Toda Colombia sabe que Iván Duque llegó a la Presidencia como proxy de Álvaro Uribe para continuar su legado de violencia y odio y acabar con el proceso de paz. Y lo ha logrado perfectamente: con su carita redonda y bonachona, con su acentico de gomelo bogotano, ha sabido estar ausente de las grandes tragedias del país, y a veces hasta logra verse inofensivo. Pero así, como quien no quiere la cosa, ha sido tremendamente eficiente en perpetuar el crimen de Estado más cruel, escandaloso y escalofriante del uribismo: las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”.
En abril de este año, Dimar Torres, exintegrante de las Farc y campesino en Norte de Santander, fue asesinado por el cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo, bajo órdenes del teniente coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, quien en ese momento era comandante del batallón de Operaciones Terrestres No. 11, adscrito a la Fuerza de Tarea Vulcano, con cuatro balazos a quemarropa. Esto no lo sabríamos si no es por la intervención de la comunidad campesina, que quería y respetaba mucho a Torres, quien era un ejemplo de éxito del programa de reinserción de excombatientes, acababa de construir una casa en la que viviría con su pareja y un hijo o hija (que no alcanzó a saber que venía en camino), y estaba a punto de arrancar un proyecto productivo de gallinas ponedoras. Alguien de la comunidad vio que Torres había sido detenido por el cabo Gómez Robledo, y como luego no aparecía, fueron a buscarlo, solo para descubrir a Gómez Robledo y a otros militares cavando una fosa para esconder el cadáver y encubrir el asesinato. Esto lo sabemos con certeza porque hay un video del momento en que encontraron a Torres muerto.
En abril, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dio varias versiones sobre lo ocurrido a los medios, todas falsas, y hasta parafraseó a Uribe diciendo: “si hubo un homicidio ha tenido que haber una motivación”. Pero no la hubo. Lo que pasó fue que como un cabo murió al pisar una mina, el teniente coronel Pérez Amézquita decidió que había que matar a alguien en retaliación. Entonces el cabo Gómez Robledo se inventó, porque no tenía prueba alguna ni Pérez Amézquita se las pidió, que quien había puesto esas minas era Dimar Torres, y crearon un chat de WhatsApp, con el nombre de la víctima, para seguir sus movimientos y planear su asesinato. Luego de semanas de monitoreo, Torres se encontró indefenso frente a frente con su asesino en la carretera. Luego de matarlo, el cabo Gómez Robledo le dijo por radio a Amézquita: “Mi coronel, ya lo maté”.
Los militares siempre supieron la verdad. Antes del asesinato, el cabo Gómez Robledo le anunció sus planes al subteniente John Javier Blanco (quien le dijo que no lo hiciera), y luego del siniestro el general Diego Luis Villegas (también investigado por ejecuciones extrajudiciales) fue a pedirle disculpas a la comunidad. Pérez Amézquita también le ordenó al cabo que ubicara a los miembros de la comunidad que reclamaban justicia: “Chequéelos, porque esos son los que siguen”. Hoy la impunidad es total: la defensa del cabo Gómez Robledo le embolató el proceso y Pérez Amézquita dejó el Ejército y hoy no se conoce su paradero. El caso es una evidencia más de algo que ya sabíamos: la fuerza pública en Colombia no protege las vidas de ciudadanía, protege a las calles, los edificios, los cajeros, los oleoductos, se celebran sus comportamientos antisociales y solo se amangualan entre ellos. Seguir órdenes está primero que proteger la vida.
A diferencia de otros países en Latinoamérica, en Colombia no sabemos, no queremos y no nos atrevemos a salir a marchar. La reticencia es comprensible en un país en donde está estigmatizada la protesta y los líderes sociales caen como moscas a manos de paracos y militares como los de esta historia. Pero los y las ciudadanas no podemos seguir dormidas y apáticas por siempre. Esta historia, revelada al país por la revista Semana, amerita la renuncia inmediata del ministro Botero y también la del presidente Duque, a quien no parece pesarle en la conciencia todo lo que ha hecho y dejado de hacer para que volvamos a la guerra.
