El acoso judicial y la censura machista

Andrea Posada, una mujer que ha denunciado ser víctima de las formas más atroces de violencia intrafamiliar (física, sexual, económica y más), está siendo también víctima de acoso judicial por hacer esas denuncias contra su exmarido, Santiago Molano, vicepresidente y heredero de Ramo, una de las empresas más exitosas de Colombia. Son alrededor de 15 procesos judiciales en comisarías, juzgados y la Fiscalía interpuestos por Molano, e incluso llega a acusarla de violencia intrafamiliar por hacer su denuncia pública.

En 2024, el caso llegó a los medios cuando se filtró un video que muestra cómo Molano agrede a Posada en un parqueadero, mientras el hijo de ambos estaba en el carro. En ese momento, El Tiempo tuvo acceso a los documentos de la denuncia presentada por Posada ante la Fiscalía, que refiere: “Chats (con trazabilidad de tiempo, modo y lugar) y conversaciones con el señor Santiago Molano que continuaron hasta el día de hoy y entre ellos la agresión y acoso psicológico, económico y jurídico, que concluyeron en una golpiza, donde la señora Andrea Posada es pateada en su cuerpo y cara, delante de su hijo, quien quedó traumatizado”. La denuncia también cuenta que cuando Posada y su madre fueron a la finca familiar, fueron agredidas por los trabajadores. “Nos golpearon bajo órdenes de Santiago Molano, no contentos con eso, me amenazaron con hacerle daño a mi hijo”.

Posada ha enfrentado todo tipo de irregularidades en los procesos. Cuenta que las denuncias que ella ha interpuesto no avanzan, y que se pierden las pruebas. En cambio, ella está en riesgo de perder la custodia de su hijo de nueve años, y lleva casi que la última década en zozobra permanente. Recientemente contó su historia en Anarquía, el programa de Youtube la periodista Ana Cristina Restrepo y la abogada Ana Bejarano, y habló de los impactos físicos y emocionales de la violencia intrafamiliar y el acoso judicial, y del pésimo trato que recibió en los medios de comunicación en entrevistas previas. Como explica Bejarano en su columna, “Andrea tiene derecho constitucional a contar su historia porque así lo han reconocido la Corte Constitucional y Suprema: ante la incapacidad estructural del sistema de justicia para sancionar las violencias basadas en género, sus víctimas pueden denunciarlas públicamente, incluso si no hay condena judicial contra el presunto victimario”.

El acoso judicial, además de ser una eficiente herramienta de censura, parece que también tuviera perspectiva de género, porque son las mujeres que hacen denuncias por violencia sus víctimas más frecuentes. Sin ir más lejos, esta semana finalmente precluyó el caso de acoso judicial de Hollman Morris contra Lina Castillo, otro ejemplo de cómo se pueden usar las vías judiciales para censurar a las mujeres que han sufrido violencias de género. En el caso de Castillo, la preclusión, por demás justa, llega después de una batalla legal que ha sido traumática, y es que el objetivo real del acoso judicial no es un fallo, sino el deterioro de la calidad de vida de las personas. La legislación para prevenir el acoso judicial es urgente y debe tener perspectiva de género porque se está convirtiendo en la herramienta más popular de censura machista.