y la violencia machista va en aumento. Un grupo de hombres insultó a una maestra en Córdoba en el trasporte público y sumaron esa escalofriante advertencia de “sabemos dónde vives”. A una defensora de derechos humanos se le metieron en la casa a amedrentarla y dejaron en la pared un grafitti que decía “¡Viva la libertad carajo!”, el lema del partido del presidente, La libertad avanza. Mientras tanto, funcionarias públicas y aliados del gobierno dicen en los medios que ser homosexual es “como tener piojos” y que es un “comportamiento autodestructivo”. El mandato estatal para los agresores es que los ataques son válidos, el mensaje de los agresores machistas a la sociedad es que quienes no se conformen con la heteronorma son víctimas potenciales. Afirmar que estos discursos no se materializan en violencia es también una forma de justificarla.
¿Que el lesbofeminicida seguramente era homofóbico desde antes? Por supuesto, el odio tiene raices más profundas que la llegada de un libertario a la presidencia, pero lo que el nuevo gobierno ha generado rápidamente es un clima en donde estos comportamientos son aceptables; no es de extrañar que la violencia escale. Hablar de discursos de odio siempre es controversial: exige demostrar que esas palabras se conectan con acciones. No todas las personas que escuchan mensajes discriminatorios u ofesivos van a salir a atacar a personas que hacen parte de esos grupos vulnerables mientras duermen. El problema es que algunas personas sí. Pero, sobre todo, el problema es que esos discursos normalizan la violencia y la justifican. Y eso es justamente lo que está pasando en Argentina con el nuevo presidente.
