Casi una semana luego de que el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, renunciara cobardemente a su cargo para evitar el control político del Congreso, Noticias Uno informa que su ineptitud y su maldad fueron aún más inmensas: parece que el Ejército asesinó no siete, ni ocho, sino 18 niños y niñas que habían sido víctimas de reclutamiento forzado, bombardeadas sin miramientos por la fuerza pública. La comunidad de San Vicente del Caguán le contó al noticiero que al menos tres niños salieron vivos del bombardeo y el Ejército los persiguió con drones y perros para rematarlos.
En sus inicios la masacre fue presentada como una operación militar exitosa: para el uribismo la muerte siempre es una buena noticia. En el caso de estos falsos positivos, todos en la cadena de mando, desde los ejecutores materiales hasta el presidente, pasando por el exministro de Defensa y su reemplazo temporal, el general Luis Fernando Navarro, quien hace parte de la cúpula militar, son responsables. Pueden repetir hasta el cansancio que el ataque a civiles y menores de edad cumplió con los estándares internacionales, pero por fortuna Herner Carreño, vocero del Ministerio Público en Puerto Rico (Caquetá), habló valientemente en los medios nacionales para contarnos que sí sabían, que él mismo había avisado al Ejército y a la prensa, que las familias de las niñas Luz Ángela Pérez Bonilla, Diana Medina Garzón y Luz Mar Jaramillo pidieron ayuda al Estado cuando fueron secuestradas, y lo que hizo la fuerza pública fue hacerlas explotar en pedacitos. Como dijo a Noticias Uno una de las mujeres de la comunidad: “Según ellos cuidan a la gente, pero lo único que hacen es matarnos”.
El Ejército colombiano masacra niños y niñas, y esto tendría que ser razón más que suficiente para salir a marchar el 21 de noviembre. ¡Por menos, en otro país ya se habría armado una revolución! Las razones para marchar son infinitas: por la masacre sistemática de líderes sociales, comunitarios, indígenas; por la educación que es cada vez más cara e inaccesible, mientras que los servicios públicos son cada vez más costosos y los sueldos más miserables. Duque recibió un país que empezaba a sanar sus heridas, con camas vacías en el Hospital Militar, y en 15 meses de gobierno nos devolvió a la guerra, a levantarnos a diario con noticias de muertes violentas, como en los peores tiempos del conflicto. 15 meses, y ya todos y todas en Colombia somos más pobres, material y emocionalmente. Pero además Duque, como lo señalaron Laura Ardila en La Silla Vacía y Andrés Dávila en Razón Pública, ya no cae bien ni en su propio partido, es un advenedizo sin técnica ni capital político, que nunca había tenido más de 10 personas a su cargo y llegó a la Presidencia a gobernar con sus amigos gomelos del colegio.
Lo único que Duque ha logrado, con mediana eficiencia, ha sido borrar la palabra “paz” de todos los documentos de gobierno, como contó la periodista María Jimena Duzán, y hacer realidad los versos de Iván y sus bang bang, la canción profética que le compuso Edson Velandia en las elecciones presidenciales (desde el vaso de agua con arsénico —cianuro— hasta los crímenes de lesa humanidad). Y es por eso que el 21 también marchamos para que Duque se vaya. Y no, esta exigencia de la ciudadanía no es un “golpe de Estado”, como dijo Vicky Dávila, porque para eso necesitaríamos el apoyo del Ejército asesino —gracias, pero no, gracias— y su salida no nos llevará ni al caos ni a la anarquía: nada puede ser peor que este infierno en donde la fuerza pública masacra indígenas, líderes sociales, excombatientes, civiles inocentes, niños y niñas.
Tenemos un Gobierno guerrerista y un presidente imbécil, pero como ciudadanía también tenemos poder, un poder que se materializa en la protesta, que es un derecho fundamental y en este contexto de muerte e indolencia es también un imperativo ético: tenemos que marchar por los y las que ya mataron, por quienes temen por su vida si salen a protestar y porque cada paso es una esperanza en el camino hacia una Colombia en donde la guerra haya quedado atrás.
