Derecho al aborto: a un voto de ser ciudadanas plenas

Mañana, viernes 19, se vencen los términos de la demanda de Causa Justa ante la Corte Constitucional para sacar el delito de aborto del Código Penal, así que hoy la Corte está discutiendo un fallo que puede ser un parteaguas para las mujeres, niñas y personas con posibilidad de abortar en Colombia.

Si la Corte falla a nuestro favor, este sería el avance más grande en materia de derechos sexuales y reproductivos desde la Sentencia C-355 de 2006. La sentencia de 2006 despenaliza el aborto en tres causales, incluida la salud mental, y de esta forma logró que casi todos los abortos voluntarios sean legales en Colombia. Esto es un panorama excepcional en una de las regiones más restrictivas del mundo como es Latinoamérica. Sin embargo, durante los últimos 15 años, la excepción por causales ha coexistido con el delito y esta situación se ha convertido en una de las principales barreras de acceso para un aborto seguro, pues esta ambigüedad ha sido utilizada por grupos y personas antiderechos para criminalizar a las mujeres y niñas más vulnerables (menores de edad, racializadas y que habitan en la ruralidad) y al personal de salud que presta los servicios. En el 2006 la Corte le dijo al Congreso que debía legislar sobre aborto, sin embargo “entre 2006 y 2017 se discutieron 37 proyectos de ley relacionados con el aborto y la autonomía reproductiva” y no pasó ninguno. Y mientras las instituciones se pasan la papa caliente de legislar, las mujeres y niñas se mueren en Colombia por abortos inseguros y la situación está empeorando.

La pandemia dejó a mujeres, niñas y otras personas con capacidad gestante en Colombia en una situación crítica en materia de derechos sexuales y reproductivos. En Colombia se estima que el 67 % de los embarazos no fueron planeados. Según el último informe de “Estadísticas vitales: nacimientos y defunciones” del DANE, los embarazos en niñas menores de 14 años, que son en su gran mayoría fruto de violencia sexual, aumentaron en un 9,6 %. La maternidad forzada, como afecta a las más jóvenes y vulnerables, además de perpetuar desigualdades de género, perpetúa las brechas de clase y hace que cada vez más mujeres y niñas vivan en la pobreza. El delito del aborto, además, significa que las mujeres en Colombia somos ciudadanas de segunda categoría, sin acceso pleno a todos los derechos. Estas circunstancias son todas inadmisibles y podrían mejorar significativamente con un fallo favorable de la Corte: sería un punto de partida para la completa implementación de este derecho y un paso gigantesco hacia la despenalización social de la interrupción voluntaria del embarazo.

Según este periódico, los votos de la Corte son tres en contra: por parte de Cristina Pardo, Jorge Enrique Ibáñez y Paola Meneses; y hay cuatro votos a favor: los de Alberto Rojas y Antonio Lizarazo, que son ponentes de ambas demandas para la despenalización y decriminalización del derecho al aborto, y los de José Fernando Reyes y Alejandro Linares. Parece que el voto decisivo lo tienen dos magistradas: Gloria Ortiz, que ha dicho antes que el aborto es cosa juzgada pero, al menos la demanda de Causa Justa, es muy diferente a cualquiera que se haya pasado en Suramérica pues muestra cómo el delito afecta de forma desigual a las mujeres y que el derecho penal no puede servir para controlar las vidas de las mujeres; y Diana Fajardo, quien ha dicho que el tema debe ser regulado por el Congreso, pero la demanda de Causa Justa también demuestra que el Congreso no ha tenido la voluntad política de legislar.

En manos de las magistradas Fajardo y Ortiz está un fallo que es el peldaño que hace falta para que en el 2021 las mujeres podamos por fin ser reconocidas como ciudadanas plenas. A más tardar mañana tendremos un fallo de la Corte. Ojalá las magistradas aprovechen este momento histórico para defender nuestros derechos.