En 2019, la defensora de derechos humanos, Lina Castillo, denunció públicamente a Hollman Morris por acoso, cuando era concejal de Bogotá. Según Castillo, Morris la maltrató verbalmente y le hizo comentarios con connotaciones sexuales y racistas como “quiero comer negra”. Castillo hizo lo que hoy conocemos como “escrache”: una denuncia pública (puede ser un grito en la plaza, un grafiti en una pared, un post en redes sociales) que se hace en primera persona sin recurrir a intermediarios o a instituciones como las denuncias judiciales (y con frecuencia se ve precisamente cuando se trata de alguna forma de violencia que el sistema judicial se sigue negando a reconocer y mucho menos sancionar). Es, en breve, el ejercicio de contar nuestras experiencias de vida en público, incluso las experiencias violentas, porque son nuestras, y revelarlas donde queramos es el ejercicio más básico del ejercicio de nuestra libertad de expresión.
La respuesta de Morris, que pasó de periodista a político y que hoy es uno de los funcionarios más poderosos del gobierno Petro, fue seguir la estrategia de otros, y denunciar por injuria y calumnia a Castillo, truncando los roles y presentándose ante la justicia como una víctima.
Castillo pidió la nulidad del proceso, pues en Colombia varias sentencias de la Corte Constitucional protegen el escrache. La misma Fiscalía reconoció que a la acusación le hace falta más investigación y aplicar enfoque de género, pero igual la mantuvo. No ha tenido en cuenta las pruebas de Lina para respaldar lo que dijo; como resultado, el proceso avanza, desconociendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional para proteger el escrache, y al hacerlo se legitima el acoso judicial como una eficiente forma de censura y de perpetuación de violencias.
Como señalan Tejal Jesrani y Daimiris García en un ensayo publicado en marzo de este año en el International Journal of Law, Crime and Justice, “muchas mujeres que alzaron la voz fueron objeto de procesos penales privados iniciados por figuras poderosas para silenciar y desacreditar sus alegatos. Como resultado, las mujeres han enfrentado procesos penales simplemente por hablar públicamente en redes sociales. Este fenómeno, que identificamos como un tipo de ‘SLAPP de género’ [SLAPP son las siglas en inglés para las Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública], no solo tiene implicaciones negativas significativas para el acceso de las personas a la justicia, sino que también impide la eliminación de la violencia sexual y de género y la realización de los derechos igualitarios de las mujeres en todo el mundo, identificado como un elemento crítico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”. El acoso judicial es un problema global que ha sido reconocido por Cortes y Organismos internacionales, y ocurre con especial frecuencia cuando se responde a denuncias de mujeres por violencias basadas en género.
Lina Castillo se enfrenta a una condena y, con eso, denunciantes de todo tipo de delitos (no solo de los que tienen que ver con violencia de género) y periodistas de todos los temas (no solo las periodistas feministas) nos enfrentamos a que el acoso judicial se siga usando para callarnos. El acoso judicial pone en riesgo nuestro derecho a la denuncia.