Toda Colombia sabe que Iván Duque llegó a la Presidencia como proxy de Álvaro Uribe para continuar su legado de violencia y odio y acabar con el proceso de paz. Y lo ha logrado perfectamente: con su carita redonda y bonachona, con su acentico de gomelo bogotano, ha sabido estar ausente de las grandes tragedias del país, y a veces hasta logra verse inofensivo. Pero así, como quien no quiere la cosa, ha sido tremendamente eficiente en perpetuar el crimen de Estado más cruel, escandaloso y escalofriante del uribismo: las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”.
En abril de este año, Dimar Torres, exintegrante de las Farc y campesino en Norte de Santander, fue asesinado por el cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo, bajo órdenes del teniente coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, quien en ese momento era comandante del batallón de Operaciones Terrestres No. 11, adscrito a la Fuerza de Tarea Vulcano, con cuatro balazos a quemarropa. Esto no lo sabríamos si no es por la intervención de la comunidad campesina, que quería y respetaba mucho a Torres, quien era un ejemplo de éxito del programa de reinserción de excombatientes, acababa de construir una casa en la que viviría con su pareja y un hijo o hija (que no alcanzó a saber que venía en camino), y estaba a punto de arrancar un proyecto productivo de gallinas ponedoras. Alguien de la comunidad vio que Torres había sido detenido por el cabo Gómez Robledo, y como luego no aparecía, fueron a buscarlo, solo para descubrir a Gómez Robledo y a otros militares cavando una fosa para esconder el cadáver y encubrir el asesinato. Esto lo sabemos con certeza porque hay un video del momento en que encontraron a Torres muerto.
En abril, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dio varias versiones sobre lo ocurrido a los medios, todas falsas, y hasta parafraseó a Uribe diciendo: “si hubo un homicidio ha tenido que haber una motivación”. Pero no la hubo. Lo que pasó fue que como un cabo murió al pisar una mina, el teniente coronel Pérez Amézquita decidió que había que matar a alguien en retaliación. Entonces el cabo Gómez Robledo se inventó, porque no tenía prueba alguna ni Pérez Amézquita se las pidió, que quien había puesto esas minas era Dimar Torres, y crearon un chat de WhatsApp, con el nombre de la víctima, para seguir sus movimientos y planear su asesinato. Luego de semanas de monitoreo, Torres se encontró indefenso frente a frente con su asesino en la carretera. Luego de matarlo, el cabo Gómez Robledo le dijo por radio a Amézquita: “Mi coronel, ya lo maté”.
Los militares siempre supieron la verdad. Antes del asesinato, el cabo Gómez Robledo le anunció sus planes al subteniente John Javier Blanco (quien le dijo que no lo hiciera), y luego del siniestro el general Diego Luis Villegas (también investigado por ejecuciones extrajudiciales) fue a pedirle disculpas a la comunidad. Pérez Amézquita también le ordenó al cabo que ubicara a los miembros de la comunidad que reclamaban justicia: “Chequéelos, porque esos son los que siguen”. Hoy la impunidad es total: la defensa del cabo Gómez Robledo le embolató el proceso y Pérez Amézquita dejó el Ejército y hoy no se conoce su paradero. El caso es una evidencia más de algo que ya sabíamos: la fuerza pública en Colombia no protege las vidas de ciudadanía, protege a las calles, los edificios, los cajeros, los oleoductos, se celebran sus comportamientos antisociales y solo se amangualan entre ellos. Seguir órdenes está primero que proteger la vida.
A diferencia de otros países en Latinoamérica, en Colombia no sabemos, no queremos y no nos atrevemos a salir a marchar. La reticencia es comprensible en un país en donde está estigmatizada la protesta y los líderes sociales caen como moscas a manos de paracos y militares como los de esta historia. Pero los y las ciudadanas no podemos seguir dormidas y apáticas por siempre. Esta historia, revelada al país por la revista Semana, amerita la renuncia inmediata del ministro Botero y también la del presidente Duque, a quien no parece pesarle en la conciencia todo lo que ha hecho y dejado de hacer para que volvamos a la guerra.