Casi una semana luego de que el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, renunciara cobardemente a su cargo para evitar el control político del Congreso, Noticias Uno informa que su ineptitud y su maldad fueron aún más inmensas: parece que el Ejército asesinó no siete, ni ocho, sino 18 niños y niñas que habían sido víctimas de reclutamiento forzado, bombardeadas sin miramientos por la fuerza pública. La comunidad de San Vicente del Caguán le contó al noticiero que al menos tres niños salieron vivos del bombardeo y el Ejército los persiguió con drones y perros para rematarlos.
En sus inicios la masacre fue presentada como una operación militar exitosa: para el uribismo la muerte siempre es una buena noticia. En el caso de estos falsos positivos, todos en la cadena de mando, desde los ejecutores materiales hasta el presidente, pasando por el exministro de Defensa y su reemplazo temporal, el general Luis Fernando Navarro, quien hace parte de la cúpula militar, son responsables. Pueden repetir hasta el cansancio que el ataque a civiles y menores de edad cumplió con los estándares internacionales, pero por fortuna Herner Carreño, vocero del Ministerio Público en Puerto Rico (Caquetá), habló valientemente en los medios nacionales para contarnos que sí sabían, que él mismo había avisado al Ejército y a la prensa, que las familias de las niñas Luz Ángela Pérez Bonilla, Diana Medina Garzón y Luz Mar Jaramillo pidieron ayuda al Estado cuando fueron secuestradas, y lo que hizo la fuerza pública fue hacerlas explotar en pedacitos. Como dijo a Noticias Uno una de las mujeres de la comunidad: “Según ellos cuidan a la gente, pero lo único que hacen es matarnos”.
El Ejército colombiano masacra niños y niñas, y esto tendría que ser razón más que suficiente para salir a marchar el 21 de noviembre. ¡Por menos, en otro país ya se habría armado una revolución! Las razones para marchar son infinitas: por la masacre sistemática de líderes sociales, comunitarios, indígenas; por la educación que es cada vez más cara e inaccesible, mientras que los servicios públicos son cada vez más costosos y los sueldos más miserables. Duque recibió un país que empezaba a sanar sus heridas, con camas vacías en el Hospital Militar, y en 15 meses de gobierno nos devolvió a la guerra, a levantarnos a diario con noticias de muertes violentas, como en los peores tiempos del conflicto. 15 meses, y ya todos y todas en Colombia somos más pobres, material y emocionalmente. Pero además Duque, como lo señalaron Laura Ardila en La Silla Vacía y Andrés Dávila en Razón Pública, ya no cae bien ni en su propio partido, es un advenedizo sin técnica ni capital político, que nunca había tenido más de 10 personas a su cargo y llegó a la Presidencia a gobernar con sus amigos gomelos del colegio.
Lo único que Duque ha logrado, con mediana eficiencia, ha sido borrar la palabra “paz” de todos los documentos de gobierno, como contó la periodista María Jimena Duzán, y hacer realidad los versos de Iván y sus bang bang, la canción profética que le compuso Edson Velandia en las elecciones presidenciales (desde el vaso de agua con arsénico —cianuro— hasta los crímenes de lesa humanidad). Y es por eso que el 21 también marchamos para que Duque se vaya. Y no, esta exigencia de la ciudadanía no es un “golpe de Estado”, como dijo Vicky Dávila, porque para eso necesitaríamos el apoyo del Ejército asesino —gracias, pero no, gracias— y su salida no nos llevará ni al caos ni a la anarquía: nada puede ser peor que este infierno en donde la fuerza pública masacra indígenas, líderes sociales, excombatientes, civiles inocentes, niños y niñas.
Tenemos un Gobierno guerrerista y un presidente imbécil, pero como ciudadanía también tenemos poder, un poder que se materializa en la protesta, que es un derecho fundamental y en este contexto de muerte e indolencia es también un imperativo ético: tenemos que marchar por los y las que ya mataron, por quienes temen por su vida si salen a protestar y porque cada paso es una esperanza en el camino hacia una Colombia en donde la guerra haya quedado atrás.